Ciudad Juárez— Debido a su vecindad con Estados Unidos, Chihuahua se ha convertido en un espacio de tránsito, destino, retorno y espera para personas en situación de movilidad, por lo que en alianza con el Consejo Estatal de Población (Coespo) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria (GTPM) busca crear una nueva legislación estatal en materia migratoria.

En el marco de la iniciativa de reforma a la Ley de Protección y Apoyo a Migrantes y sus Familias para el Estado de Chihuahua, que ya fue presentada a la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios del Congreso, ayer llevaron a cabo el foro sobre la “Nueva Política Migratoria y de Asilo en el Estado de Chihuahua”, en el que investigadores, activistas y funcionarios expusieron la necesidad de actualizar las leyes estatales que hablan del tema que datan de hace una década.

La propuesta incluye la atención integral diferenciada a cada grupo en movilidad, acciones para la no discriminación e incentivos en los pagos de servicios como el Predial y agua a las empresas que contraten a personas sujetas a protección internacional, así como a los albergues y espacios humanitarios que las atienden.

Melissa Vértiz Hernández, secretaria técnica de la red de organizaciones de distintas zonas del país, incluida Ciudad Juárez, destacó también la necesidad de la integración de las obligaciones del Estado de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad, así como la regulación de los albergues y espacios humanitarios y la amplación de facultades de Coespo.

“La Ley de Protección y Apoyo de Migrantes y sus Familias del Estado de Chihuahua presenta vacíos, señala los verbos promover y fomentar pero no define competencias claras en cuanto a la regulación de los albergues espacios humanitarios”, agregó la organización Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA).

La organización que apoya a las personas en movilidad en Ciudad Juárez consideró que su atención, protección y garantías también son responsabilidades estatal y municipal, por lo que pidió que garanticen su seguridad.

El hecho de que las estructuras criminales hayan diversificado sus actividades ilícitas para cometer delitos como el tráfico de personas y el secuestro, afecta la integridad física y emocional pero también económica de las personas ya vulnerables en su travesía, a la vez que enriquece a estos grupos de actividades ilícitas.

No se trata de contener y controlar la llegada de las personas, sino de atender y, proteger a las personas que llegan y transitan por el estado, a través de un marco jurídico solido que pueda hacer frente a las realidades actuales de la movilidad humana, por lo que es necesario transitar a un modelo de realidad social.

Indicaron la necesidad de una reforma armonizada, con estándares internacionales, enfoques de género que permitan establecer una ruta clara de supervisión en los albergues, así como la integración comunitaria de las personas en contexto de movilidad.

Inés Barrios de la O, investigadora de El Colegio de Chihuahua (El Colech), recordó que el estado ocupa un lugar muy importante en la configuración de las dinámicas migratorias en el país, y que la vecindad con Estados Unidos lo convierte en un espacio de tránsito, destino, retorno y espera para personas migrantes.