Chihuahua, Chih.- Pese a ser dos de los municipios más afectados por la violencia, Moris y Coyame del Sotol no fueron incluidos en los indicadores de desaparición y desplazamiento forzado debido a que la muestra de información captada en estas localidades fue insuficiente para alcanzar la precisión requerida en el cálculo de dichos estimadores, por lo que únicamente se publicaron sus datos de población y vivienda en la reciente Encuesta Intercensal del INEGI, informó el coordinador estatal Carlos Armando Uc Nájera.
La falta de información desagregada contrasta con los antecedentes recientes de ambos municipios. En Moris, durante 2025, alrededor de 300 habitantes de varias comunidades, principalmente indígenas, abandonaron sus localidades ante ataques y la presencia de grupos criminales. En agosto de ese año, otras 55 personas de Ciénega de Rodríguez solicitaron apoyo para salir de la región luego de un nuevo hecho violento.
La violencia también provocó que autoridades y organismos de derechos humanos atendieran a familias desplazadas de Moris, con acciones relacionadas con servicios básicos, atención médica, asesoría jurídica y acompañamiento psicosocial. La situación del municipio forma parte de los antecedentes documentados sobre desplazamiento forzado interno en la Sierra Tarahumara.
En Coyame del Sotol, los hechos violentos forman parte de una disputa territorial que alcanzó también a Aldama, Ojinaga y Manuel Benavides. Un recuento basado en información de autoridades contabilizó 20 homicidios en Coyame entre septiembre de 2024 y septiembre de 2026, como parte de una confrontación criminal que dejó 113 homicidios en los cuatro municipios durante ese periodo.
Los enfrentamientos también alteraron actividades cotidianas en Coyame. La violencia provocó la cancelación de festejos municipales y afectaciones al suministro de energía eléctrica y telefonía, mientras autoridades desplegaron operativos tras reportes de enfrentamientos entre grupos armados.
La situación continuó este año. En abril, agentes estatales fueron atacados por un grupo armado mientras personal instalaba cámaras de la Plataforma Centinela en Moris. En septiembre, un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal recibió disparos durante un recorrido de vigilancia en la zona Coyame-Ojinaga, con saldo de un policía lesionado.
Pese a este contexto, el coordinador estatal del INEGI explicó que la Encuesta Intercensal no puede generar estimaciones municipales cuando la cantidad de entrevistas resulta insuficiente. En el caso de Moris, dijo, la muestra no alcanzó el nivel de precisión requerido para publicar otros indicadores; Coyame del Sotol presenta la misma condición.
Ambos municipios aparecen en el Panorama Sociodemográfico 2025 identificados con doble asterisco, que corresponde a localidades con muestra insuficiente y para las cuales INEGI no presenta información adicional. Por ello, la encuesta ofrece para ambos municipios datos de población y vivienda, pero no permite conocer sus resultados particulares en indicadores que dependen de la muestra.
Uno de esos nuevos indicadores corresponde al desplazamiento forzado interno. A nivel estatal, INEGI estimó que 17 mil 900 hogares tenían al menos un integrante que había experimentado desplazamiento por inseguridad, delincuencia o violencia. En conjunto, esos hogares estaban integrados por aproximadamente 60 mil 400 personas.
Uc Nájera aclaró que esos 60 mil 400 habitantes no representan personas desaparecidas. La medición corresponde a hogares en los que al menos uno de sus integrantes reportó haber experimentado desplazamiento forzado por inseguridad, delincuencia o violencia.
El funcionario explicó que INEGI mide el fenómeno a partir de los hogares y no puede interpretar la cifra como si cada una de las personas hubiera sido desplazada de manera individual. Un mismo hogar puede reportar que uno de sus integrantes tuvo que abandonar su lugar de residencia o que el desplazamiento involucró a varios miembros de la familia.
La encuesta también identificó otro componente de desplazamiento relacionado con desastres naturales o provocados por actividades humanas. En este caso, alrededor de 3 mil hogares, integrados por unas 9 mil 900 personas, reportaron que al menos uno de sus integrantes tuvo que cambiar de residencia por esas causas.
La insuficiencia de la muestra en Moris y Coyame impide llevar esos indicadores al nivel municipal. Así, pese a que existen antecedentes documentados de violencia y desplazamiento en ambos territorios, la Encuesta Intercensal 2025 no permite establecer cuántos hogares o personas de cada municipio experimentaron desplazamiento forzado.
