Representantes de las víctimas del caso Aras denunciaron este miércoles la inexplicable desaparición de numerosos bienes que debían estar bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado, así como un preocupante intento por aplicar la extinción de dominio que podría dejar sin indemnización a miles de afectados.
La protesta, que incluyó el bloqueo temporal de la calle Aldama frente a Palacio de Gobierno, culminó con una conferencia de prensa donde Sergio Mata Carrasco, abogado de una parte de los afectados, reveló graves inconsistencias: "En las primeras actas de incautación se registraron 110 inmuebles y 50 vehículos, pero en la sentencia final sólo aparecen 70 propiedades. Hay una diferencia alarmante de 40 bienes inmuebles cuyo paradero desconocemos y que deben ser auditados inmediatamente".
El abogado Mariano Cordero profundizó en la denuncia al alertar sobre una nueva amenaza: "Hemos descubierto que la Fiscalía pretende aplicar la extinción de dominio sobre estos bienes, lo que constituiría un grave perjuicio para nuestras víctimas. Por ello presentamos un escrito formal ante el juzgado civil correspondiente, fundamentado en el artículo 218 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, donde demostramos que al existir una sentencia firme ejecutoriada que ya decretó el decomiso, este nuevo procedimiento carece de sustento legal".
Luis Alberto Benavides, designado como liquidador en la sentencia judicial, aportó más detalles sobre el manejo irregular de los bienes: "Hemos documentado que la Fiscalía ha estado rentando varios inmuebles incautados -algunos con montos de hasta 60,000 pesos mensuales- y depositando estos ingresos en cuentas propias, en lugar de hacerlo en el fideicomiso que expresamente ordenó el juez. Esto representa un claro desvío de recursos que pertenecen a las víctimas".
Durante el encuentro con medios, Sergio Mata Carrasco, uno de los primeros denunciantes del caso, hizo un recuento de las pérdidas: "Bajo custodia oficial hemos visto desaparecer dólares, oro, plata, vehículos y propiedades enteras. El llamado 'robo hormiga' ha sido una constante, y ahora pretenden consumar el despojo mediante la extinción de dominio. No lo permitiremos".
Los afectados exigieron la inmediata designación de un juez ejecutor sensible a su causa, que agilice el proceso de reparación después de tres años y medio de espera. Calculan que, de recuperarse los aproximadamente 150 inmuebles y 177 vehículos identificados recientemente -además de los originalmente contabilizados-, podría alcanzarse el cien por ciento de lo adeudado a las más de 7,150 víctimas reconocidas.
Tras levantar el plantón, los representantes se reunieron con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Myriam Hernández, para presentar formalmente sus demandas. "Este es el principio del fin de nuestra lucha, pero necesitamos garantías de que no habrá más dilaciones ni desvíos", resaltó Felipe Acosta, mientras anunciaba nuevas acciones de vigilancia ciudadana sobre el proceso.
