Chihuahua.- Mientras la Coordinación Estatal de Protección Civil sostuvo que la sanción por el derrame de ácido sulfhídrico registrado días atrás en la ciudad corresponde a la autoridad federal, trascendió que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) presentó una denuncia penal contra la empresa Teggeo S.C., dedicada al manejo y transporte de residuos peligrosos en Ciudad Juárez y el norte del país.
El accidente ocurrió en el cruce del periférico Lombardo Toledano y Juan Pablo II, donde una pipa de la empresa “Domo Fletes y Servicios” derramó cerca de 300 kilos de ácido sulfhídrico, sustancia utilizada en el tratamiento de metales.
El incidente generó riesgos a la salud en un radio de aproximadamente 400 metros y provocó daños por corrosión en al menos una decena de vehículos. Para controlar la emergencia, autoridades municipales acordonaron la zona, mientras la empresa utilizó alrededor de 400 kilos de bicarbonato de sodio para neutralizar el químico y realizar labores de limpieza.
Sobre los daños materiales, el alcalde Marco Bonilla informó que existe disposición de la compañía responsable para cubrir las afectaciones; sin embargo, señaló que las personas afectadas deberán interponer sus denuncias ante la Fiscalía General del Estado para hacer válida la responsabilidad civil.
Por su parte, Protección Civil estatal reiteró que la investigación y sanción de incidentes relacionados con el traslado de residuos peligrosos son competencia exclusiva de la federación.
En este contexto, se dio a conocer que la PROFEPA ha sancionado recientemente a tres empresas del ramo, dos en el Estado de México y una en Chihuahua.
En el caso de Teggeo S.C., la dependencia federal presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público de la Federación, luego de una inspección realizada el pasado 8 de mayo, en la que detectó presuntas irregularidades en registros y bitácoras relacionados con la recolección y transporte de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos (RPBI).
Derivado de ello, las autoridades ordenaron el cese inmediato de operaciones de transporte, la clausura temporal total del establecimiento y solicitaron a la Semarnat la revocación de su autorización operativa.
