Ante hechos de agresión, abuso o violencia al interior de las escuelas, el Protocolo Único para la Prevención, Detección y Actuación en Casos de Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes establece que las autoridades educativas deben proteger a las posibles víctimas, documentar los hechos y dar vista a las instancias competentes para su investigación.
Bajo ese argumento, la Subsecretaría de Educación y Deporte en la Zona Norte respaldó la actuación del Instituto Tesla en el caso que derivó en una sentencia civil por casi 21 millones de pesos a favor de un exalumno.
El subsecretario Roberto Anaya Moreno informó que la dependencia revisó documentación relacionada con el asunto y confirmó que el plantel acudió a la autoridad educativa tras recibir señalamientos contra un estudiante mayor de edad por presuntas conductas inapropiadas hacia compañeras menores de edad.
“Lo que sí puedo señalar es que la escuela se acercó efectivamente a la Subsecretaría y la Subsecretaría sí siguió el protocolo que tenía en su momento”, declaró.
Los hechos ocurrieron en 2022
De acuerdo con el funcionario, los hechos ocurrieron en junio de 2022. Dijo que la información presentada por la institución refería que alrededor de 20 alumnas señalaron al estudiante por distintas conductas y que varias de ellas presentaron denuncias formales.
Anaya explicó que, tras recibir la información, la Subsecretaría elaboró y presentó un oficio ante la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM) para que realizara la investigación correspondiente.
“El asunto se presentó ante la Fiscalía de Delitos contra la Mujer para que ellos investigaran y siguieran el asunto puntualmente”, indicó.
Según la versión expuesta por el subsecretario, la dirección del plantel tomó la decisión de separar al estudiante de la institución como medida de protección para las alumnas involucradas.
“Con una sola denuncia tenían elementos para actuar. La obligación de cualquier escuela es proteger a sus estudiantes”, expresó.
El funcionario sostuvo que, desde la perspectiva de la autoridad educativa, la actuación del colegio fue acorde con las facultades que tenía en ese momento y con las medidas que correspondían para salvaguardar a las alumnas.
La controversia escaló a la vía civil años después, cuando el exalumno promovió una demanda contra el Instituto Tesla por presuntos daños a su imagen, proyecto de vida y derechos humanos.
Como resultado, un tribunal emitió una resolución en primera instancia que condena al plantel al pago de casi 21 millones de pesos.
Anaya señaló que la Subsecretaría no tiene facultades para intervenir en el litigio ni para asumir la defensa jurídica de la institución, debido a que se trata de un procedimiento entre particulares.
Podría generar inquietud
El funcionario consideró que el caso podría generar inquietud entre directivos de otros planteles al momento de tomar decisiones relacionadas con denuncias por posibles agresiones contra estudiantes.
“Una escuela que protege a sus alumnas y actúa para separarlo de la comunidad escolar termina enfrentando una sanción millonaria. Eso puede provocar que otros directivos se la piensen dos veces antes de actuar”, comentó.
No obstante, señaló que el fallo aún no es definitivo, ya que la institución cuenta con recursos legales para impugnar la resolución emitida en primera instancia.
Anaya informó además que la Secretaría de Educación y Deporte trabaja en una actualización del protocolo estatal para ampliar su aplicación a los niveles medio superior y superior, ya que originalmente fue diseñado para educación básica.
Mientras tanto, el caso del Instituto Tesla continuará en tribunales, donde se resolverá si la sentencia permanece o es modificada durante las siguientes etapas del proceso judicial.
