Ayer, durante la Mañanera presidencial, la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, informó que durante los primeros dos años del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum su dependencia contribuyó a generar ahorros y evitar sobrecostos por 83,800 millones de pesos. Falta conocer cómo se obtuvo y qué parte corresponde a dinero recuperado, gasto no realizado o sobrecostos evitados.
Buenrostro explicó que 29,000 millones corresponden a ahorros en compras públicas y negociaciones con proveedores; 42,200 millones, a sobrecostos evitados en contratos y obras; 7,800 millones, a reorganización administrativa y 4,800 millones, a multas, penalizaciones y devolución de pagos en exceso. Los primeros tres rubros representan 94% del total y son principalmente recursos que no tuvieron que gastarse.
Ahorrar en una compra, evitar un sobrecosto, imponer una multa y recuperar dinero son cosas distintas. Para entender los 29,000 millones en compras se necesita conocer qué se compró, el precio de referencia y el final. En los 42,200 millones hay que saber qué contratos y obras, qué pretendía cobrarse y cómo se determinó que era excesivo.
También deben explicarse los otros 12,600 millones. De los 7,800 millones por reorganización administrativa hay que saber qué plazas, estructuras y gastos fueron eliminados y durante qué periodo se calculó el ahorro. De los 4,800 millones por multas, penalizaciones y devolución de pagos en exceso debe precisarse qué corresponde a cada concepto, qué multas fueron cobradas y cuánto regresó a la Tesorería.
Buenrostro informó además sobre sanciones administrativas, denuncias ante la Fiscalía General de la República y personas vinculadas a proceso. Una denuncia o vinculación a proceso no significa que alguien sea culpable.
La secretaria destacó que México ocupa el quinto lugar entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con mayor confianza en el gobierno. La encuesta publicada en junio registra 53% en México, contra 40% en promedio en la organización. En México representa a adultos urbanos y se hizo mediante entrevistas presenciales.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno debe difundir un informe completo sobre los 83,800 millones. Debe identificar dependencias, contratos, obras y proveedores; montos originales y finales; cómo calculó los ahorros y sobrecostos; las multas y penalizaciones cobradas, y el dinero recuperado.
No se trata de cuestionar la cifra, sino de saber qué representa. ¿Cuánto se ahorró al comprar mejor? ¿Cuánto corresponde a sobrecostos no pagados? ¿Cuánto se ahorró mediante la reorganización administrativa? ¿Cuánto regresó a la Tesorería?
El informe debe permitir comparar esos resultados con años anteriores. Sin esa referencia no puede saberse si los 83,800 millones representan una mejora respecto de lo que antes se ahorraba, evitaba pagar o recuperaba, ni qué parte del resultado obedece a nuevas medidas de control ya.
Son 83,800 millones de pesos y una cifra de esa magnitud requiere información detallada. Un informe permitiría a la opinión pública conocer cómo se integró, cómo se calculó y sus resultados. Documentarlos permitirá entender la dimensión de lo informado por Buenrostro.
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