Con la intención de poner en contexto la relevancia que tiene el agua subterránea para la subsistencia de la humanidad y de la biodiversidad, es pertinente invocar algunos datos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, cuyos científicos coinciden que en términos generales el planeta está constituido en un 70% de agua, y sólo el 30% es tierra firme; afirman que el 97.5% de esa agua es salada, dado que está decantada en océanos y mares y, por lo tanto, sólo el 2.5% es dulce.
Ahora bien, de ese 2.5% de agua dulce, el 69% se localiza en ambos polos del planeta y en las altas montañas en su estado sólido, o sea hielo, conformando los grandes glaciares, en tanto que otro 30% se estima que está en los acuíferos subterráneos, y sólo el 1% restante escurre por las cuencas a través de ríos y arroyos para albergarse en presas, lagos y lagunas y finalmente al mar.
Queda claro que el agua subterránea es la primera en importancia del total de agua dulce disponible en el planeta, al significar el 30% de ella. También es la más utilizada a nivel global tanto para el consumo personal y doméstico como en actividades productivas. La tendencia de usar agua subterránea para el abastecimiento público urbano es mundial, porque ofrece múltiples ventajas tales como menores costos en la infraestructura, menor tiempo en la construcción y menores pérdidas por evaporación. Los acuíferos son menos vulnerables a la contaminación y no pierden capacidad de almacenamiento.
Frente a esas ventajas, se pone en evidencia la irresponsabilidad de gobiernos y usuarios que han permitido el abuso y sobreexplotación de este recurso fundamental para la sobrevivencia humana, pues es evidente que las extracciones de agua subterránea a nivel mundial han aumentado considerablemente, triplicándose en algunas latitudes, ya que la dotación de agua para todos los usos depende hasta en un 95% de agua subterránea en condiciones de sobreexplotación, tales son los casos de algunos países del sureste asiático, ciertas regiones de India, China y África, así como en países árabes y desde luego México.
La Unesco estima que en la última década se destinó en el mundo un 67% de agua subterránea para la agricultura, 11% para la industria y 22% para el consumo doméstico; los hidrogeólogos calculan que se estaría utilizando entre 0.05 y 0.007% del total de agua subterránea disponible en el planeta, situación que ilustra que la escasez hídrica es fundamentalmente un problema de carácter social y no natural.
Se estima que más del 60% de la humanidad (más de 4,500 millones de personas) se abastece directamente de agua subterránea (Hatch, 2017). Debido a ello, en 2012 el Banco Mundial y otras instituciones efectuaron un proceso de consulta global para identificar el papel estratégico del agua subterránea e impulsar así la “gobernanza del agua subterránea”.
De acuerdo con el Sistema Nacional de Información del Agua (SINA), de los 653 acuíferos que existen en el país, 114 se encuentran en franca sobreexplotación; sin embargo, si se consideran aquellos en los cuales la extracción es 10% superior a la recarga éstos llegan a 157, en tanto que en 286 ya no existe disponibilidad y por lo tanto ya no se debían otorgar nuevas concesiones.
De conformidad con el Acuerdo de Actualización de la disponibilidad publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de noviembre de 2023, de los 653 acuíferos en los que se divide el territorio nacional, 367 cuentan con disponibilidad media anual de agua subterránea, en los que existen volúmenes susceptibles de ser otorgados en concesión o asignación, mientras que los 286 acuíferos restantes presentan condiciones deficitarias, en los que no existen volúmenes para otorgar nuevas concesiones o incrementar el de las ya existentes. De estos, 114 acuíferos se encuentran en condiciones de sobreexplotación, en los que ya se observan efectos adversos, como es el abatimiento del nivel de agua subterránea, disminución o desaparición de manantiales o caudal base hacia los ríos, deterioro de la calidad del agua subterránea o hundimientos diferenciales del terreno, y con ello ocasionando una afectación a los ecosistemas asociados.
Desde hace años la Conagua por falta de presupuesto, no ha realizado estudios geofísicos para determinar el estatus real de cada acuífero, lo cual demanda de la contratación de profesionales y técnicos especializados; tampoco cuenta con la tecnología moderna para medir los niveles en acuíferos, situaciones que limitan su capacidad para calcular la recarga y disponibilidad anual del recurso, por lo cual se infiere que el número de acuíferos sobreexplotados es mayor, en virtud del crecimiento poblacional, el derroche que se hace en todos los usos y las severas sequías cada vez más frecuentes y prolongadas que azotan al país, especialmente en los estados del norte.
Hacia una propuesta para frenar el colapso de los acuíferos de México
1. La misión del gobierno en los próximos años deberá centrarse en convertir al agua en un factor de cambio en la calidad de vida de la población, por lo que es obligado lograr la equidad en la cobertura de servicios de agua potable y alcantarillado; reducir la pobreza con la puesta en marcha proyectos productivos ligados al agua, cumpliendo así con los mandatos constitucionales del derecho humano al agua y a la alimentación.
