El Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Universidad Autónoma de Chihuahua (STSUACH) atraviesa una de las crisis institucionales, morales y financieras más agudas desde su fundación, incluso por encima de aquellos episodios convulsos, como cuando Carmelita encabezó la toma de la Rectoría en los noventas, en un prolongado conflicto laboral que paralizó las actividades universitarias.

El escenario actual resulta cualitativamente más grave, porque el sindicato hoy se encuentra profundamente fracturado como consecuencia directa de la estela de corrupción, quebranto patrimonial y oportunismo dejado por sus últimas dirigencias.

La ruina financiera del gremio no se gestó en un vacío, es resultado de una secuencia de decisiones de manejo opaco tomadas por Ricardo Moncayo, quien abrió el boquete financiero inicial, para que el sucesor, Salvador Salgado, en lugar de sanear las finanzas pretendiera capitalizar la emergencia en detrimento directo de la base trabajadora.

El boquete es mayúsculo, porque afectó sustantivamente al fideicomiso que completa el salario de cientos de pensionados y jubilados, y es antesala de lo que le espera a la base trabajadora en activo, en medio de embargos de cuentas por el fraude cometido con el terreno de Altozano.

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Entre 2019 y 2022, bajo la secretaría general de Ricardo Moncayo, el sindicato impulsó el megaproyecto habitacional "Valle del Horeb", estimado en 360 millones de pesos y proyectado en un terreno de siete hectáreas contiguo a la exclusiva -y con alta plusvalía- zona de Altozano y la Presa El Rejón.

Lejos de apegarse a los cauces estatutarios, la cúpula sindical dispuso de los recursos del fondo de ahorro de los trabajadores sin contar con la autorización de la Asamblea General ni con el consentimiento de la base agremiada.

Hubo afectación directa ya que los trabajadores administrativos vieron mermados sus ahorros anuales entre 600 y 800 pesos por persona, pero eso no fue lo más grave, sino que paralelamente, la dirigencia vendió 27 lotes de terreno a particulares que confiaron su patrimonio en la transacción, a pesar de que los predios carecían de fraccionamiento, permisos de urbanización o regularización legal.

Las auditorías internas y los peritajes contables posteriores revelaron un déficit no justificado por un monto de 16 millones y algo más, caracterizado por ausencia de comprobantes fiscales, pólizas de respaldo o sustento documental básico.

El descontento provocado llevó a Salvador Salgado al frente del STSUACH, que el 11 de julio de 2023, presentó una querella penal ante la Fiscalía General del Estado, que dio pie al expediente 19-015331/23 y a la Causa Penal 431/2025, por administración fraudulenta en contra de Moncayo, quien fue expulsado definitivamente del sindicato.

Este año, en marzo, la jueza de control Berta Palmira González González dictó auto de no vinculación a proceso en favor Moncayo, pero en una nueva resolución, el magistrado Gerardo Javier Acosta Barrera, de la Cuarta Sala Penal del TSJ, revocó la resolución y ordenó la vinculación del exlider por el delito de administración fraudulenta.

No obstante, la estrategia de remediación planteada por Salgado García derivó en un nuevo abuso y opacidad. En lugar de reestructurar integralmente el patrimonio, la dirigencia buscó malbaratar las siete hectáreas del terreno en Altozano.

Bajo un esquema de venta propuesto a inicios de 2025, de un valor comercial estimado en 60 millones de pesos, el sindicato únicamente recuperaría 14 millones de pesos, previendo el pago de tres millones en comisiones de venta, tres millones y medio por concepto de avalúos y un millón de pesos para honorarios jurídicos. Auténtico robo en despoblado.

El 25 de febrero de 2025, la Asamblea General rechazó el polémico convenio, pero como consecuencia los defraudados por la compra de los lotes inexistentes ejecutaron demandas civiles y penales; dos meses después llegó el primer embargo judicial por 802 mil pesos afectando de manera simultánea la cuenta corriente, la cuenta de resistencia y la cuenta de proveedores del sindicato, congelando la liquidez operativa sindical, con amenaza de nuevos mandamientos judiciales por montos superiores.

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En septiembre de 2025, en un ambiente cruzado por acusaciones de censura y bloqueos a planillas opositoras, María Concepción "Conchita" o “Konchis” Rodríguez Zendejas asumió la Secretaría General del STSUACH encabezando la Planilla Amarilla para el periodo 2025-2028.

En lugar de concentrar sus esfuerzos en la recomposición interna y la reparación del quebranto patrimonial, la representación sindical intentó trasladar la presión financiera a la administración central de la UACH, con amago de emplazamiento a huelga y una marcha con cierre de vialidades que colapsó la ciudad y culminó con acuerdo de acudir a la Secretaría de Educación Pública con un estudio actuarial para justificar necesidad de apoyos federales.

No tardó mucho en llegar la respuesta, porque el mismo 21 de septiembre, la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural (DGESUI) de la SEP cerró de forma tajante la puerta a cualquier apoyo adicional al STSUACH y a la UACH.

Bateó la federación con la mano en la cintura la petición de recursos adicionales, 300 nuevas plazas, aumentos pre-jubilatorios, y cualquier intromisión en la Universidad. Quedaron el sindicato y la UACH, donde mismo.

Hay un agravante más. En el ejercicio fiscal 2026, el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobó un incremento nominal de solo el 1.8% para las universidades públicas estatales, que al contrastarse con la inflación estimada (3.5%) y el deflactor del PIB (4.8%), representa una disminución real del 2.1% en los fondos de operación.

La UACH, cuyo presupuesto superior a los dos mil 150 millones de pesos depende en un 54% de origen federal y 46% estatal, opera sin margen para absorber gastos no presupuestados, a pesar de que en lo particular tiene un incremento mayor que el promedio nacional (6.7%), pero apenas está por encima de la inflación. No hay margen de maniobra aún con el aumento al impuesto universitario propuesto para el año que entra.

Aún en esas condiciones, la universidad sacó de la bolsa más de un millón de pesos para rescatar en algo el fideicomiso para personal pensionado y jubilado, que durante meses dejó de recibir la compensación adicional derivada de este mecanismo, creado gracias a las presiones de Carmelita González, hace más de 30 años.

Para buscar solución estructural, la Universidad financió con más de dos millones de pesos un estudio actuarial que determinó la urgente necesidad de incrementar la cuota de aportación contributiva de los trabajadores del 6.75% al 9.75% de su sueldo tabular para dar viabilidad al fondo a largo plazo.

La medida fue rechazada por impopular, sin reflexionar el STSUACH que el SPAUACH, el sindicato de los maestros, ya hizo modificaciones con aumento de cuotas e incluso edad de jubilación, desde hace años.

La realidad muestra que el Sindicato de Trabajadores al Servicio de la UACH, está atrapado en una severa crisis originada por la corrupción de sus dirigencias, el manejo irresponsable de los fondos de ahorro, las fallidas aventuras inmobiliarias que desembocaron en embargos judiciales y la inviabilidad histórica de un fideicomiso descuidado -más un terreno con venta leonina autorizada, que beneficiará solo a unos cuantos-.

Ante la imposibilidad de sostener su operatividad interna, la dirigencia sindical ha pretendido trasladar la factura de su debacle a la Universidad Autónoma de Chihuahua, en lugar de sanear sus arcas y responder por el boquete de 16.6 millones de pesos que hoy mantiene a su exlíder al borde del juzgado penal, hay insistencia en una dinámica de confrontación -en plena época electoral- que busca arrastrar a la máxima casa de estudios a su propia bancarrota.