Con ganancias ilícitas estimadas entre 104 y 416 millones de dólares acumuladas por el cobro de cuotas de 13 mil a 16 mil dólares por individuo, una red transnacional de tráfico de personas fue formalmente procesada ante la justicia federal mexicana. Sus integrantes fueron aprehendidos el pasado 26 de septiembre en operativos simultáneos ejecutados en Chiapas y Quintana Roo y posteriormente trasladados a Ciudad Juárez, Chihuahua.
El esquema operativo de la red abarcaba una extensa ruta logística que iniciaba en Chiapas, en la frontera de México con Guatemala, pasando por Quintana Roo y haciendo escala en Chihuahua hasta la frontera norte.
La determinación judicial, dictada el pasado 30 de septiembre bajo la causa penal 631/2026 por un juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Chihuahua, formalizó la vinculación a proceso de cinco presuntos integrantes del grupo conocido como la banda de “Los López” por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer tráfico de personas.
Entre los inculpados sobresalen un exjefe operativo de la Policía Turística de Cancún y la presunta lideresa de la organización, quien era activamente buscada por autoridades de los Estados Unidos.
El fallo judicial validó la detención de los acusados y decretó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa durante un plazo de tres meses fijado para la investigación complementaria.
Los procesados masculinos, identificados como Erik G. C., alias “Huracán”, de 48 años y mando policial en activo al momento de su aprehensión, y Ernesto G. C., fueron ingresados al Centro de Readaptación Social Estatal (Cereso) 3 de Ciudad Juárez.
Las tres mujeres vinculadas, Jumilca Sandivel H. P., de 27 años, señalada como la cabecilla de la célula criminal; Eva P. V., de 52 años; y Reyna Manuela H. P., de 22, cumplirán la medida cautelar en el Cereso Femenil 2 de la misma ciudad fronteriza.
La captura de los acusados se concretó el pasado 26 de septiembre de 2026 mediante un operativo coordinado entre fuerzas federales.
La investigación, iniciada en 2025 por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), derivó en la ejecución simultánea de órdenes de cateo en tres inmuebles en Chiapas y Quintana Roo.
En las intervenciones de la Fiscalía General de la República (FGR), apoyadas por la Secretaría de Marina Armada de México (Marina) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se cumplimentaron las órdenes de aprehensión y se lograron asegurar un arma larga, ocho cartuchos útiles, pasaportes, identificaciones oficiales, tarjetas de crédito y dinero de diversas denominaciones en efectivo.
De acuerdo con estimaciones oficiales emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la organización criminal generó entre 104 millones y 416 millones de dólares en ganancias ilícitas entre septiembre de 2020 y el año 2023.
Tenían acuerdos con ‘La Línea’
Para estructurar este volumen de ganancias, el grupo cobraba tarifas de entre 13 mil y 16 mil dólares a cada persona trasladada, utilizando de manera sistemática instituciones bancarias y el sistema financiero estadounidense para transferir, recibir y emitir los pagos derivados del tráfico humano.
La organización no sólo adquiría documentación mexicana apócrifa para facilitar la movilidad territorial, sino que mantenía acuerdos con “La Línea”, brazo armado del Cártel de Juárez, a fin de pagar cuotas criminales que les permitieran cruzar personas hacia destinos como Nuevo México, Arizona, California, Texas y Virginia.
En los informes de sanciones emitidos en marzo de 2025 por la OFAC, se detalla que Jumilca Sandivel, quien ya contaba con una acusación formal en el Distrito de Nuevo México desde julio de 2024, coordinaba sus operaciones y pagaba cuotas de paso al grupo del crimen organizado.
Masacre LeBaron
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos resaltó en su reporte el peligro de dicha alianza, señalando a “La Línea” como la misma organización criminal responsable del homicidio de nueve ciudadanos estadounidenses, entre ellos seis niños, perpetrado en noviembre de 2019 en el estado de Sonora.
En aquel crimen ejecutado en las inmediaciones de la comunidad de La Mora, municipio de Bavispe, cerca de los límites con Chihuahua, células armadas emboscaron una caravana de tres camionetas en las que viajaban mujeres y menores de edad de la comunidad mormona mexicoestadounidense LeBaron, junto con integrantes de las familias Langford y Miller.
Esta masacre generó consternación internacional y motivó la exigencia de catalogar a estas agrupaciones como organizaciones terroristas.
El antecedente de la matanza de Bavispe fue subrayado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos como evidencia del peligro extremo que representan las alianzas entre redes de tráfico humano y cárteles violentos como “La Línea”.
A raíz de estas investigaciones transfronterizas, Jumilca Sandivel enfrentaba una acusación formal presentada desde julio de 2024 ante un gran jurado federal en el Distrito de Nuevo México, culminando con la imposición de bloqueos financieros por parte de la OFAC en marzo de 2025 e impulsando la investigación conjunta que culminó con los operativos federales en Chiapas, el traslado a Ciudad Juárez y la posterior vinculación a proceso penal de los cinco implicados.
