Al menos tres testigos señalaron a un abogado del despacho Legal Estudio Jurídico por presuntamente haber entregado un millón de pesos en efectivo al juez Luis Eduardo Rivas Martínez, del Juzgado Séptimo de Distrito, para favorecer a José Luis A. C. –dueño del crematorio Plenitud– en su resolución del amparo indirecto 746/2025.
La cita ocurrió, según las fuentes que solicitaron el anonimato por temor a represalias, en casa del juez y no en las instalaciones del Poder Judicial de la Federación (PJF), cerca del mes de diciembre, y en enero el resolutor habría recibido intimidaciones para generar la sentencia, que en febrero de 2026 se emitió para revertir el auto de vinculación a proceso y con ello permitir la libertad del acusado de ocultamiento y conservación ilegal de cadáveres.
Tanto Manuel Pineda, de Legal, como el juez negaron las acusaciones categóricamente. El primero señaló que nadie de su despacho conoce a Rivas Martínez en persona, que el amparo (ahora revocado) se había resuelto en tiempo, fundado y motivado, contrario a la revisión del mismo por el Segundo Tribunal Colegiado. El segundo dijo que de haber información sobre actos de corrupción, la ciudadanía puede interponer quejas ante el Tribunal de Disciplina para que se investiguen.
Hasta anoche no se había reportado la interposición de quejas ante el Tribunal de Disciplina por el caso.
De acuerdo con las versiones recabadas por El Diario, el abogado supuestamente responsable de entregar el dinero es identificado como “Murga”, de nombre Ismael, quien dijo representar al despacho jurídico y haber realizado este tipo de actos con anterioridad. Además, aclaró que el juez no encontraba cómo justificar el amparo, y por ello no lo había resuelto pese a que fue interpuesto desde julio de 2025, tras la vinculación a proceso el 4 de julio en los juzgados estatales.
“Niego absolutamente cualquier tipo de señalamiento de corrupción. Es totalmente falso. Hay investigaciones que se están haciendo respecto del órgano de administración; de los quejosos, que pueden presentar sus quejas, y nosotros estamos aquí para atender cualquier solicitud que nos hagan”, afirmó Rivas Martínez.
Continuó: “Cualquier persona que tenga alguna información respecto de cualquier servidor público puede presentar la denuncia, las pruebas que tenga a su disposición”.
El juzgador reconoció que el escrutinio público forma parte del trabajo que desempeña, pero “en muchas ocasiones se dicen cosas sin sustento, se hacen afirmaciones que al final de cuentas afectan la vida de los servidores públicos, sobre todo si son afirmaciones a la ligera”.
El Diario recabó tres testimonios distintos en los que se señala a “Murga” de haber reconocido la entrega del dinero, así como haberlo hecho en la residencia del juzgador para no atraer la atención en las instalaciones del Poder Judicial, cerca de Galerías Tec, aunque no se precisó la zona donde habita Rivas Martínez.
Personal de Legal reconoció que aproximadamente desde diciembre de 2025, Ismael Hernández Murga trabaja para el despacho, pero se negó categóricamente su participación en hechos de corrupción, y se apuntó que ni siquiera participa en el caso del crematorio Plenitud.
Pineda acusó, por otra parte, al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito de haber resuelto el amparo en revisión que revocó el amparo que dio Rivas Martínez, pues fue a finales de febrero que se interpuso el recurso por parte de la Fiscalía General del Estado y las víctimas, y se resolvió en mayo, en menos de los 90 días que la Ley de Amparo da a los órganos jurisdiccionales para fijar una postura.
El abogado defensor de José Luis A. C. denunció que el órgano colegiado se “saltó turnos”, y ofreció criterios contradictorios en dos amparos en revisión distintos relacionados con el acusado.
En el amparo 94/2026 se entró al estudio del asunto y se revocó el amparo que concedió en febrero Rivas Martínez, mientras que en el amparo 376/2025 no se entró al estudio porque se mantuvo el supuesto del amparo concedido, se explicó.
Pineda anunció que se levantaría una queja ante el Tribunal de Disciplina por esas inconsistencias en las resoluciones del Segundo Tribunal Colegiado, que fueron discutidas y aprobadas por unanimidad el mismo día, con seis minutos de diferencia una de la otra. Reiteró no haber formado parte de ningún acto de corrupción.
