Cd. de México.- Las redadas, la expansión de la agencia migratoria y las redes de alerta transformaron la vida cotidiana de miles de migrantes en Estados Unidos.
Mientras México anuncia que investiga la muerte de 17 connacionales, comunidades enteras en la Unión Americana viven pendientes de una notificación en el celular.
La redada ya no comienza cuando aparecen los agentes. Empieza mucho antes. Con el sonido de una notificación.
A las 7:05 horas del 29 de julio, la organización comunitaria Unión del Barrio difundió una alerta desde La Puente, California. Vecinos habían reportado la presencia de un vehículo que, según la organización, había sido observado durante otros operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en la zona de Vidalia Avenue y Villa Park Street.
Cinco minutos después el vehículo se marchó. No hubo detenidos. Sin embargo, el aviso ya recorría cientos de teléfonos celulares.
"Por favor, manténganse atentos a su alrededor. Tengan un plan con sus vecinos para alertarse. Si observan alguna actividad o conocen a alguien que haya sido detenido, llámenos", pidió la organización al difundir un número telefónico para recibir reportes ciudadanos.
Horas después comenzaron a circular mensajes similares desde Charlotte, Carolina del Norte; Chicago, Illinois; Houston, Texas; Miami, Florida; Phoenix, Arizona; Denver, Colorado; Filadelfia, Pensilvania y otras ciudades donde organizaciones comunitarias, activistas y redes de monitoreo compartieron avisos sobre presunta presencia de agentes migratorios.
Algunos reportes derivan en detenciones confirmadas. Otros permanecen únicamente como alertas preventivas. Todos producen el mismo efecto: el miedo.
En decenas de comunidades con alta presencia de migrantes, la rutina comienza revisando el teléfono para saber si existen reportes sobre operativos en la zona antes de salir rumbo al trabajo, llevar a los hijos a la escuela, acudir al supermercado o simplemente caminar por el vecindario.
La política migratoria dejó de sentirse únicamente en oficinas gubernamentales o tribunales. Ahora también se mide por la velocidad con la que un mensaje recorre un grupo de WhatsApp.
Las redes sociales se transformaron en sistemas informales de alerta temprana. Fotografías de camionetas. Ubicaciones. Videos. Transmisiones en vivo. Números de abogados. Direcciones de refugios. Todo circula en cuestión de minutos.
En una grabación difundida por el creador de contenido conocido como Mustang Viajero, un hombre narra la detención de una persona que descansaba en una banca cuando fue rodeada por varios agentes identificados con chalecos donde podía leerse "Police" e "ICE".
"El señor estaba sentado en una banca descansando llegaron estos agentes de ICE lo rodearon y lo empezaron a esposar ahí mismo en la banqueta", relata mientras graba la escena.
Después lanza un mensaje dirigido a la comunidad: "Ya no hay lugar seguro avísenle a su gente estén alertas".
La grabación no permite verificar por sí sola las circunstancias legales de esa detención.
Pero sí retrata el ambiente que describen organizaciones de apoyo a migrantes en distintas ciudades estadounidenses.
La incertidumbre se volvió cotidiana.
Organizaciones como Unión del Barrio, colectivos comunitarios y redes de voluntarios mantienen líneas telefónicas abiertas para recibir reportes sobre operativos y compartir información con vecinos que buscan evitar detenciones inesperadas o localizar familiares cuyo paradero desconocen después de una redada.
El flujo de mensajes es permanente. "Vehículo visto en otros operativos". "Hay agentes en la colonia". "No salgan". "Compartan".
Las alertas dejaron de ser excepcionales. Ahora forman parte de la vida diaria de miles de familias que viven pendientes del siguiente aviso.
La ofensiva migratoria también abrió un debate dentro de la propia comunidad hispana.
Mientras organizaciones civiles documentan el temor que generan los operativos y llaman a fortalecer las redes de apoyo, otras voces sostienen que la discusión suele ignorar las causas que obligaron a millones de personas a abandonar sus países de origen.
