El incendio ocurrido la noche del 12 de septiembre en el área de alojamiento de hombres de la Estancia Provisional del Instituto Nacional de Migración (INM) en Janos, donde 33 personas extranjeras tuvieron que ser evacuadas, era previsible, denunció la Red Jesuita con Migrantes México (RJM Mex) al informar que quienes eran llevados ahí sufrían detenciones prolongadas por hasta 15 días.
“Estos hechos no constituyen un accidente aislado. Desde hace semanas se tenía conocimiento de las condiciones inadecuadas de alojamiento en esa estancia; de detenciones prolongadas por hasta 15 días, contrarias a los estándares que rigen la actuación del INM y a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre los límites de la privación de la libertad por motivos administrativos migratorios; y de la inconformidad de la población alojada por la incertidumbre y falta de información sobre su situación migratoria”, denunció la organización que cada mes visitaba sus instalaciones para dar apoyo a las personas retenidas.
La RJM Mex manifestó su profunda preocupación por el incendio, al denunciar las detenciones prolongadas en la estancia temporal tipo B. Esto, luego de que en marzo de 2023 la Primera Sala de la SCJN resolvió que los períodos de 15 y hasta 60 días hábiles de alojamiento de personas extranjeras en estaciones migratorias, previstos en el artículo 111 de la Ley de Migración: “Son inconstitucionales a la luz del derecho a una tutela jurisdiccional efectiva, reconocido en la Constitución federal y la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
La Primera Sala consideró que tanto el plazo de “quince días hábiles” como el de “sesenta días hábiles”, previstos en el artículo analizado, contravienen la temporalidad máxima establecida por el artículo 21 de la Constitución federal para legitimar la privación de la libertad de una persona por razones de naturaleza administrativa: 36 horas, por lo que las personas que se encuentren sujetas a un proceso migratorio habrán de continuarlo en libertad.
Hasta ayer, el INM no había respondido a El Diario el motivo por el cual las personas extranjeras presentadas sufrían retenciones prolongadas, ni cuestionamientos acerca de las instalaciones que se utilizan actualmente como estancias migratorias en el estado de Chihuahua.
Mientras tanto, la RJM Mex exigió al INM información pública, clara y verificable sobre a dónde y en qué condiciones fueron trasladadas las 33 personas, su estado general de salud y la garantía efectiva de comunicación con sus familias y con representación legal.
También pidió una investigación independiente de los hechos, con participación de organizaciones de la sociedad civil, que no se limite a atribuir responsabilidad a las personas alojadas, así como la verificación inmediata de las condiciones de la estancia de Janos, como su infraestructura, protocolos de protección civil, rutas de evacuación, servicios de salud, alimentación y acceso a información, y la adopción de medidas correctivas verificables.
La organización que trabaja en Ciudad Juárez exigió igualmente “el respeto estricto a los plazos legales de la detención migratoria y el avance decidido hacia alternativas a la detención, considerando los estándares internacionales de excepcionalidad y los criterios de necesidad, adecuación, razonabilidad y proporcionalidad”.
Destacó que la protección de la vida y la integridad de las personas en movilidad humana no puede seguir dependiendo de la suerte o la buena voluntad, y denunció que mientras la detención continúe siendo la respuesta del Estado mexicano, hechos como los de Janos volverán a repetirse.
“Lo sucedido en Janos se suma al motín registrado el pasado mes de agosto en la Estación Migratoria Siglo XXI de Tapachula, Chiapas, donde las personas alojadas protestaron por las mismas razones: encierro indefinido, ausencia de información y falta de acceso a defensa jurídica. Ocurre, además, a poco más de tres años del incendio del 27 de marzo de 2023 en la estación migratoria de Ciudad Juárez, en el que murieron 40 personas y cuyas causas estructurales siguen sin ser atendidas. No se trata de conductas individuales aisladas: son el resultado previsible de una política migratoria que sostiene la detención como eje de la gestión de la movilidad humana”, externó.
Por ello, exigió información pública sobre su situación, una investigación independiente, revisión de las condiciones de la estancia y el respeto a los plazos legales de detención.
“La detención migratoria no puede seguir poniendo vidas en riesgo. El incendio en la estancia migratoria de Janos era previsible: la detención migratoria pone vidas en riesgo”, destacó.