El funcionario sostuvo que la discusión no puede limitarse al nombre con el que la Federación pretende presentar los nuevos lineamientos, pues consideró que detrás de la defensa de las audiencias existe la posibilidad de abrir una vía para intervenir en el trabajo de los medios y condicionar la difusión de contenidos que resulten incómodos para el poder.
“¿Cómo ahora nos pretenden vender esta intención de censura a los medios de comunicación como la protección de un derecho?”, cuestionó De la Peña, quien retomó la postura expresada por la gobernadora Maru Campos frente a la propuesta y aseguró que el Gobierno federal mantiene una contradicción entre el discurso y la atención que brinda a distintos sectores.
Como ejemplo, afirmó que en Palacio Nacional no conceden audiencia a gobernadores ni alcaldes, además de que tampoco responden, según dijo, a las solicitudes presentadas por padres de niños con cáncer y colectivos de madres buscadoras, quienes reclaman atención directa a problemas que afectan su vida cotidiana.
También preguntó qué ocurrirá con las personas que han recibido señalamientos desde las conferencias matutinas del Gobierno Federal, y si los nuevos criterios garantizarán para ellas el mismo derecho de réplica o audiencia que ahora plantean para los ciudadanos frente a los medios de comunicación.
De la Peña señaló que esta discusión ocurre en un momento en el que existe desconfianza sobre la actuación del Gobierno federal y sostuvo que los medios serían los primeros en resentir los efectos de una regulación que, bajo la apariencia de proteger a las audiencias, podría convertirse en una herramienta para presionar líneas editoriales o inhibir contenidos críticos.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que su Administración no utilizará los instrumentos legales disponibles para censurar y sostuvo que la libertad de expresión forma parte de sus convicciones. Asimismo, defendió que la ciudadanía tenga acceso a información y recordó prácticas de gobiernos anteriores en las que, dijo, existieron presiones contra propietarios y conductores de medios.
Sin embargo, el secretario general de Gobierno consideró insuficiente esa explicación y calificó la propuesta como una “mal llamada cruzada por los derechos de las audiencias”, al insistir en que el problema no radica únicamente en el texto de los lineamientos, sino en el uso que la autoridad pudiera darles una vez aprobados.
Añadió que la ciudadanía y los propios medios tendrán que valorar los alcances de la propuesta, pero advirtió que cualquier disposición relacionada con contenidos informativos debe garantizar plenamente la libertad de expresión y evitar que el Gobierno Federal disponga de una nueva vía para castigar, limitar o condicionar la crítica.
