Quito, Ecuador.- Ecuador deportó el sábado a cientos de presos colombianos a su país de origen como parte de una medida con la que busca reducir la sobrepoblación carcelaria, pero que fue cuestionada por Bogotá por considerar que se hizo de forma unilateral.

El organismo de control penitenciario de Ecuador precisó el sábado en un comunicado que inició la deportación de 700 de un total mil presos de nacionalidad colombiana que entregará a Colombia y reafirmó "el compromiso del Estado ecuatoriano con la seguridad interna y el orden público".

Añadió que tras las audiencias individualizadas ante jueces competentes se emitieron las boletas de excarcelación.

Más temprano, Diana Pozo, Gobernadora de la provincia ecuatoriana del Carchi, en la frontera con Colombia, difundió en redes sociales que 800 presos estaban siendo deportados. Explicó que quienes contaban con su cédula de identidad ingresaron a Colombia, mientras que los que no tenían su documento "se han demorado y lo están haciendo por parte de migración con la huella digital".

En un balance difundido la tarde del sábado, la Cancillería colombiana informó que 603 connacionales "fueron expulsados" desde Ecuador -543 hombres y 60 mujeres- a quienes se les brindó asistencia y alimentación. Tras la verificación de antecedentes, se determinó que 11 tienen orden de captura -uno de ellos con circular girada por Interpol-, agregó en un comunicado.

Colombia insistirá a Ecuador el establecimiento de un protocolo para la deportación, ante el anuncio de que los próximos días serán trasladados "493 personas adicionales", según el reporte.

La Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio, quien se encontraba en la zona fronteriza en el Puesto de Mando Unificado, solicitó a las autoridades ecuatorianas la información complementaria, pues sólo entregó un listado de 300 personas, agregó la cancillería.

El Alcalde de Ipiales, Amilcar Pantoja, declaró a radio Caracol que la "expulsión arbitraria" de ciudadanos colombianos "ha colapsado el sistema local" y mencionó que quienes no cuentan con antecedentes en ese territorio "quedan en libertad".

En respuesta, la Cancillería de Ecuador aseguró el sábado que el proceso "se está llevando a cabo en estricto cumplimiento del marco normativo vigente y de sus obligaciones internacionales en materia migratoria". Agregó que se ha garantizado el debido proceso y el respeto a los derechos humanos de los deportados.
Ecuador aseguró que Colombia había sido informada oficialmente desde el 8 de julio "de los procesos individuales de deportación en marcha".