Cd. de México.- El sector patronal demandó al Congreso corregir la retroactividad en la reforma de Ley de Amparo, porque de lo contrario, México enviará una señal negativa a inversionistas nacionales y extranjeros.
"De aprobarse esta reforma sin correcciones de fondo, México enviaría una señal negativa a inversionistas nacionales y extranjeros. La confianza en las instituciones y la certidumbre legal son condiciones indispensables para atraer capital, generar empleo y mantener la estabilidad económica", manifestó en un comunicado la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Añadió que un debilitamiento del marco jurídico mandaría un mensaje de desconfianza internacional que podría complicar las negociaciones y revisiones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), afectando la posición de México frente a sus principales socios comerciales.
"Desde Confederación Patronal de la República Mexicana demandamos respetuosamente a las y los Diputados Federales revisar con responsabilidad la reforma a la Ley de Amparo aprobada en el Senado, pues su contenido representa un grave retroceso en materia de justicia constitucional y vulnera la defensa de los derechos de los ciudadanos y de las empresas en México", señaló Coparmex.
Añadió que el amparo es un instrumento que ha protegido la libertad, la propiedad y la seguridad jurídica de millones de personas, siendo un pilar esencial del Estado de Derecho y una garantía para la vida democrática y económica de la nación.
Consideró que modificarlo sin un análisis técnico, incluyente y responsable, pone en riesgo su eficacia como herramienta de equilibrio entre la autoridad y la sociedad.
"Reconocemos que la reforma contempla sanciones para las autoridades que incumplan sentencias y la incorporación de elementos de colectividad en el interés legítimo. Sin embargo, los riesgos persisten, ya que la suspensión del acto reclamado continúa siendo rígida", subrayó.
Agregó que en materia fiscal y de bloqueo de cuentas bancarias, se limita este mecanismo de salvaguarda, afectando la operación de miles de empresas. Además, los créditos fiscales firmes y prescritos serán prácticamente imposibles de impugnar.
"Nos inquieta especialmente la incorporación de un artículo transitorio que permite la aplicación retroactiva de la reforma, afectando juicios que se encuentran en trámite. Este cambio vulnera la certeza jurídica y rompe con principios constitucionales básicos, entre ellos el artículo 14 constitucional", argumentó la Confederación.
