Chihuahua, Chih.- Las acusaciones de extorsión y secuestro contra cinco elementos de la Guardia Nacional (GN) en Ciudad Juárez se suman a una serie de delitos que han sido adjudicados a integrantes de esta corporación, creada por el Gobierno federal en la pasada administración.
Mientras que algunos han llegado a ser judicializados, otros han quedado en denuncias públicas, como las realizadas por la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Amotac), en la que acusaron ser víctimas de constantes abusos de los oficiales.
Los efectivos también fueron señalados ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de acuerdo con el informe de 2025.
De los expedientes iniciados en el estado, 11 fueron abiertos en Juárez y en la capital del estado fueron iniciados tres. Además, en los municipios de Balleza y Bocoyna hubo dos quejas; mientras que en Guachochi, Moris y Praxedis G. Guerrero una denuncia en cada uno.
Las denuncias judicializadas contra elementos de la GN desde septiembre de 2020 suman nueve, de las cuales siete han sido por homicidio y dos por delitos sexuales, mientras que los señalamientos por extorsión de manera pública fueron por lo menos cinco ocasiones, incluso con movilizaciones con bloqueos de carreteras realizadas por transportistas.
En las protestas del 2 de marzo de 2021, transportistas integrantes de Amotac cerraron la caseta de Sacramento. Señalaron ser víctimas de abusos y cobros indebidos por parte de oficiales carreteros, en específico de la Guardia Nacional.
El 17 de octubre de 2024 la diputada Xóchitl Contreras dio a conocer que agentes de la GN realizaban extorsiones a quienes importan vehículos. Añadió que había varias quejas por parte de ciudadanos que van de Texas hacia Juárez y que portan un engomado morado, pues los elementos de la Guardia Nacional los extorsionan con un pago de 700 dólares.
El 5 de septiembre del año pasado la denuncia de cobros indebidos fue realizada en Delicias por transportistas que se quejaron de los guardias.
La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas realizó la manifestación en la caseta de la Guardia Nacional División Caminos, acusando a la autoridad de extorsión debido a que a un miembro de su gremio presuntamente le exigieron un soborno de 15 mil pesos por una supuesta infracción.
En 30 septiembre de 2025 realizaron una protesta afuera de las instalaciones de la Guardia Nacional para denunciar los mismos delitos presuntamente cometidos por elementos de esa corporación.
El entonces delegado de Amotac en Chihuahua, Leonel Méndez, señaló que un transportista menonita fue víctima en el tramo carretero de Villa Ahumada, donde agentes le habrían exigido 95 mil pesos para no detenerlo.
En otro caso, en junio de 2023 fue difundido un video grabado en el aeropuerto de Chihuahua, en el que es posible ver cómo un oficial de la GN toma el dinero que le entregan dos migrantes colombianos, quienes estaban a bordo de un taxi.
En lo que respecta a las denuncias que han sido presentadas contra efectivos y exintegrantes de la corporación, el primero ocurrió el 8 de septiembre de 2020 durante la llamada “Guerra del Agua”, fecha en que fue asesinada Jessica Estrella Silva Zamarripa, habitante de Lázaro Cárdenas, Meoqui, cuando regresaba de una protesta en la presa La Boquilla, junto a su esposo Jaime Torres.
Ambos iban hacia su vivienda, cuando a la altura de Delicias fueron interceptados por un convoy de la Guardia Nacional que abrió fuego en su contra, dejando sin vida a la mujer a causa de un shock hipovolémico tras ser herida de bala, y gravemente lesionado a su cónyuge.
El 26 de octubre de 2020 los seis militares que formaban parte del grupo fueron presentados ante el juez federal, pero sólo uno fue vinculado por el homicidio.
El 19 de noviembre 2021 Juan Carlos Medina, de 18 años y originario de El Paso, Texas, fue acribillado por elementos de la GN en las calles Francisco Villa y Tlaxcala, de Ciudad Juárez.
De acuerdo con la versión que mantuvieron las autoridades federales, Juan Carlos huyó de una revisión en el puente internacional Paso del Norte ya que portaba dos armas calibre 9 mm.
La dependencia federal añadió que tras darle alcance, el paseño sacó una de las armas y le apuntó al oficial, quien le disparó en defensa propia con una carabina FX calibre 5.56x45 mm producida por el Ejército.
Siete meses después de estos hechos, el 22 de junio de 2022, la madre de Medina dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) le indicó que no habría acción penal contra los elementos, a pesar de las pruebas.
