Ciudad Juárez.- Apenas esta mañana dábamos cuenta, en un breve análisis, de cómo cada vez más mujeres se involucran en estructuras del narcotráfico: en traslados de droga, como “mulas” en cruces hacia Estados Unidos, halconeo, venta al menudeo e incluso como sicarias. Sin embargo, hay casos que rompen incluso esas categorías y obligan a replantear las ideas preconcebidas sobre género y violencia.
La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género informó que Erika Aidee C. M. fue sentenciada a 80 años de prisión por secuestro agravado. De acuerdo con la representación social, la acusada ordenó la privación de la libertad de una mujer en agosto de 2022; posteriormente la víctima fue torturada, sufrió violencia sexual y fue asesinada. Su cuerpo fue desmembrado y abandonado en distintos puntos de la ciudad.
El caso estremece no solo por la brutalidad, sino porque confronta una narrativa arraigada, esa de que entre mujeres existe, por naturaleza, un pacto de protección. La realidad judicial demuestra que la violencia no distingue género.
Ante esto, desde luego nos surgen varias preguntas: ¿cómo alguien —sea mujer u hombre— puede dar una orden así? ¿Cómo se concilia esa capacidad de crueldad con una vida cotidiana aparentemente normal? ¿Se puede dormir, convivir con la familia, mientras se carga con decisiones de esa magnitud?
Más allá del morbo, el caso obliga a mirar la violencia como un fenómeno estructural donde las mujeres no solo son víctimas —que lo siguen siendo mayoritariamente— sino que, en ciertos contextos criminales, también pueden ocupar roles de mando y ejercer violencia extrema. Entenderlo es incómodo, pero necesario para dimensionar la complejidad del problema.
