Ciudad Juárez.- La audiencia por fraude contra María Manuela S. M., propietaria de la funeraria Luz Divina, fue diferida por tercera ocasión luego de que la acusada no se presentó y su defensa argumentó que se encontraba enferma, situación que la jueza Angélica Lizbeth Álvarez Carreón consideró suficiente para reprogramar la diligencia.

Durante la audiencia celebrada este martes, la defensa presentó documentación médica para justificar la inasistencia de la acusada. Entre los documentos se encontraba una receta expedida un día antes, en la que se ordenó reposo por tres días y se prescribió amoxicilina, además de una receta previa relacionada con artritis reumatoide con fecha de febrero de este año.

Los asesores jurídicos de algunas víctimas cuestionaron la validez de esos documentos al señalar que no se presentó un certificado médico ni una prueba que acreditara un diagnóstico específico o la imposibilidad de comparecer. También argumentaron que la acusada pudo haber participado de manera virtual.

Sin embargo, la jueza resolvió diferir la audiencia al considerar el derecho a la salud de la acusada y fijó como nueva fecha el próximo 19 de agosto a las 9:00 de la mañana.

Con ello, el proceso continúa sin llegar a la formulación de imputación, etapa que permanece pendiente desde que fue judicializada la causa penal.

Durante la misma audiencia se dio trámite a nuevos acuerdos reparatorios. Tres víctimas se presentaron ante la jueza para manifestar su conformidad con los convenios alcanzados con la acusada, dentro de una causa en la que ya se han concretado 14 acuerdos reparatorios de un total de 20 víctimas denunciantes.

Los montos de esos acuerdos han oscilado entre los 5 mil y los 44 mil pesos.

No obstante, algunas víctimas mantienen su rechazo a dichos mecanismos. La asesora jurídica Olivia Aguirre Bonilla, representante de dos personas afectadas, sostuvo que los convenios aprobados no garantizan una reparación integral del daño y aseguró que varias víctimas han aceptado los acuerdos debido a necesidades económicas.

Aguirre señaló que sus representadas buscan que se reconozcan afectaciones psicológicas derivadas de los hechos relacionados con el crematorio Plenitud, así como gastos asociados a terapias, traslados y asistencia a audiencias.

La litigante también cuestionó que el Ministerio Público no haya practicado periciales psicológicas a todas las víctimas y afirmó que ya solicitaron que una evaluación realizada en otra carpeta de investigación sea incorporada al presente procedimiento para sustentar una eventual reparación integral.

Durante la audiencia, una de las víctimas identificada como Miriam solicitó el uso de la palabra y expresó su inconformidad por los retrasos del proceso.

“¿Quién respeta los derechos de las víctimas? Por lo que veo, tienen más derechos las personas imputadas o acusadas que las víctimas”, manifestó ante la jueza.

Por otra parte, Aguirre anunció que presentará una queja contra la jueza y contra la agente del Ministerio Público. La decisión deriva, dijo, de una determinación judicial para dar vista sobre una posible irregularidad relacionada con la solicitud de copias de la carpeta de investigación por parte de representantes de víctimas.

La asesora jurídica rechazó que solicitar nuevamente la carpeta constituya alguna conducta indebida y calificó la medida como intimidatoria. Asimismo, acusó decisiones que consideró arbitrarias dentro del proceso.

A casi un año del hallazgo de 386 cuerpos en el crematorio Plenitud, Aguirre sostuvo que las víctimas continúan sin obtener justicia ni una reparación integral del daño.

Las 20 personas denunciantes señalaron haber contratado servicios de velación y cremación con Luz Divina. Sin embargo, posteriormente identificaron que los cuerpos de sus familiares se encontraban entre los restos localizados en el crematorio Plenitud, descubierto en junio de 2025.

La audiencia contra María Manuela S. M. ya había sido diferida anteriormente. En una sesión previa, la jueza reprogramó la diligencia debido a problemas de comunicación del Ministerio Público con algunas víctimas y cuestiones relacionadas con la representación jurídica de personas afectadas. Pese a esos aplazamientos, el proceso ha continuado avanzando parcialmente mediante acuerdos reparatorios y sobreseimientos parciales.