El abogado defensor del exgobernador César Duarte, Juan Carlos Mendoza, aseguró que actualmente sólo existe un proceso judicial pendiente en contra de su cliente y rechazó que exista impunidad en los casos que le atribuyen desde hace más de una década.
En entrevista, sostuvo que las denuncias promovidas hace 11 años carecieron de sustento y que quienes las presentaron deberían sentirse avergonzados porque no pudieron probarlas. “Vergüenza debería de ser para quienes las presentaron, porque fueron mentiras o cosas que no pudieron ser comprobadas”, expresó.
El defensor explicó que Duarte enfrentó siete procedimientos administrativos en los que fue absuelto y que no hay actualmente ningún recurso abierto por parte de autoridad o particular. Añadió que en el ámbito civil llevaron a cabo juicios de extinción de dominio relacionados con terrenos de agostadero contiguos al rancho El Saucito y con la casa de Balleza, procesos que concluyeron en 2021 con la devolución de las propiedades.
Respecto a los procesos penales, Mendoza indicó que fueron dos: uno está activo y en espera de resoluciones en juicio de amparo y recurso de revisión, mientras que el otro fue revocado por violaciones al tratado de extradición. Explicó que ese procedimiento fue impulsado por el gobierno de manera indebida y que finalmente un juez de distrito determinó su invalidez.
“De impunidad no hay nada. Son procesos transparentes, ahí están, pueden analizarse”, aseguró el abogado, quien además criticó a Jaime García Chávez y Jaime Castrejón, a quienes señaló por mantener acusaciones que, según dijo, carecen de sentido.
Al cuestionársele sobre cuántos proceso le siguen al exmandatario, respondió contundentemente que hay un solo caso. “Uno. Y que lo entienda toda la sociedad: es uno y solamente uno el que se podrá llevar a cabo. El tratado de extradición ha sido muy claro y lo hemos dicho una y otra vez”, puntualizó.
El posicionamiento del defensor contrasta con lo que declaró el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda, quien afirmó que Duarte continúa enfrentando entre 17 y 18 carpetas de investigación en el estado, además de tener propiedades aseguradas y medidas cautelares vigentes. De la Peña sostuvo que los procedimientos siguen en curso y rechazó que exista protección política hacia el exgobernador.
En este contexto, García Chávez encabezó una manifestación el pasado 24 de septiembre frente al Palacio de Gobierno, donde reiteró que desde 2014 presentó denuncias contra Duarte por peculado agravado y enriquecimiento ilícito, y acusó falta de avances en las investigaciones. En un oficio dirigido al fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, señaló que no ha tenido acceso al expediente ni a información actualizada sobre el estado del caso.
No obstante, el 28 de noviembre de 2019, la denuncia interpuesta por García Chávez perdió validez toda vez que éste no compareció y el juzgado archivó su causa, tal como le notificaron en marzo de 2018 por parte de la Unidad Especializada en Análisis Financiero.
Duarte fue detenido en Estados Unidos en 2020 y extraditado a México en 2022. Inicialmente enfrentó los procesos bajo prisión preventiva, pero después obtuvo libertad condicionada con brazalete electrónico.
