Chihuahua, Chih.- Pese a las acciones implementadas por autoridades de los tres niveles de gobierno, la violencia provocada por disputas del crimen organizado (La Línea/Cártel de Sinaloa) en Guadalupe y Calvo, cuyos estragos ya han alcanzado a la población civil con asesinatos, toques de queda, "levantones" y desplazamiento forzado, no ha sido contenida y por el contrario, en el presente año muestra una tendencia al alza con algunos eventos de alto impacto.
En el rubro de asesinatos, del 1 de enero al 23 de julio, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha contabilizado 59 víctimas, entre ellas 58 de homicidio doloso y una de feminicidio.
Tan sólo del 20 al 22 de julio fueron 10 las personas privadas de la vida, entre ellas un reconocido feligrés de la comunidad cristiana de Yerbitas y su padre, así como tres jóvenes cuyos cuerpos fueron abandonados dentro de un camión de la paraestatal Diconsa, aunque las autoridades descartaron que sean trabajadores del Gobierno Federal.
En comparación con otros años, 2026 ya superó las 51 muertes violentas ocurridas en 2023, que incluyen tres feminicidios y además está a cinco casos de alcanzar la incidencia total de 2025, que cerró con 64 homicidios –entre ellos dos por razones de género-.
En 2021 hubo 67 asesinatos (66 homicidios dolosos y un feminicidio); en 2022 fueron 65 (64 homicidios y un feminicidio) y en 2024, año con mayor incidencia en la presente administración, hubo 79 víctimas, todas de homicidio doloso.
El total en cinco años y medio es de 385 personas asesinadas en uno de los municipios más afectados por la delincuencia organizada y las disputas territoriales entre grupos que ven esta zona como un bastión para controlar las actividades ilícitas en el norte de México.
En este año, los hechos de sangre comenzaron desde los primeros días del año, pero destaca una racha violenta en febrero que dejó al menos cinco asesinatos en la región de Atascaderos, incluido el de un adolescente de 14 años identificado como A. R. N, ocurrido el día 18 y de otra menor de la misma edad y de iniciales K. N. V. R., el 28 de febrero, así como varios ataques con granadas, lo que propició la huida de las personas hacia otros municipios.
El 6 de abril ocurrió el ataque a una avioneta cerca de la región conocida como Cabeza del Cuervo, entre los límites de los estados de Chihuahua, Sinaloa y Durango, en la que viajaban un empresario minero inglés, dos geólogos americanos y un piloto chihuahuense que realizaban vuelos como parte del proyecto minero Copalquin, Durango.
Todos salvaron su vida gracias a que el piloto pudo aterrizar de emergencia su avioneta Cessna en la pista de Santa Rosalía de Carrizales. Aunque pudieron huir, los agresores ubicaron la nave en tierra con un dron desde el que dejaron caer cargas explosivas que la calcinaron en su totalidad.
El 8 de mayo fueron localizados dos cuerpos a bordo de una camioneta incinerada en las inmediaciones de la comunidad El Ocote, en el camino hacia Puerto Las Vírgenes, donde además fueron asegurados casi 60 casquillos calibre .223, así como algunos 7.62x39.
El pasado 29 de junio, una mujer de 39 años de edad, de nombre Laura Anahí C.A., arribó sin vida al aeropuerto Frisco, ubicado en el municipio de San Francisco del Oro.
La mujer originaria de la comunidad de Cinco Llagas presentó amputación parcial de pierna derecha, a la altura de tibia y peroné, que presumen que fue provocada por un artefacto explosivo.
Los últimos hechos de impacto en aquel municipio fueron el hallazgo del pastor Miguel Ángel Valenzuela Martínez y su padre, Ángel Valenzuela Cano, el 20 de julio, a la altura del kilómetro 5 del tramo carretero que conecta a El Ocote con la cabecera de Guadalupe y Calvo.
De acuerdo con el fiscal de Distrito Zona Sur, Guillermo Hinojos Hinojos, ambos habrían sido privados de la libertad desde el 18 de julio por presunto integrantes del Cártel de Sinaloa.
Ese mismo día, cerca de las 17:30 horas fue reportado el hallazgo de otros cuatro cuerpos en el lugar conocido como Ojo Frío. Las autoridades aseguraron los cadáveres y diversos casquillos percutidos de calibres 7.62x39 mm, .223 mm y calibre .50 mm.
