Todo quedó grabado en video.

El intento de asesinato contra un senador y aspirante a la presidencia de Colombia el sábado ha horrorizado a gran parte del país, y no solo porque representa la violencia política de más alto perfil en el país en años.

El atentado contra Miguel Uribe Turbay, de 39 años, político conservador y nieto de un expresidente, tuvo lugar en un acto de campaña en la capital, Bogotá, mientras un pequeño ejército de cámaras de teléfonos celulares grababa. Los videos, que se difundieron rápidamente por internet y fueron verificados por The New York Times, muestran al sospechoso escuchando a Uribe pronunciar un discurso de campaña, luego disparándole por la espalda, huyendo y finalmente siendo inmovilizado en el suelo mientras Uribe sangra profusamente cerca de él, sostenido por sus compañeros que gritan.

Un vehículo blanco manchado con su sangre, que aparece en numerosos videos y fotos, se ha convertido rápidamente en un símbolo del ataque. Y los videos, en su conjunto, han llegado a reflejar los temores de algunos colombianos de que el país vaya a caer nuevo a la violencia que lo caracterizó desde la década de 1980 hasta principios de la década de 2000, cuando los atentados relacionados con narcotraficantes y guerrilleros de izquierda eran habituales en las principales ciudades.

Los colombianos, dijo Sonia Ballén, de 61 años, quien el domingo marchó muchas manzanas con otros partidarios de Uribe hasta el hospital donde estaba siendo tratado, habían vivido una época aterradora y ahora estaban empezando a verlo de nuevo.

El domingo por la mañana, el director médico del hospital, la Fundación Santa Fe de Bogotá, dijo que el estado de Uribe era de “máxima gravedad”. El director, Adolfo Llinás Volpe, dijo que el hospital no revelaría información sobre el pronóstico del senador.

Aunque las autoridades han anunciado la captura de un sospechoso, un menor de edad, no han ofrecido ningún móvil, lo que alimenta las especulaciones sobre los motivos del atentado. Uribe ha defendido un enfoque de línea dura hacia los grupos armados del país, en contraste con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, un político de izquierda que ha prometido llegar a acuerdos de paz con ellos.

El hecho de que Petro no lo haya logrado, y el aumento de los secuestros, los desplazamientos y la violencia, sobre todo en el campo y en las ciudades más pequeñas, ha provocado críticas tanto de la derecha como de la izquierda.

El mayor grupo guerrillero de izquierda que queda en el país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) —que en su día se pensó que estaba dispuesto a llegar a un acuerdo con el presidente— se ha vuelto abiertamente hostil hacia él.

Uribe ha criticado abiertamente al ELN y el acercamiento de Petro al grupo. Los dos políticos se han enfrentado con frecuencia en internet por cuestiones de seguridad y de otro tipo.

Pero Uribe no ha sido más franco ni crítico en esos temas que otros conservadores de Colombia, y no se le consideraba uno de los principales candidatos presidenciales.

En cambio, el senador era visto como un símbolo del pasado del país y, ahora, del miedo a que se repita. Su madre, una periodista llamada Diana Turbay, fue asesinada en 1991 tras ser secuestrada por el Cártel de Medellín de Pablo Escobar, en un caso muy publicitado. Uribe tenía entonces solo 4 años.

Juan Abel Gutiérrez, estratega político colombiano, dijo que quien sea que haya estado detrás del tiroteo del sábado probablemente quería enviar un mensaje al país.

“Si tú vas a atentar contra un candidato en un mitin político donde hay 500 celulares, pues esa es la garantía de que el horror se va a esparcir rápidamente y que la gente va a quedar presa del miedo”, dijo.

Uribe procede de una prominente y acaudalada familia política de un país en el que las tensiones por la desigualdad y la división de clases han alimentado décadas de luchas mortales.

Su abuelo, Julio César Turbay, fue presidente de 1978 a 1982, durante un periodo de intensa violencia guerrillera. Durante ese periodo, relajó las normas constitucionales para permitir las escuchas telefónicas, los cateos domiciliarios sin orden judicial, las detenciones arbitrarias y otras medidas que, según los críticos, se dirigieron injustamente contra destacados intelectuales, según Federico Gómez Lara, director de la revista política colombiana Cambio.

La madre de Uribe —hija del presidente— fue una de las periodistas más conocidas del país en la década de 1980. Fue secuestrada en un momento en que Escobar tenía como objetivo a personas “de la mal llamada alta sociedad”, dijo Gómez, para protestar por la extradición de colombianos a Estados Unidos.

Uribe se inició joven en la política. A los 25 años fue elegido concejal de Bogotá. A los 29, el alcalde de Bogotá lo nombró secretario de gobierno, un cargo destacado. Más tarde lanzó una candidatura fallida a la alcaldía de la capital, y en 2022 se incorporó al Senado.

Las próximas elecciones presidenciales están previstas sino hasta dentro de un año, y la primera vuelta está planeada para el 31 de mayo. Gutiérrez, quien asesora a un candidato presidencial independiente en la contienda, dijo que, tras el atentado, las distintas campañas se habían comunicado entre sí.

Todas ellas “están colapsadas de miedo”, dijo. Les preocupa especialmente viajar a zonas situadas fuera de Bogotá, donde los grupos armados tienen una presencia más fuerte.

Desde antes del tiroteo, el país ya estaba profundamente dividido obre cómo abordar el conflicto en el campo, la inseguridad en las ciudades y cuestiones como la desigualdad, la atención a la salud y la regulación laboral. Un día después del atentado, se produjeron sucesos contradictorios en la capital que pusieron de manifiesto esa polarización.

Por la mañana, partidarios de Uribe marcharon por una zona acomodada de la capital, vestidos de blanco y gritando: “¡Miguel está vivo! ¿Por dónde está el motivo?”.

En el exterior del hospital, coreaban en voz alta, a veces criticando al presidente. “¡Fuera Petro!”, decían.

Entre los asistentes a la marcha de apoyo a Uribe se encontraba Ingrid Betancourt, una ex candidata presidencial que fue secuestrada en campaña en 2002 por guerrilleros de izquierda y pasó seis años en cautiverio.

Rodeada de guardaespaldas, hizo un llamamiento a la unidad nacional.

“No podía dormir pensando en lo que había visto”, dijo refiriéndose a los videos del atentado. “No nos pueden seguir dividiendon entre izquierda y derecha”.

Por la tarde, en la plaza central de la ciudad, los partidarios de Petro se reunieron para asistir a un concierto programado previamente con el fin de recabar apoyo para las iniciativas políticas del presidente. El artista principal, Al2, dedicó su actuación a dos jóvenes colombianos que habían muerto en protestas callejeras contra un anterior gobierno de derecha.

Algunos colombianos criticaron la decisión de Petro de permitir que se llevara a cabo el evento menos de un día después del atentado contra Uribe. Pero varios asistentes al concierto dijeron que lo defendían.

Luis Ramírez, de 38 años, dijo que todos los días había heridos o muertos en Colombia, pero que nadie cancelaba un concierto por ellos.

“Es lamentable que hayan atacado a un político importante de derecha”, dijo. “Pero no debe ser el único importante. Todas las personas en Colombia valen lo mismo, independientemente de la posición social que tengan”.