Chihuahua.- El director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Chihuahua, Román Alcántar Alvídrez, informó que la dependencia trabaja a marchas forzadas para atender un rezago de entre 18 mil y 20 mil trámites, el cual, dijo, se originó desde 2006.

“Estamos trabajando muy duro, hasta fines de semana… nosotros aquí apenas tenemos un año y estamos tratando de encontrar la manera, ahora sí que, de sacar la basura, y me refiero a ese rezago”, señaló.

Además, cuestionó versiones difundidas por algunos actores políticos respecto a un supuesto atraso mayor, al señalar que “ayer, un diputado mintió diciendo que eran 27 mil”.

Alcántar Alvídrez afirmó que la reciente reforma en materia hídrica permitirá atender estas problemáticas y avanzar en la regularización del padrón de concesiones.

El funcionario denunció que las recientes movilizaciones de productores en municipios como Saucillo, Camargo y Jiménez han sido encabezadas por funcionarios públicos con aspiraciones electorales, a quienes acusó de “desinformar” y generar alarma entre agricultores.

Recordó incidentes recientes, como la agresión entre un funcionario de Camargo y un transportista, y señaló que estas acciones tienen un trasfondo político rumbo al proceso electoral del 2027.

“Pretenden repetir lo que hicieron en 2020 y 2021. Sin propuestas y sin argumentos, lo único que les queda es salir a mentir y desinformar”, afirmó.

Aunque reconoció cierres intermitentes en vías y casetas, afirmó que la participación ha sido mínima.

“Las personas que intentaron tomar las vías del tren eran cuatro. La toma de puentes no rebasa las 50 personas. Para el tamaño del padrón de agricultores en Chihuahua, estas manifestaciones son muy pequeñas”, aseguró.

El director enfatizó que la nueva reforma busca evitar la mercantilización del agua, reconocer a los sistemas comunitarios indígenas, fortalecer las sanciones contra quienes lucren o acaparen el recurso, y sobre todo que sea un derecho humano.

Sin embargo, subrayó que el sector agropecuario no está incluido en esas sanciones.

“Se asustó a los productores diciéndoles que si trasladaban agua en pipas los iban a meter a la cárcel; eso es falso. Las sanciones van dirigidas a quienes han lucrado con concesiones, no al campo”, aclaró.

Entre los casos ejemplificados mencionó nuevamente el de la “presa del exgobernador César Duarte”, a la cual aludió como ejemplo de acaparamiento.

8 mil concesiones por regularizar y problemas con los llamados folios 8

El funcionario informó que se detectaron 8 mil concesiones sin vigencia dentro del periodo del 1 de octubre de 2017 al 1 de marzo de 2025, muchas de las cuales están relacionadas con el Programa de Entrega de Agua (PEWA). Conagua mantiene módulos de atención en Chihuahua, Jiménez, Cuauhtémoc, Buenaventura y Janos para facilitar la regularización.

Asimismo, explicó la problemática de los llamados “folios 8”, documentos emitidos en zonas de libre alumbramiento que permitían perforar pozos provisionalmente, pero que no tienen validez jurídica como título de concesión. Estimó que existen alrededor de 10 mil pozos en esta condición en Chihuahua.

Alcántar informó que las oficinas centrales realizan una investigación para identificar títulos de concesión que no están siendo aprovechados. Adelantó que se procederá a la cancelación de concesiones acaparadas, conforme ya lo permite la ley vigente.

Comparó la práctica con “quien ocupa un lugar en la fila para tomar agua, pero no abre la llave”, afectando a otros usuarios. Detalló que la medición del uso del agua se realiza mediante medidores obligatorios y con inspecciones aleatorias.

Señaló que oficinas centrales detectaron al menos 50 mil aprovechamientos irregulares a nivel nacional, sin detallar cuántos corresponden exclusivamente a Chihuahua, pues la información —dijo— está siendo procesada en Ciudad de México.

Informó también que el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) será sustituido por un Registro Nacional Público del Agua, para evitar discrecionalidad. Actualmente, Chihuahua cuenta con alrededor de 30 mil a 33 mil concesiones registradas.

Alcántar explicó que, una vez publicada la reforma y después de los 180 días previstos para la emisión de reglamentos, Conagua podrá aplicar plenamente las nuevas disposiciones y atender los casos rezagados, irregulares y de acaparamiento.