Hasta ayer, sólo había sido identificado Adolfo R. B., de 23 años, con domicilio en Guadalupe y Calvo.
El miércoles 22 dieron a conocer el hallazgo de tres cuerpos dentro de la caja de una camión de la empresa paraestatal Diconsa-segalmex, el cual estaba abandonado en el tramo carretero que conduce a la comunidad de El Ocote.
De acuerdo con el titular de la oficina de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Benjamín Carrera Chávez, las víctimas no eran parte de Diconsa o de alguna área del Gobierno federal.
Lo mismo fue expuesto por el fiscal Guillermo Hinojos quien añadió que aún continúan con la identificación de las víctimas cuyas edades parecen oscilar entre los 16 y los 25 años.
Asimismo, el funcionario indicó que el conductor y único tripulante del camión fue localizado con vida el mismo miércoles.
Además, el 22 de julio fue encontrado un cuarto cuerpo, el décimo en dos días. El fallecido, de entre 30 y 35 años, fue hallado en localidad de Llano Blanco y hasta ayer no había sido identificado.
MÁS ALLA DE LAS BALAS; EL AISLAMIENTO COMO ARMA Y EL HAMBRE COMO HERIDA
No obstante, estos delitos no son ni la única ni la más grave muestra de la situación que atraviesan los habitantes de esta localidad enclavada en el llamado “Triángulo Dorado”, donde la complejidad orográfica se vuelve aún más abrumadora por la presencia de sicarios que ya no sólo son amenaza para sus rivales, sino para todas las personas que quedan aisladas entre el plomo de sus balas y el vuelo de sus drones.
Los habitantes de la zona también han padecido falta de servicios públicos. El 10 de enero, la población de la cabecera municipal denunció que tenían 80 horas sin servicios de telefonía fija, celular e internet de Teléfonos de México (Telmex) y Telcel.
A las fallas en la proveeduría de servicios se suma la intervención directa de las células delictivas que impiden el paso de alimentos o que inhiben la presencia de personal médico para atender a la población.
Esta realidad incluso fue reconocida en días pasados por el alcalde de Parral, Salvador Calderón Aguirre, quien indicó la presencia de grupos armados y la inseguridad, perjudican la comunicación, el intercambio comercial y el flujo de familias en la región que comprende de Parral a Guadalupe y Calvo, a tal grado, que deben llevar alimento a zonas aisladas.
“Parral y el Estado estamos haciendo un esfuerzo para llevar alimento a las áreas aisladas, porque los comerciantes sienten que no es seguro para ellos entrar a la región serrana. No entran y comienza la escasez de alimento, de combustibles y ese tipo de situaciones que afecta mucho a la gente”.
Al respecto, la asociación Consultoría Técnica Comunitaria A. C. (Contec) denunció que esta situación no es nueva y, en realidad, ya es una práctica común del crimen organizado el bloquear caminos para impedir el paso de los vehículos oficiales que transportan alimentos de programas sociales.
Como ejemplo, recordaron que entre cuatro y tres años atrás, en la comunidad de Santa Tulita se vivió una crisis alimentaria en donde bebés, infantes, mujeres embarazadas y adultos mayores presentaban niveles de desnutrición crónica.
Este caso quedó documentado por El Diario que reportó que sólo durante octubre de 2022 fueron ocho los niños muertos por desnutrición en la región serrana, siete de ellos en Guadalupe y Calvo, así como otros 16 durante 2023, también con un número importante de casos en ese municipio.
Incluso, diversas organizaciones realizaron una Jornada Civil por la Paz en Santa Tulita para llevar atención médica, alimentos y otros servicios con el apoyo del mismo Contec, la Diócesis de la Tarahumara, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), el Colectivo de Prácticas Psicosociales y Acción Comunitaria (Coppsac) y Asesorías para la Paz, A.C.
Desde Contec añadieron que en la última crisis vivida en las comunidades Cinco Llagas, Las Fresas, Otates, La Huerta, Mesa Coloradas, Laminita, El Cajoncito, Pie de la Cuesta, Placeres, El Duraznito, Casa Colorada y Mesa Colorada, recibieron reportes de los habitantes sobre bloqueos de caminos desde dos semanas antes de que ocurrieran los ataques con bombas arriba mencionados, en los que falleciera Laura Anahí.
