Chihuahua, Chih.- El estado de Chihuahua es el quinto con más causas penales ingresadas a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación (PJF), con mil 333 reportadas durante 2025, de acuerdo con el análisis realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal y Estatal (CNIJF-E) 2026.

Según los datos del Censo, los órganos jurisdiccionales del Decimoséptimo Circuito, con sede en Chihuahua, fueron superados por el Primer Circuito de Ciudad de México, con dos mil 213; el Decimoquinto Circuito de Baja California, con mil 815; el Tercer Circuito de Jalisco, con mil 629 y el Cuarto Circuito de Nuevo León, con mil 402.

A nivel nacional fueron ingresadas 22 mil 221 causas penales a los órganos del Poder Judicial de la Federación, con lo que el estado concentró casi el seis por ciento de los casos que llegaron a estos juzgados.

La cifra de la carga laboral, tan sólo en materia penal, resalta ante las recientes protestas por parte de los trabajadores del PJF a nivel nacional y que Chihuahua fueron replicadas el pasado viernes con un paro de labores debido a que les fue impuesto un acuerdo por el Órgano de Administración Judicial (OAJ) en el que queda establecido que su continuidad laboral dependerá de los resultados que obtengan en una evaluación que les será aplicada una vez al año.

El OAJ aplicará las evaluaciones del 4 al 15 de diciembre a secretarios, actuarios y oficiales, es decir, personal que no fue electo por voto popular.

Aunque el Órgano aseguró que es falso que dicho procedimiento ponga en riesgo la permanencia de ninguna persona que forma parte de la carrera judicial, los trabajadores indicaron durante la manifestación que esto afectará a todos los trabajadores y que es un intento de despojarlos de sus plazas para entregarlas a los juzgadores electos el año pasado.

Ante las movilizaciones, abogados chihuahuenses opinaron sobre las afectaciones que pueden generarse, tanto para los empleados como los usuarios.

El vocero de la Federación de Colegios de Abogados, Ernesto Avilés, comentó que advierten una intención de tomar el control de las plazas por parte de los nuevos juzgadores, pero esto implica que personas con 20 o 30 años de servicio y de estarse preparando, podrían quedar fuera del Poder Judicial por un examen arbitrario.

El abogado Gabriel Vidaña comentó que también los usuarios se ven afectados de manera directa, refiriéndose sobre todo al tema de los amparos tramitados para garantizar el acceso a la salud u otros derechos fundamentales.