Guadalupe y Calvo— El tramo carretero de Chihuahua a Hidalgo del Parral fue un recorrido normal. Llegando al municipio de Guadalupe y Calvo todo cambió. Resaltaba el color verde de su vegetación la Sierra Tarahumara, el aroma a leña era penetrante, el azul intenso del cielo formaba parte de un hermoso paisaje. Todo parecía estar en paz y, en cierta forma, lo estaba; sin embargo, al adentrarse, aparecieron casas abandonadas, carros quemados, vehículos totalmente polarizados y sin placas y un ambiente de cuidado.
DÍA 1: PRIMERA PARADA
Todo inició el martes 3 de noviembre a las 6:00 de la mañana. La Misión Civil de Observación, integrada por la Plataforma por la Paz entre México y la Unión Europea, con acompañamiento de la eurodiputada Diana Riba y organizaciones como Taula por México, Médicos del Mundo y la red TDT, conformada por varias organizaciones que defienden los derechos humanos, se reunieron en las instalaciones de la asociación civil Consultoría Técnica Comunitaria (Contec).
El objetivo era el mismo: documentar agresiones, despojo y desplazamiento forzado para posteriormente hacerlo público con un informe y exigir protección al Estado de Chihuahua.
En total salieron cinco camionetas; el traslado hasta Parral fue tranquilo. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) encabezaron la caravana a fin de brindar mayor protección en esa zona que es catalogada como una de las más peligrosas.
La primera parada fue en el municipio de Guadalupe y Calvo, una población situada al sur de la entidad, en lo más profundo de la Sierra Madre Occidental, y una de las más aisladas de su territorio.
En el pintoresco pueblo había unos banderines de colores vibrantes que decoraban el camino que llevaba hasta la plaza principal, donde está una parroquia de un amarillo intenso.
Como parte de los trabajos, estaba programada una reunión a las 4:00 de la tarde con la presidenta municipal de Morena, Ana Laura González Ábrego, quien atendería a los organismos de la sociedad civil que viajaron desde diferentes países como Colombia y Cataluña, España, además de la Ciudad de México, Ciudad Juárez, entre otros sitios.
El plan era abordar la violencia que existe actualmente en Guadalupe y Calvo y todos sus alrededores; sin embargo, González Ábrego no acudió y envío a integrantes de su gabinete a atender a los visitantes.
El encuentro fue encabezado finalmente por Adriel Baca Velázquez, director de Obras Públicas del municipio de Guadalupe y Calvo, quien aseguró que el municipio vive uno de los momentos más críticos y que la violencia está a tope.
"Honestamente, la violencia está a tope ahora, nunca habíamos visto este nivel aquí".
La causa, explicaron, es el reacomodo de grupos criminales tras la caída de la siembra de amapola y mariguana.
“Antes la economía de los ranchos dependía de esos cultivos, ahora, tras la legalización en Estados Unidos y la llegada de drogas sintéticas, la disputa es por madera, minería y territorio. Todos los grupos delictivos quieren tener control sobre su propio lugar. Hay extorsión, llegan a las comunidades y les dicen 'váyanse o los matan'", señaló.
Informaron que el municipio atiende la crisis con un albergue propio y tres temporales, los cuales siempre están llenos.
"Tenemos los albergues llenos, con apoyos, despensas y todo lo hacemos nosotros. A veces nos ha tocado utilizar nuestro propio dinero para comprar boletos de autobús o apoyos para gastos funerarios", dijo Baca.
En la reunión acordaron tener una mayor coordinación entre los tres niveles de Gobierno, revisar el tema de la vivienda digna para las víctimas e impulsar una ley de desplazamiento forzado interno, ya que actualmente no hay partidas de recursos destinadas a esta problemática.
A la par que eso sucedía, las psicólogas Hilda de la Vega y Karina Baltazares, integrantes del Colectivo en Prácticas Psicosociales y de Acción Comunitaria, quienes acompañan a víctimas, atendían a un grupo de personas que acababan de ser desplazadas de la comunidad de Los Otates tras enfrentamientos registrados durante el fin de semana.