Esto provocó que no pudieran surtirse las tienditas de las poblaciones, obligando a las personas a recurrir a sus reservas de frijol y maíz, que ellas mismas sembraron y cosecharon.
Esta dinámica está tan enraizada, señalaron los miembros de la organización, que la gente ya sabe cómo administrar sus raciones de alimento para tratar de que dure más.
Aunado a esto, puntualizaron que la inseguridad también afecta los servicios de salud para la población. Expusieron que durante mucho tiempo comunidades como Baborigame sólo contaban con una enfermera, aunque recientemente el Gobierno apoyó con un médico para atender a los pacientes.
Tampoco cuentan con insumos suficientes para dar una correcta atención a la salud, desde material básico de curación y sueros, hasta vacunas y medicamentos.
“Hay un problema muy grande porque los médicos no quieren ir para allá por la inseguridad, porque tienen miedo, pero tampoco el Estado garantiza la seguridad ni buenos salarios, ni suficiente personal para la gente que vaya a trabajar allá”, señaló una de las colaboradoras de Contec que por seguridad reserva su identidad.
Expuso la A. C. que para apoyar han emprendido una campaña de donación de medicamentos, material de curación y de vitaminas para que la gente más necesitada cuente con tratamientos y apoyo nutrimental, en la cual ha habido muy buena respuesta.
Hicieron un llamado a la Secretaría de Salud del Estado para que lleve con mayor frecuencia las caravanas médicas a las zonas alejadas y que, al acudir, lleven consigo los insumos suficientes pues en ocasiones se quedan cortos con medicamentos, vacunas u otros materiales.
Para ello también exhortó al Estado a brindarles seguridad, pues quienes trabajan en estas caravanas están expuestos a la presencia de los grupos delictivos.
Finalmente exigieron a las autoridades dejar de lado conflictos competenciales que entorpecen el llevar servicios a las comunidades indígenas, ya que en muchas ocasiones tanto el Gobierno estatal como el federal pierden el tiempo definiendo de quién es responsabilidad realizar una determinada acción.
DESPLAZAMIENTO: UN ÉXODO ENTRE EL MIEDO Y LA CARENCIA
En febrero ocurrió el primer episodio documentado de desplazamiento forzado en el año, en la comunidad de Atascaderos, donde 200 personas emigraron hacia diversos puntos, 80 de ellas hacia Parral y unas más a la capital y otras localidades.
El acercamiento con los afectados fue desde la noche del 24 de febrero, cuando las autoridades acudieron a brindar ayuda humanitaria consistente en alimentos, bebidas y medicamentos, garantizando la atención prioritaria a niñas, niños, personas adultas mayores y con alguna condición de vulnerabilidad.
El 17 de marzo, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas de la Violencia y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) reportaron que había iniciado el retorno seguro de los pobladores de Atascaderos.
Sin embargo desde el 28 de junio, cuando ocurrieron los ataques con bombas y durante los primeros día de julio otros cientos de personas se trasladaron a Baborigame, Parral, la capital y otros municipios.
En total, las colectivas y autoridades calcularon entre y 450 y 500 personas de diferentes poblaciones que salieron de sus hogares con diversos destinos.
De las 150 personas que salieron sólo de Cinco Llagas, entre 83 y 89 llegaron a Boborigame y el resto continúo caminando. Sin embargo, quienes se quedaron en esa comunidad y otras nueve más padecieron el aislamiento de no recibir alimentos precisamente por los bloqueos que Contec ya había denunciado.
Esta realidad tampoco es nueva; en Guadalupe y Calvo, el desplazamiento forzado es un problema añejo e imparable. En 2022 quedaron documentados casos entre enero y junio, donde al menos 40 familias abandonaron las comunidades de San José del Rincón, Santo Domingo, Calabazas, El Tigre y Los Espinos.
En junio de 2023, las autoridades confirmaron que 39 personas de la etnia tepehuán, entre ellas 31 menores de edad, tuvieron que huir de las comunidades de San Gerónimo, Santa Rita y La Sierrita y en diciembre la Diócesis de la Tarahumara narró una serie de agresiones directas contra la población de diversas comunidades como Santa Tulita, Puerto de Animas y Puerto Riyito.