En una publicación ampliamente compartida en redes sociales, la creadora de contenido Julissa Núñez escribió que muchos inmigrantes exigen al Gobierno estadounidense soluciones que nunca reclamaron con la misma intensidad a los gobiernos de sus países.
"No tienes que apoyar al Presidente. No tienes que estar de acuerdo con todas las leyes. Pero una cosa es exigir responsabilidad y otra muy diferente es actuar como si el país te debiera algo", escribió.
La publicación provocó cientos de comentarios a favor y en contra.
La polarización ya no sólo atraviesa la política estadounidense. También divide a quienes un día cruzaron la frontera buscando una oportunidad.
Sin embargo, detrás de esa discusión existe una realidad que pocas veces aparece en el centro del debate: la estructura de la agencia encargada de ejecutar buena parte de los operativos migratorios y la expansión que ha registrado durante los últimos meses.
AL PENDIENTE DEL WHATS
El miedo viaja por WhatsApp. Las detenciones, en cambio, siguen otro camino.
Detrás de cada operativo existe una estructura federal que el Gobierno de Estados Unidos presenta como una de sus principales herramientas para combatir el crimen transnacional y hacer cumplir las leyes migratorias.
Mientras las organizaciones comunitarias describen barrios pendientes de una camioneta o de una alerta en el celular, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tiene una misión precisa: proteger a Estados Unidos del crimen transfronterizo y de la inmigración ilegal que amenace la seguridad nacional y la seguridad pública.
No se trata de una agencia creada únicamente para deportar inmigrantes. Su estructura es mucho más amplia.
De acuerdo con información oficial del DHS, ICE aplica más de 400 leyes federales y se divide en tres grandes áreas con funciones distintas.
La primera es Homeland Security Investigations (HSI), considerada la división investigadora más grande del Departamento de Seguridad Nacional.
Sus agentes persiguen delitos como tráfico de armas, narcotráfico, lavado de dinero, contrabando de mercancías, trata de personas, explotación infantil, ciberdelitos y financiamiento de organizaciones criminales o terroristas.
La segunda es Enforcement and Removal Operations (ERO), la cara más visible de la agencia para millones de migrantes.
Es la división encargada de localizar, detener y mantener bajo custodia a extranjeros sujetos a procedimientos migratorios, administrar la red de centros de detención y ejecutar las órdenes de deportación emitidas por las autoridades estadounidenses.
La tercera corresponde a la Oficina del Asesor Jurídico Principal (OPLA).
Sus abogados representan al Gobierno federal ante las Cortes de Inmigración del Departamento de Justicia y sostienen los procedimientos legales para buscar la expulsión de extranjeros que, según las autoridades, permanecen de manera irregular en el país o incurrieron en conductas que permiten su remoción.
La propia agencia hace una precisión que suele perderse en el debate público: ICE no vigila la frontera. Esa responsabilidad corresponde a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y, en el ámbito marítimo, a la Guardia Costera.
Los agentes de ICE operan principalmente dentro del territorio estadounidense. Es decir, en ciudades, carreteras, centros de trabajo, cárceles y comunidades donde viven millones de migrantes.
LA EXPANSIÓN DEL MIEDO
El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca volvió a colocar a ICE en el centro de la política migratoria.
La administración republicana impulsó un incremento en las detenciones, reforzó la cooperación con autoridades estatales y locales y aceleró la expansión del programa conocido como 287(g).
Bajo ese esquema, oficinas de sheriffs, departamentos de policía y cárceles de condados firman convenios con ICE para colaborar en la identificación y procesamiento de personas sujetas a procedimientos migratorios.
La agencia sostiene que el programa fortalece la seguridad pública porque permite detectar en cárceles locales a extranjeros con órdenes de deportación o antecedentes penales antes de que recuperen su libertad.
Con el paso de los meses, la red creció hasta abarcar cientos de corporaciones distribuidas en decenas de estados, principalmente en Texas, Florida, Georgia, Carolina del Norte y otras entidades del sur del país.
