Ciudad Juárez.- Tres niñas fueron sustraídas de su hogar por una presunta denuncia de violencia familiar de la que se acusa a su madre, en una diligencia ministerial en que los agentes ejecutores de la orden de cateo ignoraron el mandato de una jueza familiar para que las niñas permanecieran con la mujer, tras el divorcio de la pareja, informó el abogado de la mujer, Isaías Alarcón.
La extracción de las niñas se da en un acto de aparente venganza, a decir del asesor jurídico, quien reclamó, además, un posible caso de tráfico de influencias, pues el hombre que denunció el hecho labora en el Congreso de Chihuahua para la diputada María Antonieta Pérez.
De acuerdo con la información disponible, en marzo de 2025 el hombre denunció a la madre de las niñas mientras vivían juntos por un acto de violencia familiar, pero tres días después dejó de atender al Ministerio Público, pues había retomado su relación con la mujer.
A finales de enero de 2026, la mujer presentó al hombre documentación para divorciarse, pero el hombre se negó y sustrajo a sus tres hijas. La madre acudió a la Fiscalía de género a denunciar, pero cuando volvió a su casa no le fue permitido el acceso.
La mujer denunció entonces ante la jueza Quinta de lo Familiar por Audiencias del Distrito Bravos, quien resolvió la restitución de las niñas en el hogar de su madre.
El viernes 6 de febrero, agentes ministeriales arribaron a la vivienda de las niñas y su madre, de quienes el abogado reservó datos personales por seguridad. Los elementos dijeron que ejecutarían una orden de cateo para recuperar a las niñas, en atención a la investigación por violencia familiar cometida contra las niñas presuntamente por parte de la madre, ignorando, agregó el jurista, la resolución de guardia y custodia a favor de la madre de familia emitida por la jueza familiar.
Ante el cateo y sustracción de las niñas, el abogado solicitó la presencia de la jueza, quien acudió junto con un funcionario judicial para tomar constancia de lo ocurrido, para señalarle a los agentes ministeriales que ella emitió una orden contraria al acto que ejecutaban en ese momento, y para pedirles identificarse para el acta que se realizó de los hechos, a lo que se negaron los elementos.
Del cateo se emitió una copia simple sin sellos y “mal fundamentada” a decir de Alarcón, por lo que ahora la familia se encuentra separada.
Informantes de la Fiscalía de la Mujer señalaron que el denunciante de la violencia familiar es Edgar R. R., quien según su cuenta de Facebook labora desde 2021 como docente investigador para el Congreso del Estado.
El Diario intentó contactar al representante legal del hombre, Omar Gaspar, sin éxito.
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