Los contrastes son claros.

En un caso, el papa León XIV —conocido entonces como el obispo Robert Prevost— se puso del lado de las víctimas de abuso sexual, y se enfrentó a poderosas figuras católicas en Perú. Buscó justicia para los afectados por un grupo católico con características de secta que reclutaba a los hijos de las familias de la élite y se valía del abuso sexual y psicológico para subordinar a sus miembros.

En otro caso, se acusó a Prevost de no investigar suficientemente las denuncias de tres mujeres de que habían sufrido abusos por parte de sacerdotes cuando eran niñas. Los acusados eran dos sacerdotes de la diócesis de Prevost en una pequeña ciudad peruana y uno de ellos había trabajado de cerca con el obispo, según dos personas que trabajan para la iglesia.

Al asumir el papado en el Vaticano y convertirse en el líder de los 1400 millones de católicos del mundo, el manejo de León de los abusos sexuales por parte del clero será objeto de un minucioso escrutinio, y los dos casos lo han dejado expuesto a juicios marcadamente dispares: en uno ha recibido elogios por ayudar a las víctimas, y en otro hay afirmaciones de que las defraudó.

En el primer caso, las víctimas han calificado de heroica su labor contra el grupo ultraconservador Sodalicio de Vida Cristiana, que ganó mayor influencia después de que el papa Juan Pablo II le diera su aprobación pontificia.

Distanciándose de otras figuras católicas poderosas de Perú, el obispo Prevost organizó conversaciones entre víctimas y líderes eclesiásticos y ayudó a quienes sufrían abusos a obtener ayuda psicológica y acuerdos monetarios. A medida que ascendía en las filas del Vaticano, Prevost fue aumentando la presión sobre el Sodalicio, que recibió la orden de disolverse apenas unas semanas antes de que se convirtiera en el primer estadounidense en dirigir la Iglesia católica.

En el segundo caso, en la ciudad de Chiclayo, al norte de Perú, las tres denunciantes y los defensores de víctimas de abusos afirman que Prevost realizó una investigación superficial que llevó al Vaticano a cerrar el caso con relativa rapidez.

También afirman que, a pesar de una orden eclesiástica que prohibía a uno de los sacerdotes acusados, el padre Eleuterio Vásquez, ejercer su ministerio en medio de la investigación, siguió celebrando misas públicas.

Fotografías y videos publicados en Facebook y verificados por The New York Times muestran al padre Vásquez encabezando ceremonias eclesiásticas en medio de la investigación, lo que plantea interrogantes entre algunos críticos sobre qué supervisión, si la hubo, aplicó Prevost para garantizar que las víctimas estuvieran protegidas de un posible abusador.

Las directrices vaticanas desaconsejan “solo trasladar” a un sacerdote acusado a otra parroquia durante una investigación.

Prevost también designó a un sacerdote, el padre Julio Ramírez, para asesorar a las mujeres. Este les advirtió que no debían esperar mucha aceptación de responsabilidad de Roma porque sus abusos no habían implicado “penetración”.

“No quiero que suene mal”, dijo Ramírez a una de las mujeres en una conversación telefónica grabada, cuya copia obtuvo el Times. “Tampoco lo estamos defendiendo, pero como no se ha llegado a una situación que… Sé que es traumático lo que has vivido, pero no ha llegado a una situación de una violación propiamente, como que, le han dado prioridad a otros casos”.

El Vaticano afirma que Prevost siguió el protocolo eclesiástico después de que las mujeres acudieron a él con sus denuncias de abusos: realizó una investigación inicial y envió sus conclusiones a Roma, donde se tomaría una decisión final.

Ulices Damián, abogado de la diócesis de Chiclayo, dijo que era “falso” que el obispo no hiciera nada para ayudar a las mujeres. “Se hizo dentro de los procedimientos”, afirmó.

El Times también identificó un segundo caso de un sacerdote acusado de abusar de un menor que pudo continuar con sus funciones clericales durante años mientras el obispo Prevost dirigía la diócesis de Chiclayo, incluso después de que la Iglesia le ordenara cesar su trabajo en la parroquia mientras se llevaba a cabo una investigación.

El Vaticano ha tenido dificultades para recuperar la confianza tras años de mala conducta del clero y lo que, dicen los defensores de las víctimas de abusos, ha sido de una respuesta lamentable por parte de los dirigentes eclesiásticos.

Las normas vigentes del Vaticano para proteger a los niños, incluso si el papa las cumplió cuando estuvo en Chiclayo, son uno de los problemas fundamentales, dicen los defensores de las víctimas, ya que no proporcionan una plena rendición de cuentas o justicia.

Los activistas han pedido cambios que incluyan una ley universal de tolerancia cero, que apartaría permanentemente de la Iglesia a los clérigos declarados culpables por un tribunal eclesiástico de abusos o encubrimiento de irregularidades. En la actualidad, solo las autoridades católicas en Estados Unidos han impuesto este tipo de normas. La ley también exigiría una supervisión independiente de los obispos que atiendan casos de abusos.

