En la sierra de Chihuahua, el eco del último operativo dejó algo más que resultados contra el narcotráfico. Dejó una gran duda. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional estuvieron en el terreno, apoyando acciones contra narcolaboratorios junto a autoridades estatales. Ahí mismo, también operaban agentes estadounidenses. Y nadie en la cadena de mando federal lo sabía.
La escena es difícil de explicar. Más de 70 militares desplegados, coordinación con la Fiscalía estatal, meses de trabajo previo, y aun así, la presencia de agentes extranjeros pasó desapercibida para los mandos. La Defensa sostiene que su papel fue de “seguridad periférica”. Esa definición, más que aclarar, abre una grieta. ¿Seguridad de qué, si no se conoce completamente quién participa en el operativo?
El problema no es solo lo ocurrido, es lo que revela. Una desconexión entre lo que sucede en campo y lo que se reporta en el centro del país. Una operación en la que participan múltiples actores, pero donde la información no fluye con la precisión que debería. En ese vacío, la coordinación deja de ser una estrategia y se convierte en una apuesta.
Que el Ejército no tenga claridad sobre quiénes comparten el terreno en un operativo de alto riesgo no es un detalle técnico. Es un síntoma. Habla de fallas en supervisión, de protocolos que no se aplican o que se diluyen en la práctica. Y en un contexto donde se insiste en la soberanía como principio, esa omisión pesa.
Lo ocurrido en Chihuahua podría no ser un caso aislado. Podría ser el reflejo de cómo se están operando otros despliegues en el país. Porque cuando la información no acompaña a la fuerza, lo que queda no es control. Es incertidumbre.
