Por años, la cooperación internacional ha sido clave para que organizaciones sociales de base puedan mantener sus actividades de defensa de derechos humanos.
Sin embargo, las dificultades financieras de la ONU y la terminación de proyectos de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) han puesto a las oenegés en Latinoamérica en un panorama complejo, señalan especialistas.
"La cooperación internacional ha permitido que ONGs de base puedan desarrollar experiencia, metodologías especializadas y que puedan mantener cierta independencia para documentar, acompañar y también cuestionar las acciones del Estado", comentó Paula Gómez, especialista en derechos humanos.
Uno de esos proyectos es Feminist Opportunities Now (FON), impulsado entre 2022 y 2026 con un financiamiento de 16 millones de euros de la Agencia Francesa de Desarrollo, para 144 organizaciones de la sociedad civil en 10 países que trabajan para prevenir y responder a la violencia de género en comunidades históricamente excluidas.
En México y Colombia, por ejemplo, FON apoyó a organizaciones de base que trabajaban desde la promoción de políticas fiscales feministas hasta la defensa de los derechos de las mujeres indígenas.
Una de las organizaciones que apoyó el proyecto es El Cuarto Mosquetero.
Como muchas organizaciones de base, El Cuarto Mosquetero comenzó con actividades autogestivas y pequeños apoyos hasta acceder a fondos de cooperación internacional.
La iniciativa ofreció acompañamiento técnico, fortalecimiento institucional y espacios de intercambio para que las organizaciones mejoraran sus capacidades administrativas y ampliaran sus redes de colaboración.
Sin embargo, este modelo enfrenta ahora un escenario más complejo tras la terminación de más de 5 mil contratos de la USAID a principios de 2025 y un contexto internacional en el que varios gobiernos han reducido su respaldo a iniciativas relacionadas con derechos humanos, igualdad de género y justicia ambiental.
"En los últimos dos años se viene sintiendo el impacto y las organizaciones obviamente se han venido tratando de repensar", comentó Álvarez.
Ante ese panorama, Gómez, la especialista en derechos humanos, consideró que las organizaciones deberán ampliar sus fuentes de ingreso mediante nuevas estrategias para acceder a diferentes esquemas de financiamiento y, además, pueden recurrir a la ayuda directa de las personas.
"Ahora las organizaciones están obligadas a pensar mucho más en la diversificación y en modelos de sostenibilidad que antes tal vez no parecían tan urgentes", señaló.