Algunos ven en el pasado de León a un hombre que tomará medidas enérgicas contra los abusos. Algunas de las víctimas del Sodalicio dicen que las críticas a su gestión en Chiclayo han sido exageradas y amplificadas, como represalia, por grupos a favor del Sodalicio.

“Nunca fue un obispo indiferente, indolente o cobarde”, dijo Pedro Salinas, periodista y víctima de abusos por parte del Sodalicio.

Pero otros observan el tiempo que el papa pasó en Chiclayo y ven a un hombre que no tomará muchos riesgos cuando se trate de erradicar los abusos.

“Los sobrevivientes no confían en él”, dijo Peter Isely, miembro fundador de la Red de Sobrevivientes de Abuso por Sacerdotes. “Va a tener que demostrar su confianza y va a tener que doblegarse para demostrarlo”.

‘Mitad monjes, mitad soldados’

La denuncia dejó atónita a la institución católica.

Apenas el obispo Prevost asumió como líder de la diócesis de Chiclayo en 2015, dos periodistas peruanos publicaron un libro con detalles impactantes sobre el Sodalicio, fundado en 1971 por un hombre laico, Luis Fernando Figari.

El libro, Mitad monjes, mitad soldados, de Salinas y Paola Ugaz, señalaba que el grupo evolucionó hasta convertirse en un movimiento fanático de extrema derecha con una cultura de abusos sexuales.

En una pesquisa independiente posterior, investigadores, entre los que está un antiguo funcionario del FBI, descubrieron que Figari usaba un látigo con puntas para castigar a los integrantes del grupo, hacía que su perro los mordiera, los quemaba con una vela encendida y los hacía llevar un cinturón que causaba descargas eléctricas.

En entrevistas con el Times, varios sobrevivientes afirmaron que pocos líderes eclesiásticos en Perú estaban dispuestos a tomarse en serio sus denuncias.

De los que sí lo hicieron, el más importante fue Robert Prevost, dijo Oscar Osterling, que recordó que Figari lo citó cuando era joven, lo hizo desnudarse y lo filmó.

Decenas de víctimas acabaron hablando de sus casos.

Entre los miembros del Sodalicio se encontraba el arzobispo José Antonio Eguren, un poderoso líder de la Iglesia en la ciudad noroeste de Piura, a tres horas en coche de Chiclayo.

En 2018, Prevost ayudó a concertar una reunión en Lima, la capital de Perú, entre altos clérigos y víctimas del Sodalicio, y les ayudó a obtener asesoramiento de salud mental y pagos económicos, dijeron las víctimas.

Para un obispo de la Iglesia peruana, la adopción de tales medidas fue pionera. Durante años, destacados miembros del clero católico habían optado por mirar hacia otro lado, incluso cuando una víctima tras otra se presentaba con historias desgarradoras de abusos sexuales, físicos y psicológicos por parte de los líderes del Sodalicio.

Entonces, en abril de 2023, Francisco trasladó al obispo Prevost de Chiclayo al Vaticano, donde fue nombrado para dirigir un influyente departamento que supervisa la selección de muchos nuevos obispos. Francisco también lo nombró cardenal ese año.

Pronto, el Vaticano envió a Perú a dos investigadores de alto nivel para examinar las denuncias contra el Sodalicio.

Parte de su investigación se centró en el arzobispo Eguren, de quien Ugaz había dicho que estaba implicado en un plan, junto con empresas vinculadas al Sodalicio, para expulsar a campesinos pobres de sus tierras.

Uno de los investigadores del Vaticano, monseñor Jordi Bertomeu, declaró a medios de comunicación españoles que el cardenal Prevost había desempeñado un papel “imprescindible” en confrontar al Sodalicio, incluso exigiendo la dimisión del arzobispo Eguren.

El arzobispo dimitió en abril de 2024.

Pero Prevost ya se enfrentaba a otro reto.

‘No puedo quedarme callada’

Aunque ha sido calificado como un defensor de las víctimas del Sodalicio, las tres mujeres de un barrio popular de Chiclayo que aseguraron haber sido víctimas de abusos clericales dicen haber recibido un trato muy distinto.

Todo empezó con una visita que hicieron al futuro papa en 2022.

Cuando eran niñas, le contaron, habían sido abusadas por dos sacerdotes de la diócesis. Uno de ellos, el padre Vásquez, había llevado a dos de las niñas a una misión en la montaña en distintas ocasiones, contaron más tarde al medio de comunicación Cuarto Poder, y él se había metido en la cama con ellas.

“Empieza a levantarme y sobarme en él”, contó una de las mujeres al programa de televisión. Tenía 11 años en ese momento, según el programa, y no entendía lo que estaba pasando.

Una de las mujeres, Ana María Quispe, ahora de 29 años, ha hablado desde entonces en TikTok, Facebook y medios de comunicación peruanos, y dijo que había decidido acudir a Prevost porque estaba atormentada por la idea de que su silencio podría haber permitido que un abusador continuara haciendo daño.

“Esto le puede pasar a mi hija”, dijo en TikTok. “No puedo quedarme callada, o sea, basta de cobardía”.

