Ciudad Juárez.- La Fiscalía General del Estado (FGE) estimó en seis meses el período máximo de resolución al recurso de revisión que interpondrá ante el Poder Judicial de la Federación por la liberación de José Luis A. C., propietario del crematorio Plenitud y acusado por el apilamiento de casi 400 cadáveres encontrados en 2025 en dicho establecimiento.

En conferencia de prensa ayer, luego de que el Juzgado Séptimo de Distrito resolvió un juicio de amparo en favor de A. C., el fiscal estatal, César Jáuregui, anunció que el Ministerio Público interpondrá además una queja ante el órgano de control judicial por la actuación del juez federal Luis Eduardo Rivas Martínez.

“Desde nuestro punto de vista, esta resolución no hace ninguna valoración de todo lo que se encontró en este estudio. No es posible que hable el juez de que no hay ocultamiento, no hay conservación, cuando se entregaron cenizas falsas a varios familiares”, dijo Jáuregui ante medios de comunicación.

“Ahí no hay error; es dolo evidente. Es decir, ‘sé que no te estoy entregando los restos en cenizas de la persona por la que viniste a solicitar el servicio, pero te voy a engañar, te los voy a dar a efectos de yo poder no cumplir con mi trabajo”, agregó el funcionario.

La conferencia fue convocada luego de que, el 12 de febrero, Rivas Martínez concediera un amparo que permitió la liberación de A. C. con el argumento, entre otros, de que la acusación no actualizó el “verbo rector” del ilícito fincado, que fue el de ocultar, basado en el artículo 202 del Código Penal del Estado.

Jáuregui mencionó que presentará el recurso de revisión en los próximos días, para lo cual empezará a correr un plazo que podría ser de hasta seis meses.

“No creemos que sea sustentable (el amparo), ni jurídicamente, ni bajo ninguna circunstancia que responda a la realidad que se está viviendo en Ciudad Juárez en torno a este asunto (…) Yo estoy seguro que se va a revocar, yo espero que en seis meses a más tardar, eso es lo que tarda, pero puede ser mucho antes”, agregó.

Ante los argumentos del amparo, Jáuregui dijo que “no había otro tipo penal” que pudiera ser invocado.

“Esos eran los delitos contemplados por un hecho como éste. Y dos, eso no quiere decir, repito, en un asunto acumulas probanzas, acreditas el dolo, ves todo lo que ocurrió, pero venir a decir ‘que el verbo ocultar, que él no quería ocultar, que ese no era su propósito’, es una valoración muy subjetiva desde mi punto de vista”, insistió.

“Si algo motivó la reforma judicial, si algo había de reclamo en torno al anterior sistema de justicia era su insensibilidad frente a la realidad que enfrentaban. Esa era una de las principales críticas que yo recuerdo que se hicieron para conducirnos a la nueva forma de elegir jueces”, agregó el fiscal.

Enfatizó que, antes de la llegada del actual titular del Juzgado Séptimo, la anterior encargada del mismo tribunal había ya desestimado una solicitud de amparo ante petición de la defensa de A. C.

‘Ocultaron cuerpos a autoridades’

Por separado, un análisis jurídico de la FGE sobre el amparo expuso que el juez de Control que dictó la vinculación –en julio pasado– hizo énfasis en que había valorado como “ocultamiento” el hecho de que los encargados de Plenitud no reportaron a las autoridades ni a las funerarias ni a las familias la falta de cremación de los cuerpos una vez pasadas las 48 horas que marca la norma como máximo para la conservación de cadáveres.

“El guardar silencio respecto a esa conservación de los cadáveres que se dio en muchos casos desde el año 2022 es precisamente lo que él valoró como un ocultamiento de esos cuerpos. Y, por otro lado, debemos de tomar en cuenta que no solamente se suscitaron estas conductas sino que aparte, en muchos casos, a las familias de los difuntos les entregaron material de cremación distinto a las cenizas de su ser querido”, indicó la FGE.

“La conjugación de estos factores revela que, contrario a lo que el juez de Distrito indica, sí nos encontrábamos con el verbo del ocultamiento que exige este delito; es importante destacarlo porque estos razonamientos que el juez de Control da en su determinación, no los abordó el juez de amparo en su resolución”, agregó el análisis ministerial.

El seguimiento de El Diario muestra que José Luis A. C. fue enviado a prisión preventiva el 30 de junio de 2025, acusado de que, entre el 7 de marzo de 2022 y el 27 de junio de 2025, él y el coacusado Facundo Trinidad Martínez Robledo –fallecido– mantuvieron 386 cadáveres humanos en estado de descomposición, apilados sobre el suelo en diferentes habitaciones en el establecimiento, ubicado en el extremo sur de la ciudad. Jáuregui dijo ayer que van 191 identificaciones. (Sandra Rodríguez Nieto / El Diario)