Los hechos se remontan al 1 de marzo de 2025, cuando, según la investigación de la Unidad Especializada en Justicia Penal para Adolescentes Infractores, los ahora sentenciados trasladaron por la fuerza a la víctima hacia unas construcciones abandonadas (tapias) en la colonia Juárez, lugar donde se consumó la agresión sexual.
Debido a la contundencia de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, los acusados optaron por un procedimiento especial abreviado. Mediante este mecanismo legal, ambos aceptaron su culpabilidad en la conducta imputada a cambio de una terminación anticipada del proceso.
Tras analizar los elementos, el órgano jurisdiccional dictó las siguientes sanciones: Un año de libertad asistida para cada uno, reparación del daño: El pago de $11,314.00 pesos por concepto de daño moral.
