Ciudad Juárez, Chih.- Un caso de abuso sexual infantil cometido presuntamente por un sacerdote católico llegó hasta la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), que emitió la recomendación 07/2026 a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, pues la Fiscalía cerró el caso y la Procuraduría no garantizó medidas de seguridad para la niña víctima.

El caso involucra a Istibal V. O., sacerdote quien hasta 2023 fue vicario de la parroquia Dios Padre, pero quien en 2020 fue denunciado por tocamientos indebidos a una niña de entonces 10 años de edad.

La denuncia del abuso sexual, confirmado por una perita médico legisla y una psicóloga de la Fiscalía, fue presentada en septiembre de 2020, por hechos ocurridos el mes anterior e inicios de ese.

Dos meses después, resolvieron no ejercer acción penal por “inexistencia del delito” por parte de la representación social, pero un juez federal ordenó retomar el caso, lo que ocurrió hasta junio de 2022, cuando formularon imputación pero no vinculación a proceso.

El 18 de julio de 2022 solicitaron el sobreseimiento de la causa por parte de la defensa del sacerdote, pero fue negado, aunque en 2023 el juez Carlos Jaime Rodríguez García la sobreseyó.

Para la Comisión, entre 2022 y 2023, la Fiscalía debió haber realizado más actos de investigación para reforzar el caso, “sin embargo no fue así”, escribió el órgano garante.

Además, no existe evidencia de que hubiesen buscado una medida especial de protección para la niña víctima, lo cual es responsabilidad de la Fiscalía y la Procuraduría proveer ante las indagatorias por el abuso sexual.

La denuncia ante la CEDH fue realizada en 2024, y por esa razón, la Comisión desechó el poder posicionarse en contra de la presunta privación de la libertad de la niña por parte de la Procuraduría, y de la orden de realizar pruebas médicas invasivas a la niña, diligencia mandatada por una jueza de Control. La Comisión afirmó que pasó más de un año de esos hechos, por lo que no eran materia de la recomendación.

Además, afirmó que “este organismo no puede analizar las acciones y omisiones de autoridades eclesiásticas o de personas que no sean servidoras públicas mencionadas en el análisis de esta resolución”.

El padre de la víctima fue quien interpuso la denuncia, en la que dejó saber a la Comisión de Derechos Humanos que “temo actos de violencia institucional, violencia física, amenazas, desaparición forzada, violencia cibernética o daño a nuestro patrimonio que pudiéramos sufrir mis hijos o yo, por parte de los funcionarios señalados, los sacerdotes Istibal V. O., Salvador Magallanes, José Guadalupe Torres Campos, Juan Carlos López y Gustavo Balderas o los abogados de V. O.

En su recomendación, la CEDH sugiere otorgar atención psicológica a la víctima, además de asesoría jurídica gratuita, así como medidas legales y administrativas en contra de las personas servidoras públicas que atienden casos con víctimas niñas, niños o adolescentes.

La Fiscalía ha omitido responder si la recomendación ha sido aceptada.