Las 793 tomas presuntamente ilegales que han sido inhabilitadas en la actual administración, podían desviar aproximadamente 102 millones de litros al mes, de acuerdo con las estimaciones de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS).

El destino del líquido principalmente era el recreativo, ya que lo usaban para llenar albercas, regar huertas e incluso para decorar propiedades con cuerpos de agua artificiales.

Expuso que el monitoreo de las tomas clandestinas es constante y que cuando detectan las líneas presuntamente ilegales conectadas directamente en las conducciones, su uso suele ser diverso.

Pero en algunos casos el destino del agua es para las necesidades de personas, por lo que el objetivo es buscar otra solución.

“En los casos que detectan que estas tomas son para consumo humano, buscamos regularizar dichos consumos, lográndo registrar 225: 150 en la colonia Granjas del Valle y 75 en la colonia "El Árbol", detalló la JMAS.

“Realizamos un monitoreo constante, tanto en campo como remoto, de la infraestructura; adicionalmente ha habido inversión en mejorar la infraestructura de pozos y cajas de válvulas con cercos perimetrales y construcción de tapaderas de concreto, que dan mayor seguridad e impiden, dentro de lo posible, que realicen nuevas conexiones”, añadió la instancia estatal en un informe.

“Es difícil estimar el número de tomas clandestinas en la ciudad; sin embargo, la JMAS cuenta con personal que constantemente está monitoreando, tanto los flujos reflejados en el sistema de lectura remota de los flujos en el centro de control, como directamente en las conducciones, detectando variaciones o conexiones que son advertidas para correr el protocolo de denuncia”, enfatizó.

Añadió que tomando en cuenta el uso que le daban al agua en las tomas denunciadas y el promedio de los diámetros de las tuberías aseguradas, la estimación es que el robo alcanzaría los 102.7 millones de litros de agua.

A la fecha han sido abiertas 38 carpetas de investigación en las que han denunciado 793 tomas presuntamente ilegales, por el delito de robo de fluidos.

En cinco de esas han logrado acuerdos reparatorios, con los que obligan a los sancionados a pagar por el agua robada y cancelar definitivamente cualquier conducto irregular.

Están en espera de judicializar 33 de las investigaciones, según la información del organismo estatal.