Para poder reunir a 132 testigos, entre presos, policías, ministeriales y peritos, que tuvieron conocimiento o participación en el “jueves negro”, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó diferir el inicio del juicio por terrorismo que se sigue contra Jorge Antonio C. B. y Juan Carlos V.
La defensora pública de Jorge reclamó que aunque fueron notificados del juicio el 24 de abril de este año, fue hasta el 8 de mayo que el Ministerio Público Federal se puso a buscar a sus testigos, por lo que hubo “negligencia e irresponsabilidad” y que esto no debería afectar a su representado, por lo que el juicio debía empezar ayer sólo con los ocho testigos que se lograron contactar, lo que la jueza Victoria Alejandra Espinoza Alanís negó, pues no pudo comprobar siquiera que fueron notificados correctamente.
Ayer, la audiencia donde se abriría el juicio inició a las 9:15 de la mañana como estaba programado, pero sin los defensores públicos de los acusados, quienes llegaron con ocho minutos de retraso. Luego, la defensora de Jorge reclamó que el hombre estuviera por videoconferencia. C. B. se encuentra en prisión preventiva en el Cereso 1 de Aquiles Serdán desde agosto de 2022 cuando que fue detenido por daños a un camión con una bomba molotov, delito por el que se le castigó con un año de prisión en 2024.
La jueza Espinoza Alanís afirmó que ella ordenó su traslado a Juárez, pero la Secretaría de Seguridad Pública del Estado desacató su orden.
Enseguida el Ministerio Público solicitó el diferimiento pues el auto de apertura a juicio oral aprobado el 15 de julio de 2025 permitió 132 testigos, pero la notificación del inicio del juicio no permitió localizar a 124 de ellos.
Los defensores públicos se opusieron, pues la ausencia de los testigos era atribuible a la Fiscalía y no al Juzgado o los acusados. “Son unos negligentes”, acusó la defensora de Jorge, aunque después la jueza le pidió mantener la cordialidad, y al llamar a un receso para que el Ministerio Público Federal diera cuenta de las notificaciones que se realizaron, el agente federal pidió respeto de la litigante, quien le contestó que estaba en su derecho de reclamar por su representado, y que no le faltó al respeto.
Pasado el receso, el defensor de Juan Carlos aseguró que el Ministerio Público notificó a los testigos hasta el 8 de mayo, pero primero intentó el 28 de abril diferir el juicio, sin éxito.
La Fiscalía informó que se solicitó la comparecencia de peritos federales, estatales, agentes estatales de Investigación, policías municipales y 21 testigos que fueron solicitados a la Dirección de Centros de Reinserción del Estado.
De nuevo la defensora de Jorge arremetió contra la Fiscalía, al asegurar que la falta de notificaciones fue una “negligencia, una irresponsabilidad y un atenerme a que el Tribunal de Enjuiciamiento” remediaría los errores, y que la falta de diligencia de la Federación afectaba a su representado, que lleva más de tres años preso, lo que supera los dos años contemplados en la Constitución mexicana.
Espinoza Alanís escuchó a los intervinientes, pero tenía hecha su decisión, dijo. Difirió el inicio del juicio por la falta de notificación a los testigos y pidió una “disculpa por los inconvenientes” a los acusados.
Además, instruyó al Ministerio Público a informar de todas y cada una de las notificaciones realizadas al inicio del juicio, postergado hasta julio, y que en caso de que no comparezcan sus declarantes, se desecharan del juicio.
El 11 de agosto de 2022 en Ciudad Juárez ocurrió un episodio de violencia criminal contra la población civil que se denominó “jueves negro”. Un total de 11 personas fueron asesinadas en diferentes puntos de la ciudad, sin relación con el crimen organizado, por integrantes del grupo criminal Mexicles, liderado por el ahora finado Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, alias “El Neto”, quien ordenó desde el interior del Centro de Reinserción Social número 3 la desestabilización en la ciudad, según reportes hemerográficos.
