MADRID (AP) — El gobierno de España puso en marcha el martes una medida de regularización migratoria que anunció a principios de este año, lo que allana el camino para que cientos de miles de inmigrantes que viven y trabajan sin autorización en la nación del sur de Europa puedan solicitar su estatus legal.
El enfoque difiere de forma marcada de las actitudes predominantes en gran parte de Europa sobre la inmigración, en las que los gobiernos intentan reducir el número de llegadas e intensificar las deportaciones, y contrasta con las duras políticas migratorias del gobierno del presidente Donald Trump.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, señaló que la medida era “un acto de justicia y una necesidad”. Reiteró la postura de su gobierno de que las personas que ya viven y trabajan en el país de 49 millones de habitantes deberían “hacerlo en igualdad de condiciones” y pagar impuestos.
Sánchez escribió en redes sociales: “Reconocemos derechos, pero también exigimos obligaciones”.
El gobierno calcula que medio millón de personas que viven en España sin autorización podrían ser elegibles para solicitarla. Algunos analistas estiman que hasta 800.000 personas viven en las sombras de la sociedad española.
Muchos inmigrantes de países de África y Latinoamérica trabajan en sectores clave, entre ellos la agricultura, el turismo y el sector servicios.
Quienes cumplan determinadas condiciones ya pueden solicitar un permiso de residencia y trabajo por un año, señaló la ministra de Migraciones, Elma Saiz, y añadió que los migrantes podrán empezar a presentar solicitudes por internet a partir de este jueves y en persona desde el 20 abril. El plazo para solicitarlo termina el 30 de junio.
Los inmigrantes deben haber llegado a España antes del 1 de enero y demostrar que han vivido en el país durante al menos cinco meses. Eso puede hacerse presentando documentos “públicos o privados”, explicó Saiz. Los solicitantes también deben acreditar que no tienen antecedentes penales, indicó el gobierno.
Tras un año, los migrantes podrán solicitar permisos de trabajo o de residencia.
Persisten grandes interrogantes sobre cómo gestionará el gobierno la cantidad de trámites prevista dentro de un plazo tan corto.
El martes, un sindicato que representa a funcionarios de inmigración exigió más recursos y advirtió que el gobierno no está preparado para afrontar el desafío.
Los migrantes podrán presentar solicitudes en persona en 60 oficinas de la seguridad social, 371 oficinas de correos y cinco oficinas de inmigración en toda España, informó el gobierno.
España ya ha concedido amnistías a inmigrantes que se encuentran en el país de manera irregular. Lo hizo seis veces entre 1986 y 2005, incluso bajo gobiernos conservadores.
La medida del gobierno de Sánchez se tramitó por la vía rápida mediante un decreto que modifica las leyes de inmigración. Al hacerlo de ese modo, el gobierno pudo eludir el Parlamento, donde un intento previo de amnistía se estancó y donde no cuenta con mayoría.
Saiz elogió la medida como una forma de que España, una de las economías de la Unión Europea de más rápido crecimiento durante dos años, pueda seguir expandiéndose.
“Nuestra prosperidad está demostradamente unida a nuestra gestión de la migración y a la aportación de los trabajadores y trabajadoras extranjeras”, señalo Saiz. “Su aportación nos permite crecer económicamente, generar empleo y riqueza y mantener nuestro sistema de bienestar”.
