El dictamen aprobado por ambas cámaras de la Ley General de Aguas y la Ley de Aguas Nacionales no modificó el artículo 22, que sigue prohibiendo las transmisiones entre particulares. Para el director de la Junta Central de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Mario Mata Carrasco, la falta de excepciones explícitas mantiene la incertidumbre jurídica que desde hace meses advierten los productores, en especial quienes buscan vender tierras con derechos de agua, heredar volúmenes o formalizar cambios accionarios en personas morales.
Mata señaló que la reforma dejó sin resolver los puntos operativos esenciales. Aunque el dictamen contempla “acciones preferentes”, estas dependen de un sistema de reasignaciones que será administrado por un fondo hídrico nacional cuyos criterios no se conocen. Afirmó que la ley deja al productor en manos de decisiones discrecionales, porque ningún procedimiento queda claramente definido y la autoridad federal tendrá el control total de cualquier movimiento relacionado con las concesiones.
En la entrevista explicó que toda transmisión, incluso las que históricamente se resolvían mediante trámites notariales, deberá pasar primero al fondo de reserva hídrica para que un comité federal determine si se reasigna o no el volumen. Subrayó que este comité está integrado por secretarios de Estado, lo que vuelve improbable que sesionen para resolver asuntos individuales. “No detallan cómo sería el procedimiento y eso complica la vida del agricultor”, dijo, al insistir en que, sin reglas claras, el campo queda expuesto a retrasos y decisiones centralizadas que pueden afectar la operación diaria.
Aseguró que, pese a los mensajes de legisladores de Morena sobre la supuesta certeza que brinda la reforma, los productores permanecen en un escenario frágil. “Mientras todo dependa de reasignaciones que entren a un fondo de reserva hídrica, el temor de los agricultores es justificado”, afirmó. Precisó que su postura es técnica y personal, aunque el gobierno estatal seguirá la instrucción de la gobernadora de acompañar a los usuarios en cualquier trámite derivado de la nueva legislación.
El debate se intensificó esta semana tras la aprobación del dictamen. El gobierno federal argumenta que la reforma es necesaria para ordenar el uso del agua y evitar prácticas irregulares. Sin embargo, organizaciones del campo han advertido que eliminar las transmisiones directas puede afectar el valor de la tierra y alterar la estructura productiva en regiones agrícolas. Señalan que, sin excepciones claras, operaciones legítimas como sucesiones familiares o ventas de parcelas pueden quedar sujetas a tiempos y decisiones ajenas a la realidad local.
Mata anunció que ofrecerá una conferencia de prensa esta semana para profundizar en el análisis técnico y responder a las interpretaciones públicas del dictamen. Sobre las declaraciones del senador Loera, dijo que no entrará en confrontaciones personales. “Lo he retado a un debate muchas veces, pero siempre recurre a la diatriba. No hay que atribuir a la maldad lo que la ignorancia explica”, expresó. Añadió que enviará a los medios su posicionamiento completo una vez que termine de revisar el documento final.
