Al menos 110 menores de edad fueron trasladados a comisarías en Italia durante la primera jornada de aplicación de un nuevo decreto de seguridad del Gobierno de Giorgia Meloni, que permite a la Policía retener preventivamente a personas sospechosas de participar en posibles disturbios durante manifestaciones, según un informe de hoy del diario El País.
La medida, que ha generado cuestionamientos por sus posibles efectos sobre el derecho a la protesta, permite mantener bajo custodia policial entre 12 y 24 horas a personas consideradas sospechosas de provocar altercados, incluso antes de que comiencen las movilizaciones.
Según el diario español, durante las manifestaciones del 24 de octubre, la Policía identificó a 4 mil 292 personas en ciudades como Roma, Milán, Turín y Bolonia, y trasladó a 371 a comisarías mediante este mecanismo.
De ese total, 110 eran menores, de acuerdo con cifras del Ministerio del Interior italiano.
La aplicación de la disposición ha provocado denuncias de organizaciones civiles y de la oposición, que acusan a las autoridades de detener adolescentes por su apariencia y vestimenta, particularmente por utilizar sudaderas negras, una prenda habitual entre los jóvenes que participan en las movilizaciones.
De ahí surgió la expresión "delito de sudadera negra", utilizada por críticos del Gobierno para cuestionar que la Policía pueda considerar sospechosa a una persona por su aspecto, sin que haya cometido algún acto violento.
El decreto fue aprobado el pasado 20 de octubre, después de los disturbios y saqueos registrados en Milán durante ese fin de semana, cuando 271 personas fueron detenidas y alrededor de 80 por ciento eran menores de edad.
El Ejecutivo justificó las nuevas disposiciones como una respuesta para prevenir nuevos episodios de violencia.
Sin embargo, algunos de los afectados denunciaron que fueron llevados a comisarías sin conocer los motivos de su retención y que permanecieron horas sin poder comunicarse con sus familiares.
El País documentó el caso de Carolina Di Giacomo, una joven de 18 años que fue interceptada junto con cuatro amigos cuando se dirigía a una manifestación autorizada en Roma.
Aunque aseguró que únicamente llevaba su teléfono celular y un paquete de chicles, fue trasladada a una comisaría, donde permaneció varias horas y solo pudo enviar un mensaje a sus padres.
También se reportaron casos de menores a quienes se les tomaron huellas dactilares, así como el de un estudiante británico-polaco que fue retenido durante 23 horas en Milán sin recibir explicaciones ni contar con un intérprete, según denuncias recopiladas por organizaciones civiles.
La polémica alcanzó al ámbito político y jurídico. El partido Italia Viva, del ex Primer Ministro Matteo Renzi, exigió explicaciones al Gobierno, mientras que la Unión de Cámaras Penales Italianas advirtió que las disposiciones representan un retroceso en las garantías individuales y los principios constitucionales.
El paquete de seguridad de Meloni también contempla endurecer las sanciones por actos violentos durante manifestaciones y modificar los criterios de responsabilidad penal para adolescentes de entre 14 y 17 años, además de permitir que los padres deban responder económicamente por determinados daños causados por sus hijos.
El Gobierno sostiene que las nuevas reglas buscan combatir la violencia y proteger el orden público.
Sus detractores, en cambio, advierten que la aplicación de arrestos preventivos a menores puede terminar criminalizando a jóvenes que participan pacíficamente en las protestas.
