Un tribunal saudita condenó a 100 latigazos a una trabajadora doméstica de Kenia por dar a luz fuera del matrimonio.

El fallo, emitido el mes pasado, muestra los límites de una década de reformas sociales y legales en un reino donde las mujeres pueden ser encarceladas y castigadas por “embarazo ilegal”. La condena es un giro severo en lo que ha sido una terrible odisea para una madre que ha intentado por más de un año regresar a Kenia con su hijo, pero ha sido bloqueada a cada paso.

La madre, Esther Wanja Muthoni, es una de las miles de trabajadoras domésticas de África Oriental que fueron reclutadas para trabajar como empleadas del hogar y niñeras en Arabia Saudita. Una investigación de The New York Times el año pasado mostró cómo estas mujeres terminan atrapadas en un laberinto burocrático si quedan embarazadas.

Muthoni y su hijo de 1 año, Abudy, son víctimas de una industria explotadora que recluta a mujeres africanas para ir a Arabia Saudita en una red laboral de la que se benefician funcionarios de alto rango del gobierno de Kenia. Cientos de mujeres kenianas han sido asesinadas y los reportes de violaciones y palizas son comunes.

Para las mujeres que quedan embarazadas, dar a luz conlleva un castigo adicional. A los hijos de madres solteras se les priva sistemáticamente de certificados de nacimiento en Arabia Saudita. Los diplomáticos de Kenia, que podrían emitir certificados de nacimiento y ayudar a las madres y a los niños a volver a casa, a menudo las ignoran, las insultan y les solicitan sobornos o sexo.

“Tengo mucho miedo”, dijo Muthoni, de 40 años, en una entrevista telefónica el mes pasado. “No creo que pueda soportar esos latigazos”.

Según la ley saudita, las mujeres deben estar sentadas y vestidas mientras son azotadas por todo el cuerpo con una vara de bambú.

Muthoni trabajaba legalmente como trabajadora doméstica a través de Maharah Human Resources, una empresa saudita, cuando quedó embarazada durante una breve relación con un residente egipcio del reino.

Dio a luz en agosto de 2025 en las viviendas del personal. Después de que un supervisor los descubrió y los llevó a un hospital, unos agentes de policía la detuvieron para interrogarla sobre el embarazo. En declaraciones a la policía, Muthoni dijo que el padre, un hombre llamado Mohamud, había salido del país. (Los documentos judiciales no incluían un apellido).

Fue liberada, pero le negaron la entrada a las viviendas del personal y a un refugio. No recibió ayuda de la embajada de Kenia. Terminó viviendo en una gasolinera que se había convertido en un lugar de reunión para madres migrantes, muchas de las cuales esperaban ser deportadas con sus hijos.

Después de la cobertura del Times el año pasado, Maharah le proporcionó alojamiento y la embajada de Kenia le proporcionó documentos que le permitían salir del país. Pero no podía irse de Arabia Saudita mientras el caso legal en su contra estuviera pendiente.

Los gobiernos de Arabia Saudita y Kenia no respondieron a las solicitudes de comentarios, ni tampoco los representantes de Maharah.

Los procedimientos se desarrollaron a lo largo de múltiples audiencias el verano pasado ante un panel de tres jueces en un tribunal penal en Riad, según muestran los documentos judiciales.

Muthoni dijo que le habían proporcionado un traductor del tribunal pero no un abogado. Los documentos judiciales parecían confirmar su relato, al no mostrar evidencia de representación legal.

Los acusados indigentes en casos penales sauditas tienen derecho a abogados patrocinados por el Estado. En la práctica, los juicios a menudo se llevan a cabo sin ellos, incluso en algunos casos de pena capital, según los expertos.

Las relaciones sexuales fuera del matrimonio y el embarazo de mujeres solteras se encuentran en una zona legal gris. El Times entrevistó el año pasado a muchas madres solteras que dijeron no haber enfrentado repercusiones. No está claro por qué Muthoni fue procesada mientras que otras no lo fueron. Su procesamiento estaba en curso antes de que el Times publicara su reportaje.

“No me merezco esto”, dijo sobre los latigazos en una entrevista reciente.

El sistema legal de Arabia Saudita está arraigado en la ley islámica, o sharía, que constituye la base de su sistema judicial. Debido a que el reino no tiene un código penal escrito, los jueces interpretan la ley islámica como les parece. Los límites del comportamiento permisible son difusos. Años de esfuerzos gubernamentales para redactar un código penal parecen haberse estancado.

En octubre, el tribunal declaró a Muthoni culpable de haber tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio.

Los jueces se basaron en una interpretación ortodoxa de la ley islámica que prescribe 100 latigazos con base en un versículo del Corán. El fallo judicial no indica que las autoridades hayan procesado al padre.

“Esta condena de flagelación no se alinea con las normas internacionales de derechos humanos”, dijo Ekaterina Porras Sivolobova, analista de migración laboral y fundadora de la organización sin fines de lucro Do Bold, que ha trabajado con madres de África oriental varadas en todo el Golfo.

Añadió: “Despoja a una madre de su dignidad y hace lo contrario a proteger a las mujeres vulnerables. Las ataca”.

La condena pone de manifiesto las inconsistencias en las reformas del reino. Los tribunales solían imponer latigazos con frecuencia, pero en 2020, el gobierno anunció restricciones significativas a la condena. Los medios de comunicación estatales la promovieron como una “decisión histórica”.

Los medios de comunicación sauditas e internacionales dieron la impresión de que la flagelación había sido abolida. Pero la decisión dejó un vacío legal para los casos en los que la ley islámica prescribe la flagelación, incluyendo el sexo fuera del matrimonio. Debido a que las sentencias por delitos contra la moral no se publican con regularidad, resulta imposible determinar con qué frecuencia se siguen ordenando los latigazos.

Sin un abogado que la ayudara, Muthoni, madre de cinco hijos, no apeló. “Es el único camino que me puede llevar de vuelta a casa con mis hijos”, dijo.

No está claro cuándo se llevará a cabo la flagelación ni qué pasará después. Los documentos para salir a Kenia han expirado, por lo que no está claro si se permitirá que ella y Abudy regresen a Kenia, ni cómo.

Además de los latigazos, el tribunal condenó a Muthoni a un año de destierro. Según las normas sauditas, si una sentencia no especifica un destino, la persona suele ser enviada a otra ciudad saudita. Los tribunales pueden revisar estas condenas si las mujeres no tienen familiares varones que las acompañen.

No estaba claro si esto significaba que Muthoni sería deportada a Kenia.