Según la Visitaduría Regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en ese 2023 más de 350 personas fueron víctimas de desplazamiento.
Asimismo, sólo en diciembre de 2024, atendieron a personas de dicho municipio que abandonaron sus comunidades a causa de la violencia y la inseguridad, informó en hace unos meses el visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en Parral, Juan Armando Portillo.
RESPONDEN INSTITUCIONES PARA GARANTIZAR SEGURIDAD, ALIMENTO Y SERVICIOS
Sara Cárdenas, encargada de dirigir la Comisión de Desplazamiento Forzado Interno de Gobierno del Estado, expuso que han mantenido un seguimiento puntal en este último episodio de desplazamiento forzado, así como lo han hecho con otros, incluso de años anteriores.
Refirió que lo primero que hicieron al momento de tener conocimiento de la salida de pobladores de sus comunidades fue intentar rastrearlos para brindarles la atención humanitaria que requerían.
Lograron ubicar a 89 de ellos en el albergue de Baborigame y cerca de 30 más en dos puntos diferentes de la capital, tras lo cual suministraron ropa, alimentos, colchonetas y cobijas, así como atención médica, en particular a los bebés que iban entre los grupos de desplazados.
Hasta brindaron servicios registrales a niños que no contaban con actas, añadió.
La funcionaria puntualizó que aplicaron el protocolo de entrevistas a cada núcleo familiar para conocer sobre la situación en la que estaban y que les obligó a abandonar sus viviendas.
En sus respuestas era reiterada la mención del miedo a ser blanco de la violencia pues, aunque no habían sido víctimas directas de alguna agresión, eran constantes las balaceras o en ocasiones las bombas. También mencionaron falta de servicios como luz eléctrica o alimentos.
En este sentido, Cárdenas explicó que durante el contacto con las víctimas no encontraron casos de desnutrición en menores o problemas serios de salud, sin embargo sí fue posible advertir el impacto emocional y las heridas que dejaron el tener que huir de sus zonas de origen, motivo por el cual también les dieron apoyo y seguimiento.
Comentó que muchas personas ya han regresado a sus casas, incluso el albergue de Baborigame, hasta el último reporte que tenía, estaba vacío.
Este retorno, dijo, fue realizado con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) que también se ha encargado de llevar los alimentos a las comunidades para evitar situaciones como las que ocurrieron en Baborigame, Cinco Llagas y el resto de los poblados aledaños.
Expuso que el acompañamiento a estas personas es integral y desde diversas dependencias de Gobierno como la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, DIF Estatal, Secretaría de Pueblos Indígenas, Consejo Estatal de Población, Secretaría de Salud, y Seguridad Pública, entre otros.
A UN AÑO DE REUNIÓN DE SEGURIDAD, QUEDAN COMPROMISOS VACÍOS
El 22 de julio de 2025, autoridades de los tres niveles de gobierno realizaron un “cónclave” de seguridad en la Casa de Moneda de Guadalupe y Calvo para atender de manera inmediata la crisis de inseguridad que en ese momento atravesaba a la población.
Pero a un año exacto de la reunión que significaría una estrategia permanente para contener la inseguridad y evitar la victimización de las comunidades serranas, quedan compromisos que parecen promesas vacías ante la repetición de eventos violentos que vulneran los derechos fundamentales y las vidas de los guadalupeycalvenses.
Entre los acuerdos hechas entre funcionarios tras las puertas de la Casa de Moneda estuvieron que la alcaldesa Ana González mantendría comunicación con la Guardia Nacional a través del cuartel permanente que existe en el lugar.
El Gobierno estatal informó que además habría presencia de elementos tanto de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), como de las corporaciones estatales de seguridad y Guardia Nacional, incluso con la suma de 30 elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) que apoyarían a Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSMP).
También afirmaron que instalarían otra base de la Guardia Nacional y que habría apoyo conjunto del Gobierno del Estado y del Municipio para sumar elementos de seguridad, así como brindar entrenamiento, equipamiento y vehículos.
Finalmente la SSPE prometió instalar un nuevo centro de mando a fin de reforzar su presencia; sin embargo, en estos últimos eventos ha habido una presencia reactiva de las autoridades, es decir, posterior a los homicidios, bloqueos, bombazos y desplazamientos. (Argelia Domínguez / El Diario)