Para el Gobierno estadounidense, esa coordinación representa una herramienta para hacer más eficiente la aplicación de la ley migratoria. Para organizaciones de apoyo a migrantes, significa que la posibilidad de un encuentro con autoridades migratorias ya no depende únicamente de agentes federales. Puede comenzar durante una revisión de tránsito, una detención por una falta administrativa o un ingreso a una cárcel local.
EL OTRO MAPA
Mientras ICE publica mapas con las agencias que participan en el programa 287(g), en las comunidades circula otro tipo de cartografía. No aparece en páginas oficiales. Se construye todos los días.
Organizaciones comunitarias elaboran mapas colaborativos donde marcan calles, colonias y centros de trabajo en los que vecinos reportan la presencia de agentes migratorios.
El 29 de julio, redes de monitoreo y colectivos de apoyo difundieron reportes ciudadanos sobre actividad de ICE en ciudades de California, Texas, Florida, Illinois, Carolina del Norte, Georgia, Washington, Pensilvania, Colorado, Nevada, Arizona, Utah, Ohio, Nueva Jersey, Virginia, Arkansas, Kansas y Nueva York.
Los propios colectivos advierten que la información se integra con reportes recibidos durante el día, puede modificarse conforme avanzan las horas y no toda presencia de agentes implica detenciones.
Más que un registro oficial de operativos, esos mapas ilustran otra realidad. La necesidad de las comunidades de mantenerse informadas casi en tiempo real.
El fenómeno ha dado origen a redes de vigilancia vecinal, líneas telefónicas para reportar detenciones, grupos de mensajería instantánea y transmisiones en vivo que buscan advertir sobre la presencia de vehículos o agentes en determinadas zonas.
DOS NARRATIVAS
La diferencia entre ambas visiones resulta evidente.
En los comunicados oficiales, ICE destaca cifras de detenciones, decomisos y capturas de personas con antecedentes penales, y presenta sus operativos como parte de una estrategia para fortalecer la seguridad pública y combatir organizaciones criminales.
En las redes comunitarias, las publicaciones tienen otro lenguaje. Hablan de camionetas sin distintivos. De vecinos que dejan de salir. De trabajadores que cancelan sus jornadas.
De familias que preguntan dónde está un padre, un hermano o un hijo después de una redada.
Entre ambas narrativas comenzó a construirse un expediente que dejó de ser únicamente migratorio para convertirse también en un asunto diplomático.
Porque mientras la política de detenciones se intensificaba en territorio estadounidense, el Gobierno de México comenzó a documentar un dato que cambió el tono de la relación bilateral: la muerte de 17 connacionales durante operativos o bajo custodia de ICE.
LA RESPUESTA DE MÉXICO
El número comenzó como un registro consular. Terminó convertido en un expediente diplomático.
Desde mayo de 2025, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) documentó la muerte de 17 ciudadanos mexicanos durante operativos o bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), una cifra que llevó al Gobierno mexicano a emprender una ofensiva jurídica inédita frente a Washington.
El 22 de julio, la Cancillería informó que la Embajada de México en Estados Unidos remitió al Departamento de Justicia una denuncia presentada por la Fiscalía General de la República para solicitar la apertura de investigaciones sobre los 17 casos.
Paralelamente, el embajador Roberto Velasco presentó 20 denuncias ante fiscalías estatales y de condados en Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Misuri y Texas, entidades donde ocurrieron los fallecimientos.
La estrategia también alcanzó el ámbito internacional. México notificó los casos a mecanismos de Naciones Unidas especializados en derechos humanos y solicitó que se diera seguimiento a las investigaciones.
Para el Gobierno mexicano, el objetivo no es cuestionar la facultad de Estados Unidos para aplicar su legislación migratoria. Lo que exige es esclarecer las circunstancias en que murieron sus ciudadanos y determinar si existieron responsabilidades administrativas o penales.
LOS NOMBRES DETRÁS DE LA CIFRA
La estadística comenzó a tener rostro.
El 14 de julio, Juan Jairo Coronilla Durán, originario de Guanajuato, murió en Florida después de ser atropellado por un tractocamión cuando intentaba escapar durante un operativo migratorio.