El 15 de mayo de 2022, el oficial Octavio B. V., originario de Acapulco, agredió sexualmente a una mujer en el aeropuerto de Ciudad Juárez. Fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigación cuatro días después en la avenida Hermanos Escobar. El 25 de mayo de 2022, un juez de Control del Distrito Judicial Bravos dictó auto de vinculación a proceso en su contra por el delito de violación.
Luis Fernando Maldonado, de 24 años, y Mauro Miguel Rocha, de 20, murieron el 1 de enero de 2023 tras recibir decenas de disparos y chocar durante una persecución con elementos de la Guardia Nacional, en Jiménez.
Según las primeras versiones que dio la corporación, los tripulantes del vehículo no se detuvieron cuando los agentes les marcaron el alto, lo que provocó la reacción. No obstante, la corporación abrió una investigación sobre los hechos.
Un año después, el 15 de enero, de los 11 oficiales que fueron acusados de presuntamente asesinar a las dos víctimas, tres fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio, mientras que los otros por alterar la escena.
El 25 de julio de 2023 Sergio Rafael Carbajal Rivera, de 28 años, fue abatido en el Valle de Juárez por elementos de la GN que le dispararon porque presuntamente intentó evadir un retén instalado en la carretera Juárez-Porvenir.
La víctima, originaria de Sonora y residente del ejido Barreales, municipio de Guadalupe, recibió dos impactos de bala, uno en la espalda y otro en la cabeza.
Ocho agentes fueron detenidos por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y serían consignados a la FGR, que inició la carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso agravado.
El 15 de enero del año pasado, en Villa Matamoros, elementos de “Gente Nueva” del Cártel de Sinaloa atacaron a un convoy de la Guardia Nacional. El día 21 de ese mismo mes, fueron detenidos 16 presuntos involucrados, entre los que había cuatro exmilitares, dos de ellos desertores de la misma corporación a la que emboscaron.
Los dos exoficiales eran Daniel Iván G.T., de 44 años, originario de Gómez Palacio, Durango, y Francisco Guerrero G. C., de 25, oriundo de Hidalgo de Parral.
El 26 de diciembre de 2025 Eduardo Miguel M. C. y Jesús Eduardo M., oficial en funciones y exoficial por deserción de la Guardia Nacional, respectivamente, asesinaron a balazos a Adrián Muñoz Morales, de 40 años, en hechos ocurridos en Riberas de Sacramento, al norte de la ciudad de Chihuahua.
Ambos fueron detenidos y presentados ante un juez de Control para la formulación de cargos por homicidio agravado.
Este año, en Chihuahua el 1 de junio fue detenido el oficial José Kenedy M. V. por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal que acudieron a brindar auxilio a una mujer de 28 años que denunció haber sido golpeada por el militar, de 34 años, pero antes fue violentada sexualmente.
De acuerdo con el reporte realizado por los agentes municipales, la detención tuvo lugar a las 00:40 horas en una vivienda de las calles Encino Tarahumara y Encino de Asta del fraccionamiento Encinos de Oriente, ubicado a siete cuadras de donde está la base de la Guardia Nacional en Punta Naranjos.
Urge IP a reforzar las instituciones de seguridad
La iniciativa privada (IP) de Ciudad Juárez manifestó que este municipio necesita con urgencia instituciones de seguridad fuertes y confiables, esto luego de la captura de cinco elementos de la Guardia Nacional adscritos a la vigilancia del Aeropuerto Internacional Abraham González.
Fernando Suárez Cerón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), expresó que casos en donde se acusa a los agentes de extorsión y secuestro exprés afectan la confianza de la ciudadanía y la competitividad, por lo que exhortó a fortalecer los mecanismos de supervisión.
“Además, hacemos un llamado a todas las personas que hayan sido víctimas de una situación similar a presentar la denuncia correspondiente. Sabemos que denunciar no siempre es sencillo, pero sin la denuncia de las víctimas es mucho más difícil que las autoridades puedan investigar”, dijo.
El empresario subrayó que la IP respalda las investigaciones que realizan las autoridades y reconoce la actuación de la propia Guardia Nacional y de las instituciones que participaron en este caso, ya que fueron ellas mismas quienes detuvieron a los elementos presuntamente involucrados.
“Los hechos dados a conocer son sumamente delicados y generan preocupación para toda la comunidad. Cualquier servidor público que abuse de su cargo para cometer delitos debe enfrentar todo el peso de la ley, sin excepciones”, puntualizó el representante del sector productivo.
Suárez, quien además ocupa la titularidad de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), pidió a las autoridades federales investigar a fondo y, de comprobarse la responsabilidad, sancionar a los responsables, en aras de evitar que este tipo de conductas se repitan.
