Ciudad Juárez– En un oficio signado por el titular de la Subunidad de Apoyo Jurídico de la Fiscalía General de la República (FGR), Gerardo Esquivel Ayala, la representación social informó de la prohibición de retenes sin apego a la ley por los cuales en meses anteriores ha habido denuncias públicas por malos tratos.
La medida fue informada directamente a la senadora Nora Yu Hernández. Prohibieron desde el 26 de octubre de manera estricta la instalación de filtros “que no estén vinculados con el desarrollo de técnicas y actos de investigación, esto bajo el mando y conducción del Ministerio Público de la Federación (MPF)”, se lee en el escrito con folio FGR-AICSUAJ-02197-2026 de respuesta a la petición de información de la legisladora.
Este documento fue entregado el 9 de noviembre a la senadora, pero un mes antes la FGR dio a conocer que abrió una carpeta de investigación contra quien resulte responsable por el delito de cohecho, tras los señalamientos desde agosto de 2026 sobre supuestos cobros para permitirles a los conductores continuar su camino, en retenes de la carretera entre Ciudad Juárez y Chihuahua.
El documento refiere un escrito de denuncia atribuido a la senadora, en el que exponen quejas de usuarios por tres puntos de revisión operados por la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la propia FGR, cerca de Precos, en Samalayuca.
Según el relato incorporado al oficio, transportistas denunciaron que, además de las revisiones y demoras, en algunos casos les habrían exigido hasta 20 mil pesos para dejarlos circular, bajo la amenaza de imponerles multas o retener sus unidades.
La Fiscalía señaló que los hechos podrían constituir cohecho, previsto en el artículo 222, fracción I, del Código Penal Federal, y solicitó a la senadora información precisa sobre el tiempo, modo y lugar para identificar a posibles responsables y continuar las diligencias.
El 12 de agosto, El Diario publicó declaraciones de Édgar Olivas, delegado de la Confederación Nacional de Transportistas de México (Conatram), quien denunció que presuntos agentes en retenes de la carretera Chihuahua-Juárez exigían hasta 20 mil pesos a operadores de carga.
En enero de 2026, una maestra denunció que en carretera dos oficiales la detuvieron en un retén y le indicaron que su vehículo estaba de manera ilegal en el país y pese a que mostró copia de los documentos que acreditaban la propiedad y legalización, le exigieron 10 mil pesos, pero no accedió y tomó fotografías de los vehículos de los agentes que estaban en el punto.
El 23 de noviembre de 2025, El Diario publicó el testimonio de un pasajero que pidió el anonimato por seguridad y afirmó que entregaba dinero de manera recurrente en un retén del kilómetro 301, en Samalayuca, donde los agentes se identificaban como integrantes de la FGR.
Tras las denuncias de agosto de 2026, la Iniciativa Privada cuestionó la legalidad de estos retenes y pidió a la ciudadanía denunciar los casos de abuso de autoridad y cohecho.
La Fiscalía federal no ha dado a conocer resultados de las investigaciones por cohecho, que podrían derivar en acusaciones penales.
