Chihuahua.- El fiscal Anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela, comentó que la detención del médico con la iniciales D. H. M. sería una de varias que podrán ser realizadas próximamente para desmantelar una red ilegal de venta de medicamentos oncológicos efectuada en la pasada administración.
“Pues nos va a llevar todavía a algo más fuerte. Lo que nosotros queremos es desmantelar toda esa red de irregularidades que hicieron con los medicamentos oncológicos que se daban en aquel momento en la
De acuerdo con la acusación contra el detenido, sería el responsable de firmar recetas para liberar medicamento contra el cáncer, presuntamente coludido con otro exfuncionario estatal, quien ya fue arrestado y está en proceso judicial.
Ayer en la audiencia realizada en el Centro de Justicia, el imputado reconoció su firma en los documentos que le fueron mostrados, pero apuntó que esas recetas las hizo por seguir instrucciones de un superior.
El miércoles fuentes oficiales de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua (FACH) informaron que ejecutaron una orden de aprehensión librada por un juez de Control en contra de D.H.M., quien en esa administración estatal se desempeñaba como médico general del Ichisal por su probable participación en el delito de peculado agravado dentro de la causa penal 894/26, en un caso que involucra medicamentos oncológicos de alta especialidad, destinados a pacientes que enfrentan una de las enfermedades más complejas.
Indica que de acuerdo con la investigación desarrollada, el hoy detenido, como médico general adscrito al Instituto Chihuahuense de Salud (Ichisal) presuntamente habría participado en los hechos, al emitir receta médica mediante la cual fueron prescritos los referidos medicamentos oncológicos al diverso imputado de iniciales A.V.CH., quien fungía como coordinador estatal de Almacenes y Farmacias del Ichisal y actualmente está vinculado a proceso desde el pasado 7 de abril de 2026.
Las indagatorias establecen que dicha conducta la habrían materializado mediante la prescripción y posterior suministro de medicamentos sin una justificación médica válida, con indicaciones que no correspondían a un diagnóstico clínico acreditado y fuera de los tiempos establecidos para su legal canje.
Asimismo, la investigación permitió establecer que el beneficiario de los tratamientos habría sido el propio servidor público encargado del almacén institucional, quien carecía de una condición médica que justificara la administración de los fármacos.