2. El Estado mexicano debe otorgar la máxima prioridad al tema del agua, incluyendo en sus planes los proyectos hidráulicos prioritarios de agua potable y riego con mayores presupuestos, e incorporar el tema en la formulación de políticas públicas, para garantizar la sustentabilidad del recurso y el desarrollo económico y social de estados y municipios.
3. Se impone incrementar en forma importante el presupuesto a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para fortalecer sus áreas técnica, jurídica, operativa y de supervisión, ya que el debilitamiento progresivo a que se ha sometido está ocasionando que sea omisa para cumplir con lo que las leyes en la materia le mandatan, más aún con la inminente aprobación de la nueva Ley General de Aguas, normativa del Artículo 4° Constitucional.
4. Se recomienda construir un nuevo andamiaje institucional propiciando la armonización entre órdenes de gobierno, competencias, leyes y políticas públicas, relaciones interinstitucionales e intergubernamentales con los criterios de desarrollo sostenible, lo que significa considerar aspectos tales como pobreza y equidad social, desarrollo económico, ecosistemas, agua, sanidad e higiene, alimentación y energía, urbanización, cambio climático y educación.
5. Es conveniente avanzar en la gobernanza del agua fortaleciendo la organización de los productores, tomando en cuenta que ya existen los Comités Técnicos de Aguas Subterráneas (COTAS) reconocidos en la Ley de Aguas Nacionales, sin embargo, algunos ya se desintegraron, otros trabajan por su cuenta ante la falta de apoyo y atención institucional.
6. Es impostergable la conservación del ciclo hidrológico, que implica proteger ecosistemas naturales, detener la deforestación y extinción de especies; asegurar el caudal ecológico; limitar la extracción de agua a la capacidad de renovación; controlar las descargas considerando los volúmenes de recuperación de los cuerpos de agua, e incrementar el tratamiento y reúso de ellas.
7. Igualmente, es urgente clausurar diversidad de pozos ilegales en los cuales se están extrayendo importantes volúmenes de agua. Procede también exigir a los concesionarios la instalación de medidores satelitales en sus aprovechamientos, para monitorearlos y poder controlar los volúmenes usados, lo cual, conforme a la Ley de Aguas Nacionales vigente, los poseedores de los títulos deben ser multados y en su caso cancelados tanto títulos como pozos.
8. Si bien es cierto que la sobreexplotación de las aguas subterráneas se explica en parte por la falta de vigilancia y control del gobierno, también es cierto que se debe al desperdicio que de ella se hace en todos los usos, principalmente en la agricultura, que es la que más consume y derrocha, por lo que resulta obligado efectuar la modernización y tecnificación de las áreas de riego, lo cual requiere de inversión pública para mejorar la conducción y distribución del agua, la cual debe complementarse con el otorgamiento de créditos oficiales a los usuarios con bajas tasas de interés, para eficientar el riego de cada parcela con equipos ahorradores de agua, los cuales son amortizables mediante las cuotas de riego, con ello se evitaría el desperdicio de hasta el 60% del agua.
9. Como ya se dijo, el abastecimiento de agua potable a grandes ciudades y poblados rurales proviene hasta en un 80% del agua subterránea, por lo cual las 3 esferas de gobierno en coordinación con la autoridad del agua, amparados en el Artículo 4o Constitucional sobre el derecho humano al agua, deben emprender acciones concretas para hacer más eficiente el servicio que ofrecen los organismos operadores, detectando y corrigiendo fugas, sectorizando redes y sistemas de distribución, propendiendo a la autosuficiencia financiera con tarifas progresivas y eficacia en su cobro.
10. Es inaplazable realizar obras de recarga artificial en los acuíferos sobreexplotados mediante la infiltración inducida de agua proveniente de las aguas meteóricas colectadas en instalaciones urbanas, así como de los escurrimientos extraordinarios generados por lluvias torrenciales de agua superficial regulada en presas de almacenamiento y de aguas residuales de las zonas urbanas-industriales. Para ello es necesario hacer los estudios de cada caso para prevenir la contaminación de los mantos.
11. Con la finalidad de reducir las extracciones de aguas subterráneas en acuíferos existentes en las áreas urbanas, se recomienda adoptar las ventajas que ofrece la Economía Circular, ya que las aguas residuales una vez tratadas pueden utilizarse para reemplazar o intercambiar agua dulce para riego, procesos industriales y del sector servicios. También pueden usarse para mantener el flujo ambiental; con los productos derivados de su tratamiento pueden generar energía y nutrientes.
A manera de conclusión general, puede afirmarse que el agua dulce que se encuentra en estado sólido en los grandes glaciares ya no representa el 69% del total porque éstos se están desvaneciendo progresivamente por el calentamiento global, y que tampoco el 30% de la misma está en el subsuelo, en virtud de la acelerada y progresiva sobre extracción de los acuíferos... el agua subterránea SÍ se está acabando.