Los habitantes de esa zona señalaron que alrededor de 90 personas habían tenido que salir de su lugar de origen. La razón fue la misma que en otros casos: el crimen organizado.
Las familias tuvieron que dejar sus hogares y se trasladaron a la cabecera municipal de Guadalupe y Calvo y a otras partes del estado a fin de salvaguardarse.
Además, de acuerdo con los testimonios, entre los afectados hay niños, adultos y ancianos que tuvieron que salir por las condiciones de riesgo en la comunidad.
Los habitantes señalaron que los hechos ocurrieron en Los Otates, lugar perteneciente al seccional de San Juan Nepomuceno, donde reportaron un tiroteo entre presuntos grupos delictivos.
DÍA 2: “TUVIMOS QUE SALIR SIN NADA”
“Llevo seis años desplazada; tuvimos que salir así sin nada. Desde entonces no hemos podido volver. Al principio la vida se puso triste y ahorita, aquí andamos echándole ganas”, dijo una mujer en Baborigame, lugar en donde llevaron a cabo la segunda reunión.
El equipo, que conformó la Misión Civil de Observación, partió el segundo día a las 5:30 de la mañana de Guadalupe y Calvo hasta Baborigame, durante el camino fue posible observar carros y trocas quemadas, casas abandonadas y cruces con nombres de personas fallecidas en medio del bosque.
Al llegar había un ambiente tenso, la instrucción de las personas locales a las extranjeras fue no tomar fotografías por cuestiones de seguridad.
El día estuvo conformado por tres encuentros: el primero con víctimas, quienes narraron lo difícil que ha sido sobrellevar la vida después de ser obligados a abandonar sus territorios.
"Venimos de Coloradas, de Cinco Llagas, de Pie de la Cuesta. Tuvimos que dejar nuestras comunidades; todo es muy difícil acá, nos pagan 100 pesos por día. Desde las ocho de la mañana y hasta la noche”, contó una de las víctimas.
Otra persona dijo que vive en una casa de dos cuartos con dos o tres familias; prácticamente en hacinamiento.
"Vivimos hasta quince personas en un solo cuarto, dormimos en el suelo, no tenemos nada”.
La segunda reunión fue con autoridades de salud y de seguridad; ahí hablaron de la necesidad de que haya más agentes y señalaron que desde hace más de dos años no cuentan con Policía Municipal; además hablaron de la urgencia de que haya más médicos y especialistas.
“Aquí en Baborigame sólo tenemos un doctor, pero no contamos con especialistas, no hay una atención para las embarazadas, por ejemplo, tampoco pediatra que atienda a los niños que muchas veces sufren desnutrición”.
Médicos del Mundo brindaron atención médica a bebés y niños de distintas edades, jóvenes, adultos y ancianos, además llevaron medicamentos.
Tras conocer la problemática, hoy serán planteados ante autoridades estatales, a quienes las víctimas señalaron como ausentes, tres puntos: crear un registro estatal público de personas desplazadas, instalar una mesa interinstitucional permanente, presupuesto asignado xpara atender al Desplazamiento Forzado Interno en 2027 y tener traductores con las personas indígenas.
DÍA 2 : VISITA A PARRAL
El último punto de encuentro fue Hidalgo del Parral, en donde hay desplazados de Chihuahua, Durango y Sinaloa, de la Sierra Madre Occidental.
Ahí, al igual que en Guadalupe y Calvo y Baborigame, la situación es la misma: llevan meses y años pidiendo regresar a sus comunidades de manera segura.
El desplazamiento forzado interno se ha agravado en el país. Según la Encuesta Intercensal 2025 del Inegi, entre octubre de 2020 y octubre de 2025, 510 mil hogares registraron al menos una persona desplazada por violencia e inseguridad.
En Chihuahua, al menos cuatro mil 492 personas fueron desplazadas en 2025; mil 335 de ellas procedían del municipio de Guadalupe y Calvo, según el informe de la Misión presentado en agosto pasado.
En febrero de este año, más de 200 familias del seccional de Atascaderos, en este mismo municipio, fueron desplazadas en menos de 24 horas. Las comunidades más afectadas son de indígenas ódami y rarámuri de la Sierra Tarahumara.
