La judicialización del caso contra Mario Gabriel P.P., dueño de los bares El Viejo Oeste y Mario’s Bar, señalado por los delitos de violación agravada y abuso sexual agravado en perjuicio de su hija de cinco años, continúa sin avanzar debido a que el acusado no ha sido detenido y todavía está pendiente la resolución del juicio de amparo que promovió contra la orden de aprehensión.
Darío Félix, abogado penalista y asesor jurídico de la víctima, informó que el expediente de amparo fue trasladado de Chihuahua a Ciudad Juárez, debido a que la orden de captura fue emitida por una jueza de control de esta frontera y no por una autoridad judicial de la capital del estado.
Aunque el asunto ya fue radicado en Juárez hace aproximadamente mes y medio, las audiencias se han suspendido y todavía no se resuelve si la orden de aprehensión cumple con los requisitos constitucionales y legales.
Pese a que aún no se resuelve el recurso de amparo, la orden de aprehensión en contra de Mario, liberada desde el 6 de agosto, se encuentra vigente, sin embargo, no se ha concretado pese a que, de acuerdo con el abogado penalista, existen las condiciones jurídicas para hacerlo, por lo que el caso se mantiene congelado.
El abogado indicó que la audiencia del juicio de amparo está programada para el próximo 4 de diciembre. En ese procedimiento se determinará si se mantiene la orden de captura o si se concede la protección federal para dejarla sin efecto.
Félix explicó que el amparo no resuelve la responsabilidad del acusado por los hechos denunciados, sino que analiza la legalidad de la orden de aprehensión. Si se niega la protección federal, Mario Gabriel P.P. todavía podría recurrir esa determinación ante un tribunal colegiado; si se concede, la orden podría quedar cancelada.
Mientras tanto, el acusado no ha sido localizado. El abogado señaló que la representación de la víctima solicitó órdenes de cateo para revisar un domicilio donde se tenía información de que podría encontrarse, pero fueron negadas. Después de esas resoluciones, dijo, ya no pudieron corroborar si el hombre permanecía en ese lugar.
Félix señaló que desconoce por qué la Fiscalía General del Estado no ha logrado ubicarlo, pese al tiempo transcurrido desde que se emitió la orden de aprehensión. Agregó que los asesores jurídicos ya proporcionaron a la autoridad la información que tenían y que corresponde a la Fiscalía continuar con las labores de búsqueda.
Consideró que, si se niega la protección federal, el acusado perdería la posibilidad de utilizar ese recurso para evitar la ejecución de la orden de aprehensión, aunque todavía tendría la opción de impugnar la resolución.
Explicó que, si Mario Gabriel P.P. es detenido antes de que se resuelva el amparo, deberá ser presentado ante el juez de control que emitió la orden. En ese escenario, sostuvo, el juicio de amparo perdería el efecto que buscaba, pues la orden ya habría sido ejecutada.
El caso se hizo público en agosto, cuando la madre de la niña, Nallely Elizabeth B. V., denunció ante la Fiscalía los presuntos abusos contra su hija. Posteriormente, junto con sus abogados, hizo públicos cuestionamientos sobre el desarrollo de la investigación y la falta de detención del acusado.
La familia de Mario Gabriel P.P. también ha difundido señalamientos de amenazas y hostigamiento contra sus integrantes. En respuesta, la madre y su equipo jurídico rechazaron esas acusaciones y se deslindaron de las amenazas y de la corona fúnebre que fue dejada en el exterior de El Viejo Oeste el pasado 2 de octubre.
Félix dijo que la madre de la niña se encuentra desesperada por la falta de avances y cuestiona por qué, pese a haber presentado la denuncia y aportado información, las autoridades no han logrado detener al acusado.
El abogado pidió a la Fiscalía que refuerce las labores para localizarlo, al señalar que la detención es el paso pendiente para que pueda comenzar a avanzar el proceso penal.
Este medio buscó el posicionamiento de la FGE sobre los señalamientos de presuntos nexos de Mario Gabriel con funcionarios que habrían impedido su captura, así como una respuesta oficial sobre por qué la orden de aprehensión no ha sido ejecutada a tres meses desde que se liberó, sin que hasta el momento haya respondido.
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