Más de 53 mil carpetas de investigación se resolvieron en el estado de Chihuahua mediante acuerdos entre víctimas y personas denunciadas desde 2021 hasta el martes pasado, informó Daniel Abraham Terrazas Parada, director estatal del Centro Estatal de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (CEMASC).
A través de esos procedimientos, las víctimas y ofendidos del delito recibieron, en conjunto, más de 540 millones de pesos por reparación del daño en todo el estado durante ese mismo período, señaló el funcionario en atención a medios el martes en Pueblito Mexicano.
En Ciudad Juárez se concentra alrededor del 45 por ciento de las carpetas resueltas por esta vía, estimó Terrazas. “Estaríamos hablando de alrededor de veintitantos mil carpetas”, expresó, aunque aclaró que no contaba con la cifra municipal exacta y que la proporcionaría por medio de la coordinación de la Zona Norte.
Los daños por choques encabezan los asuntos que atiende el centro en esta frontera, explicó el director. A estos les siguen las amenazas, lesiones, incumplimiento de obligaciones alimentarias, fraude y abuso de confianza, conflictos en los que las partes pueden buscar un acuerdo con apoyo de facilitadores.
Araceli Ramírez, coordinadora del CEMASC Zona Norte, indicó que aproximadamente ocho de cada 10 asuntos que recibe el centro se resuelven mediante acuerdos y dos regresan a la unidad de investigación. Explicó que las personas involucradas deciden los términos de la solución, en lugar de esperar la resolución de un tercero.
“Los acuerdos nacen de la voluntad de las partes”, expresó la coordinadora. Señaló que el centro cuenta con trabajadores sociales, psicólogos, criminólogos, abogados y agentes del Ministerio Público para atender el problema que originó la denuncia: “Realmente nosotros trabajamos con el conflicto de fondo”.
En los casos de daños, los avalúos periciales sirven como referencia para establecer el monto de la reparación, explicó Terrazas. Añadió que algunas personas aceptan una cantidad menor a cambio de recibir el pago de inmediato, después de valorar el tiempo y el desgaste económico y emocional que podría implicar continuar el procedimiento.
“No es obligación de la gente firmar”, subrayó el director. Aseguró que el personal debe explicar las condiciones de las propuestas y que ninguna persona está obligada a aceptar un convenio. “Con nosotros los acuerdos no son obligados de ninguna manera”, sostuvo, y pidió reportar cualquier presión para firmarlos.
Para iniciar la atención, el centro tiene la obligación de citar a los cinco días de recibir la carpeta, señaló el funcionario. Precisó que el trabajo de los facilitadores requiere preparación para manejar emociones, conducir el diálogo y conservar una posición imparcial frente a las personas involucradas.
“El facilitador no está de un lado o del otro, no está ahí para decir este es bueno y este es malo, sino para poder buscar una solución al conflicto”, expresó Terrazas.
El director explicó que en la mediación las partes construyen el acuerdo, mientras que en la conciliación la autoridad puede proponer una solución. También mencionó la junta restaurativa, que permite abordar conflictos cuyos efectos involucran a un entorno más amplio que las dos partes.
El funcionario señaló que los mecanismos alternativos resuelven entre el 17 y el 18 por ciento del total de asuntos que ingresan a la Fiscalía. Si se consideran únicamente los delitos susceptibles de esta vía, la proporción se acerca al 40 por ciento anual, precisó.