Parral, Chih.- Tras años de silencio por temor a la fractura familiar, un grupo de mujeres decidió denunciar penalmente a su abuelo materno por abusos sexuales sistemáticos ocurridos en su domicilio.

​Sin embargo, a casi un año de haber iniciado el proceso legal en contra de Rafael T. G. El caso se encuentra estancado en los archivos de la Fiscalía.

El hecho salió a la luz cuando las víctimas iniciales, hoy adultas, descubrieron que el ciclo de abuso no se detuvo con ellas.

Hace un año, se percataron de que dos menores de edad estaban siendo víctimas del mismo agresor. Este hallazgo fue el detonante para romper el silencio.

​Al alzar la voz, la magnitud de los hechos creció y aparecieron más mujeres afectadas, incluyendo a la madre de las menores y a la propia madre de la denunciante principal.

Los abusos documentados comenzaron cuando las víctimas tenían apenas 4 años de edad y se extendieron hasta la adolescencia, transformándose posteriormente en acoso persistente.

Todos los incidentes ocurrieron bajo el techo del domicilio del agresor, aprovechando el vínculo familiar y la confianza.
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​En julio de 2025, se formalizó la denuncia ante las autoridades competentes. A pesar de la gravedad de los testimonios, el sistema judicial ha impuesto trabas que las víctimas califican de indignantes.

Lo anterior fue narrado por una de las victimas, nieta del acusado quien manifestó que la Fiscalía solo ha reconocido el proceso para cuatro personas (dos menores y dos adultas). Las denuncias de las madres fueron desestimadas bajo el argumento de que los delitos ya han prescrito debido al tiempo transcurrido.

Tras 9 meses de espera, la respuesta constante en cada visita a la institución es que existen "otros casos con mayor prioridad".

Dijo que a pesar de la acumulación de testimonios y el riesgo que representa, el señalado —un hombre de avanzada edad— continúa viviendo su vida cotidiana sin ninguna restricción legal ni medida cautelar efectiva.

​"Cada llamada o vuelta a la fiscalía nos dicen que aún hay cosas pendientes. Queremos justicia lo más pronto posible; él ya es una persona mayor y tememos que el tiempo se agote sin que rinda cuentas", declaró una de las denunciantes.

Varias víctimas han optado por no denunciar formalmente por miedo a las represalias o al juicio social.

​La familia denunciante hace un llamado público a las autoridades para que dejen de postergar el caso, pues señalan que la avanzada edad del agresor no debe ser un salvoconducto para la impunidad, especialmente cuando existen pruebas de que el daño se ha extendido por décadas.