Para que puedan ser acreditadas las 900 hectáreas que un ciudadano argumenta tener en un predio en la comunidad rural El Charco, deberá entrar a un proceso judicial que amerite su posesión, ya que el Registró Público de la Propiedad y el Departamento de Catastro del Municipio de Chihuahua únicamente tienen el registro de 600 hectáreas, razón por la que solamente le cobran el Impuesto Predial por esa cantidad.

De acuerdo con el alcalde Marco Bonilla Mendoza, basado en la información de Tesorería, la persona desea que le cobren las 300 hectáreas extras sin que estén registradas legalmente, pero está impedida la autoridad, ya que podría entrar en el reconocimiento de parte de un predio que actualmente está en debate.

“Es un tema que surgió desde inicios de año. El gran problema, es que la escritura pública solamente ampara las que reconocemos en Tesorería; lo que él quiere es que sin estar inscrito en el Registro Público de la Propiedad nosotros le cobremos estas hectáreas, pero podría significar un reconocimiento de la propiedad que hasta la fecha no existe. Queremos preservar el tema de la propiedad privada, que sea demostrado de quién es el área y cobrar a quien sea el propietario”, comentó el edil capitalino.

El caso llegó a El Diario de Chihuahua, a donde el mismo propietario, quien pidió omitir sus datos, acudió a explicar una situación con un bien inmueble adquirido el año pasado, con una mayor cantidad de terreno del oficialmente registrado. El rancho hacia la zona rural de El Charco tiene escrituras de hace casi un siglo, eran más de 600 hectáreas las reportadas como terreno para el pago del Predial, pero con una actualización de medidas y un peritaje técnico legal y válido resultó que son alrededor de 300 hectáreas más las reales, las cuales están dentro de los límites físicos debidamente marcados.

En términos sencillos y prácticos, regularizar la situación con la legítima medición técnica representaría un 50 por ciento más de Predial que debería pagar el propietario a la caja municipal.

Aclaró que no es un terreno en litigio ni hay reclamo alguno de invasión; no es ejidal, es propiedad privada y el tema es una simple corrección de medidas, necesaria ante lo que fue algún error añejo o una decisión deliberada de alguien que sabiéndolo no quiso corregir, para evadir obligaciones fiscales con la ciudad.