Quispe dijo en TikTok que Prevost les dijo a las mujeres que les creía e incluso las animó a denunciar el abuso a las autoridades civiles, lo cual hicieron.

Pero después, según Quispe, no pareció ocurrir gran cosa.

La diócesis afirmó en declaraciones públicas que a Vásquez se le “prohibió” celebrar la misa durante la investigación.

Las publicaciones en las redes sociales revisadas por el Times muestran que Vásquez siguió participando públicamente en misa al menos tres veces durante el periodo en que el Vaticano dijo que se estaba llevando a cabo una investigación. Incluso fue fotografiado oficiando misa junto con Prevost.

En los casos de abuso, las directrices del Vaticano ordenan a los líderes de la Iglesia que lleven a cabo una investigación inicial y envíen sus conclusiones a Roma. El Vaticano sugiere que los líderes reúnan testimonios y establezcan los hechos básicos, pero les da una gran libertad para decidir qué enviar a los superiores.

Un portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, dijo que la investigación de Prevost fue “más allá de los requisitos” e incluyó recibir un informe escrito de las mujeres y buscar en los archivos de la diócesis acusaciones similares contra el padre Vásquez.

La fiscalía en Perú cerró la investigación civil en 2022, según la diócesis, el mismo año en que las mujeres presentaron sus acusaciones a Prevost, porque las denuncias se remontaban a tantos años atrás que habían prescrito. Los fiscales declinaron hacer comentarios.

El Vaticano cerró su propia investigación sobre las denuncias de las mujeres en agosto de 2023, citando la decisión de las autoridades civiles y la falta de pruebas.

En el otro caso en Chiclayo identificado por el Times, la diócesis había ordenado a un sacerdote, el padre Alfonso Raúl Obando, acusado de abusar sexualmente de un menor, que cesara cualquier trabajo clerical en su parroquia.

Pero más de una decena de publicaciones en Facebook identificadas por el Times, muchas de ellas del periodo en que Prevost dirigía la diócesis, muestran que el sacerdote seguía ejerciendo el ministerio, a menudo con niños. En un caso, Obando utilizó una página de Facebook de una iglesia para pedir a los niños que le mandaran fotos de ellos directamente por WhatsApp.

El Vaticano despojó recientemente Obando de su condición de clérigo, pero de todos modos él ha seguido trabajando en Chiclayo. Obando no respondió a las llamadas ni a los mensajes de texto en busca de comentarios.

Decepción e indignación

Quispe estaba indignada por el manejo de su caso y, a partir de noviembre de 2023, comenzó a hablar en internet, acusando a los líderes de la Iglesia de no hacer justicia o rendir cuentas y atribuyendo parte de la culpa a Prevost.

“Los cubren siempre”, dijo en TikTok de los sacerdotes acusados, dándoles “total libertad para poder seguir haciendo daño sin reparo”.

Un intermediario acabó poniendo a las desesperadas mujeres en contacto con el padre Ricardo Coronado, un sacerdote de tendencia conservadora que había sido fotografiado socializando con miembros del Sodalicio.

Fue Coronado quien puso en contacto a las mujeres con el programa de noticias Cuarto Poder, según declaró en una entrevista, lo que amplificó aún más las críticas a Prevost.

Críticas similares contra Prevost ya se habían intensificado en medios de comunicación peruanos, especialmente en sitios web conservadores como La Abeja, que habían intentado desacreditar las investigaciones sobre el Sodalicio.

Algunas víctimas del Sodalicio dijeron que creían que el grupo estaba detrás de estos esfuerzos, utilizando las denuncias de las mujeres para atacar a Prevost.

Rocío Figueroa, de 57 años, quien dijo que fue abusada sexualmente por un líder del Sodalicio cuando ella tenía 15 años, afirmó que el grupo había montado una campaña de desprestigio contra Prevost, como habían hecho en su contra.

La participación del padre Coronado en el caso fue breve. Tras unos meses representando a las mujeres, fue expulsado del sacerdocio tras unas denuncias de conducta inapropiada.

En la entrevista, sostuvo que lo habían apartado del sacerdocio para sacarlo del caso. También insistió en que no había actuado en nombre del Sodalicio para representar a las mujeres.

Un abogado de las mujeres declinó hacer comentarios. La Iglesia se negó a facilitar una entrevista con el padre Vásquez.

Un segundo sacerdote acusado por Quispe sufre una enfermedad degenerativa, dijo la diócesis en un comunicado, y “no tiene la capacidad de defenderse, por lo que no puede abrirse una causa contra él”.

A finales de 2023, citando la decisión de Quispe de hablar, la diócesis de Chiclayo dijo que había reabierto la investigación sobre Vásquez.

Con el caso en curso, Vásquez pidió recientemente dejar el sacerdocio, según una persona con conocimiento directo del caso. La persona pidió no ser identificada, por temor a represalias por parte de la Iglesia. Vásquez está a la espera de una decisión del Vaticano.

Coronado, el abogado canónico apartado del sacerdocio, dijo que creía que el nuevo papa había manejado mal los reclamos de las mujeres en Chiclayo, pero por inexperiencia, no por malicia.