Guachochi.- El programa Justicia Cercana e itinerante desplegó una intensa jornada de atención en el municipio de Guachochi. Esta iniciativa, encaminada a recorrer los diversos distritos judiciales de la entidad, busca atender de forma directa las demandas de quienes enfrentan dificultades para acceder a los servicios jurídicos en materias penal, civil, familiar y en mecanismos alternativos de solución de conflictos.
Durante la intervención en el Centro de Readaptación Social Estatal No. 8, se brindó asistencia legal a cerca de 200 personas privadas de la libertad, en su mayoría pertenecientes a la etnia rarámuri y procedentes de localidades como Guadalupe y Calvo, Casas Grandes, Jiménez, Norogachi, Pahuichique y la cabecera municipal.
De manera complementaria, se atendió a una veintena de ciudadanos en el ámbito civil y familiar, resolviendo problemáticas prioritarias como el rezago en la obtención de actas de nacimiento y CURP.
La jornada estuvo encabezada por la Magistrada Presidenta del Poder Judicial del Estado, Marcela Herrera Sandoval, en compañía del Magistrado Yamil Athié, las magistradas Perla Ruíz, Ilian Yasel Villanueva y Sara Julieta Muñoz, así como las comisionadas Luisa Márquez y Judith Ávila.
Al encuentro se sumaron los titulares de la Defensoría Pública, Rocío Sarmiento, y del Instituto de Justicia Alternativa, Daniel Reyes, junto con personal del Centro de Intérpretes para asegurar un diálogo en su lengua materna.
Como parte del programa de trabajo, la comitiva sostuvo una reunión estratégica con las juezas y los jueces del Distrito Judicial Andrés del Río. Este espacio de diálogo directo permitió evaluar las condiciones operativas de la región, escuchar las inquietudes del personal jurisdiccional y articular propuestas concretas para fortalecer el ejercicio de la justicia en la Sierra Tarahumara.
En su mensaje, la titular del Poder Judicial, Marcela Herrera Sandoval, enfatizó que estas acciones consolidan un modelo de impartición de justicia sensible e incluyente.
Destacó la importancia de brindar asesoría respetando la identidad cultural y los derechos humanos de las comunidades originarias, reafirmando el compromiso institucional de poner siempre a las personas y a sus necesidades en el centro del servicio público.