Los Ángeles, Estados Unidos.- Las audiencias de nueva sentencia para Erik y Lyle Menendez avanzarán la próxima semana después de una serie de retrasos en el proceso judicial.Los hermanos fueron condenados en 1996 a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por asesinar a sus padres, José y Kitty Menendez, en su casa de Beverly Hills. Tenían 18 y 21 años al momento de los crímenes.

Durante el juicio original, la defensa argumentó que los hermanos actuaron en defensa propia tras años de abuso sexual por parte de su padre, mientras que la fiscalía sostuvo que lo hicieron motivados por una herencia multimillonaria.

Los abogados defensores finalmente retiraron su moción de eliminar a los fiscales de Los Ángeles del caso, que la audiencia debía discutir, y el juez de la Corte Superior del Condado de Los Ángeles, Michael Jesic, rechazó los argumentos de los fiscales y sus esfuerzos por retirar la petición de nueva sentencia.

En octubre, el entonces fiscal de distrito, George Gascón, abrió la puerta a una posible reducción de sentencia, proponiendo una pena de 50 años con posibilidad de libertad condicional. Su oficina señaló que, con la comprensión moderna del abuso sexual y el trauma, además de la rehabilitación de los hermanos durante sus tres décadas en prisión, el caso se manejaría de manera distinta hoy en día.

Sin embargo, el actual fiscal, Nathan Hochman, adoptó una postura contraria. Se ha opuesto a la nueva sentencia argumentando que los hermanos no han asumido plenamente la responsabilidad de sus actos, ya que no han admitido las mentiras que, según él, dijeron durante sus juicios.

El viernes, Hochman intentó nuevamente que el tribunal retirara la petición de nueva sentencia, argumentando que existía nueva evidencia. Pero el juez Jesic desestimó esa postura: "No veo nada nuevo", declaró. Las audiencias continuarán el 13 y 14 de mayo.

La familia y los abogados de Menendez han criticado enérgicamente la gestión del caso por parte de Hochman. Hochman ha afirmado no haber hecho nada malo y simplemente discrepa con los abogados defensores y sus argumentos sobre por qué los hermanos deberían ser resentenciados.

El abogado principal de los hermanos, Mark Geragos, presentó una petición para que Hochman fuera retirado del caso, pero el viernes retiró su solicitud y dijo que planeaba presentar sus quejas contra Hochman en una fecha futura.

Durante las audiencias del mes pasado, las partes discutieron intensamente si los informes de evaluación de riesgo realizados por la junta estatal de libertad condicional debían ser admisibles. Las audiencias fueron postergadas, y Geragos anunció entonces que pediría la recusación de Hochman.

En una moción presentada el 25 de abril, Geragos alegó que Hochman mostró un sesgo contra los hermanos y maltrató a la familia Menendez, lo que creaba un "riesgo real" de que no recibieran una audiencia justa.

También denunció la degradación que sufrieron Nancy Theberge y Brock Lunsford, los fiscales que originalmente impulsaron la moción de resentencia. Ambos han demandado a Hochman, alegando represalias.

Además, criticó la contratación de Kathleen Cady, quien anteriormente representó a Milton Andersen, el único miembro de la familia que se oponía a la nueva sentencia. Andersen falleció en marzo. Cady ahora dirige la Oficina de Servicios a las Víctimas, la cual, según Geragos, nunca ofreció apoyo a la familia Menendez.

Geragos también sostuvo que Hochman violó la Ley Marsy, la cual garantiza a las víctimas un trato justo y respetuoso en California.

Tamara Goodell, prima de los Menendez, presentó una denuncia ante la Fiscalía de EE.UU., alegando que Hochman usó un tono "hostil, despectivo y condescendiente" que dejó a la familia "angustiada y sintiéndose humillada".

En su defensa, la fiscalía argumentó que no hay evidencia de que la contratación de Cady haya afectado el trato justo hacia los hermanos Menendez y que las reasignaciones internas de personal son prácticas administrativas. También señaló que la Ley Marsy no otorga a las víctimas el derecho de destituir a un fiscal.

Los hermanos siguen a la espera de los resultados completos de la evaluación de riesgo ordenada por el gobernador Gavin Newsom. La audiencia final, programada para el 13 de junio, determinará si se concede o no un indulto.