Al entrar en vigor el pasado 17 de junio la Ley Silla, las empresas tienen hasta el 14 de diciembre para evitar sanciones y proveer asientos con respaldo a empleados que laboran de pie por varias horas, informó Enrique Zertuche, director del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
El funcionario federal recordó que la reforma que obliga a empleadores a proveer asientos o sillas con respaldo a trabajadores, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 19 de diciembre de 2024 y tras 180 días entró en vigor el decreto el pasado martes, que da un plazo 180 días más a los empleadores para implementar los cambios necesarios en los lugares de trabajo.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno federal, agregó, tiene un mes para realizar las normas de operación de la Ley Silla.
Con la Ley Silla, explicó, los patrones deben proporcionar asientos o sillas con respaldo a trabajadores, sobre todo en los sectores de servicios y comercio, para la ejecución de sus funciones o para el descanso periódico durante la jornada laboral.
“El patrón está obligado a proporcionar sillas a los trabajadores para hacer su labor sentado; si el trabajo no lo permite, debe brindar periodos para sentarse”, dijo.
En el caso de descansos periódicos, los asientos o sillas con respaldo deberán estar ubicados en áreas específicas que para tal efecto se designen en las mismas instalaciones del lugar de trabajo. La misma disposición se observará en los establecimientos industriales cuando lo permita la naturaleza del trabajo.
Apuntó Enrique Zertuche que esta ley toca temas de salud, pues se ha comprobado que la mayoría de las personas que laboran más de 8 horas de pie, presentan problemas de tendones, musculares, de espalda y várices, entre otros.
“Con la llamada Ley Silla lo que se busca es disminuir estos problemas de salud e incluso ausentismo, incapacidades médicas, renuncias y mejorar el ambiente laboral”, dijo.
Las sanciones por incumplir con la Ley Silla pueden ir desde los 28 mil pesos 285 pesos hasta los 282 mil 850 pesos, lo que dependerá de la gravedad del caso.
