El Ministro israelí de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben-Gvir, difundió un video en el que presume de la construcción de un complejo destinado a ejecutar en la horca a palestinos condenados por delitos de terrorismo, una medida que organizaciones de derechos humanos han denunciado como discriminatoria.

En las imágenes, Ben-Gvir visita un sitio de construcción no identificado, aparentemente dentro de una prisión del centro de Israel, y señala los trabajos donde, según afirma, se instalarán las estructuras para las ejecuciones.

El recinto incluirá además cabinas de observación para que familiares de víctimas puedan presenciar los ahorcamientos.

"Prometí empeorar las condiciones de los terroristas en prisión, y lo hemos cumplido. Prometí aprobar la ley de pena de muerte para terroristas, y lo hemos hecho. Y ahora el corredor de la muerte y el centro de ejecución también empiezan a tomar forma", afirmó.

La construcción se produce después de que el Parlamento israelí, la Knesset, aprobara el 30 de marzo una ley que establece la pena de muerte como castigo por defecto para determinados palestinos condenados por ataques mortales considerados actos de terrorismo.

La norma fue aprobada por 62 votos contra 48, con una abstención.

La legislación establece que en los tribunales militares la pena capital puede imponerse a palestinos condenados por determinados asesinatos cometidos con una motivación considerada terrorista.

La cadena perpetua puede sustituirla únicamente cuando el tribunal determine que existen "circunstancias especiales".

Las sentencias de muerte deben ejecutarse dentro de los 90 días posteriores a la resolución definitiva.

Uno de los aspectos más controvertidos de la norma es la diferencia entre los sistemas judiciales. Los palestinos de Cisjordania son procesados en tribunales militares, mientras que los ciudadanos israelíes son juzgados en tribunales civiles.

La formulación de la ley hace que, en la práctica, la pena capital esté dirigida contra palestinos, mientras los extremistas judíos quedan fuera de su aplicación en casos comparables.

La medida supone además un cambio significativo en la política penal israelí. Antes de esta legislación, Israel había recurrido a la pena de muerte en contadas ocasiones: el caso más conocido fue el del criminal de guerra nazi Adolf Eichmann, ejecutado en 1962. La nueva norma amplía de manera sustancial las circunstancias en las que podría utilizarse.

La ley ha provocado críticas de organizaciones de derechos humanos, que cuestionan tanto su carácter discriminatorio como las garantías procesales contempladas para los acusados.

Amnistía Internacional pidió su derogación inmediatamente después de su aprobación y advirtió sobre las consecuencias de ampliar el uso de la pena capital.

Ben-Gvir, uno de los principales impulsores de la legislación, ha convertido la pena de muerte y el endurecimiento de las condiciones para presos palestinos en algunas de sus principales banderas políticas.

En los últimos días volvió a provocar una fuerte reacción internacional al defender la realización de entre 30 y 40 asesinatos selectivos por noche en Gaza, incluso contra personas que, según él, no representan una amenaza inmediata.

Sus declaraciones fueron condenadas por dirigentes europeos y por el secretario general de la ONU, António Guterres. La controversia por el patíbulo se suma así a una creciente presión internacional sobre el Gobierno israelí por sus políticas hacia los palestinos.

La exhibición de las obras ocurre además en un contexto político marcado por las elecciones israelíes previstas para octubre y por el creciente peso de la ultraderecha en la coalición del Primer Ministro Benjamin Netanyahu.
Ben-Gvir, que controla la Policía y el sistema penitenciario pero no las Fuerzas de Defensa de Israel, busca mantener la presión para endurecer la política israelí frente a los palestinos.