Días antes, Lorenzo Salgado Araujo falleció por disparos durante una acción de ICE en Houston, Texas. Su caso atrajo atención adicional porque organizaciones de defensa de migrantes cuestionaron el uso de la fuerza durante el operativo.
Ambos nombres se sumaron a una lista integrada por connacionales fallecidos en centros de detención o durante acciones migratorias en distintos estados del país.
Cada caso tiene circunstancias distintas. Algunos ocurrieron dentro de instalaciones bajo custodia. Otros durante operativos.
Precisamente por esas diferencias, la Cancillería sostiene que cada expediente debe investigarse de manera individual.
EL DEBATE SE AMPLIÓ
Mientras avanzaban las gestiones diplomáticas, organizaciones de defensa de migrantes comenzaron a plantear una discusión más amplia.
El Frente Amplio de Mexicanos y Migrantes, durante el videopodcast "Voces Abiertas", difundido por La Raza, sostuvo que las muertes recientes no deben analizarse como hechos aislados, sino como parte de un fenómeno que merece revisión.
El colectivo afirmó que más de medio centenar de inmigrantes han fallecido bajo custodia o durante operativos migratorios desde el inicio de la actual administración estadounidense y cuestionó si la expansión de los operativos, el incremento de personal y los protocolos para el uso de la fuerza requieren una evaluación independiente.
La organización también retomó casos como los de Lorenzo Salgado Araujo y Johan Guerrero para ejemplificar situaciones en las que, según expuso, las víctimas no eran el objetivo principal de los operativos.
ICE, por su parte, mantiene una postura distinta.
En sus comunicados oficiales, la agencia sostiene que sus operaciones buscan retirar de las calles a personas sujetas a deportación o vinculadas con actividades delictivas, y defiende la cooperación con autoridades locales como un mecanismo para fortalecer la seguridad pública.
Las dos narrativas avanzan en paralelo. Una habla de cumplimiento de la ley. La otra, de comunidades que viven con miedo.
UNA VIDA EN PAUSA
Las alertas ya forman parte del paisaje cotidiano.
Ese miedo no aparece en las estadísticas oficiales.
No existe un indicador que mida cuántas personas dejaron de acudir al trabajo porque alguien reportó una camioneta sospechosa.
Cuántos padres modificaron la ruta para recoger a sus hijos.
Cuántos trabajadores agrícolas decidieron permanecer en casa.
Cuántos comercios cerraron unas horas mientras circulaba un mensaje en WhatsApp.
Sin embargo, ese fenómeno comenzó a repetirse en barrios de California, Texas, Florida, Illinois, Georgia, Carolina del Norte y otros estados donde organizaciones comunitarias mantienen redes permanentes de vigilancia y apoyo.
Las alertas ya forman parte del paisaje cotidiano. Un mensaje. Una fotografía. Una transmisión en vivo. Un número telefónico para localizar abogados o reportar una detención.
Las comunidades aprendieron a reaccionar antes de confirmar si realmente existe un operativo.
VIVIR BAJO ICE
La historia de la actual política migratoria estadounidense puede contarse con cifras. Más agentes. Más convenios con policías locales. Más centros de detención.
Más deportaciones. También puede contarse con expedientes diplomáticos. Diecisiete mexicanos muertos cuya investigación hoy reclama el Gobierno de México.
Pero quizá su efecto más profundo no aparece en ninguno de esos documentos. Está en la rutina de millones de personas que aprendieron a mirar por la ventana antes de salir de casa. En trabajadores que consultan el teléfono antes de conducir hacia su empleo. En vecinos que avisan cuando una camioneta desconocida recorre lentamente la calle. En grupos de WhatsApp que sustituyeron al boca a boca. En organizaciones que habilitaron líneas de emergencia para responder cuando alguien deja de contestar el celular.
La política migratoria ya no sólo se expresa en tribunales, centros de detención o vuelos de deportación. También se manifiesta en el silencio de una calle que, de un momento a otro, se vacía porque alguien escribió un mensaje de apenas unas cuantas palabras: "Hay agentes de ICE. No salgan".
