Dos menciones en el informe de Sheinbaum

Bonilla con funcionarios del Consulado

El nuevo narcolaboratorio desmantelado en Chihuahua por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, descubierto por su área de Despliegue Policial, vuelve a mostrar la evolución del estado en materia de drogas.

De un territorio de tránsito para el narcotráfico hace unas décadas, Chihuahua ha pasado a uno de producción y consumo de drogas sintéticas, de las “favoritas” en la batalla de Estados Unidos contra el crimen.

El nuevo indicio apareció ayer en las cercanías de Las Lajas, a solo 30 kilómetros de Hidalgo del Parral, donde un operativo encabezado por dicha institución localizó un inmueble con características de laboratorio clandestino. Es una zona controlada por el Cártel de Sinaloa, de su facción Gente Nueva.

La intervención, en la que participaron también el Ejército, Guardia Nacional, Agencia Estatal de Investigación y la Fiscalía General de la República, comenzó con la detección mediante una aeronave de la Policía Estatal, tras la cual vino la intervención en tierra.

Cero detenidos, para variar, pero el aseguramiento fue de una infraestructura para generar entre 60 y 90 millones de pesos al mes, por la producción de unas dos toneladas semanales, bajita la mano, de cristal.

La FGR quedó a cargo de los materiales y las instalaciones; será dicha instancia la encargada de continuar las investigaciones, pero las estimaciones preliminares llevan a calcular un impacto millonario de dosis que dejarían de llegar a las calles.

Es una cifra enorme, como relevante es el contexto. En abril pasado, autoridades estatales y militares localizaron dos presuntos laboratorios para la producción de drogas sintéticas en una zona serrana ubicada entre Morelos y Guachochi. De ahí vino el escándalo político nacional que ya conocemos.

Antes había sido el lejano municipio de Moris y después fue la capital del estado con otro narcolaboratorio de grandes dimensiones, en una secuencia difícil de ignorar ahora que el nuevo hallazgo se registra cerca de un centro urbano grande, como Parral.

No se trata, pues, de un descubrimiento aislado, sino de una cadena de sucesos que ahora podría calentar la plaza del sur del estado, así como ha pasado en las ocasiones anteriores.

Esos laboratorios no aparecen de la nada ni de forma espontánea; requieren logística, sustancias, transporte de equipos, agua y combustibles, además de mecanismos de vigilancia para, como es el caso, dejar todo tirado cuando alguna autoridad se acerca.

Así con esa complejidad de operación, deberán ser las investigaciones. El trabajo no acaba en el desmantelamiento y la toma de imágenes para el boletín oficial, sino que debe continuar con investigaciones financiera y criminal, de las que hasta la fecha no hemos conocido resultados.

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Dos veces apareció Chihuahua en el segundo informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ayer congregó a casi toda la clase política del país en Palacio Nacional, pero sin la presencia de la gobernadora, Maru Campos, formalmente distanciada del régimen de la 4T.

Aunque a primera vista pudiera parecer una presencia menor dentro de un informe nacional que abarca prácticamente todos los frentes de la administración pública, conviene detenerse un poco en el contenido de esas menciones.

Porque la presidenta no habló del estado para referirse a una estadística cualquiera, ni para hacer un reconocimiento político, claro que no, y tampoco ni para colocar al estado en el escaparate de los programas sociales. Lo hizo para hablar de carreteras.

La primera referencia fue para la carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes, en Sonora y Chihuahua, inaugurada en febrero pasado, con 134 kilómetros de construcción y rehabilitación, de los cuales 116 corresponden al territorio chihuahuense.

La segunda fue para el proyecto carretero Guaymas-Chihuahua, una conexión que pretende enlazar el puerto sonorense con la frontera estadounidense atravesando territorio chihuahuense por La Junta y Cuauhtémoc, con una conclusión prevista para 2029.

Visto desde Chihuahua, el dato puede parecer simplemente una relación de obras federales, pero desde Palacio Nacional más bien parecía querer proyectarse otra cosa.

Las dos obras tienen un elemento común: conectar el Pacífico con Chihuahua y, desde Chihuahua, con Estados Unidos. Ahí está probablemente la verdadera lectura de las dos menciones.

Así, la entidad no apareció en el informe como una entidad periférica, sino como una pieza relevante para la infraestructura dedicada al movimiento de mercancías, personas y, eventualmente, inversiones entre el noroeste del país y la frontera.

Bien por eso, pero siguen sin atenderse reclamos y rezagos dolorosos para el estado, como la salud, sin un nuevo hospital aprobado para la capital; y precisamente la falta de inversión en el mantenimiento carretero, pese a que tramos vitales económica y socialmente parecen haber sido bombardeados debido a la desatención acumulada por años.

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Mientras algunos opositores al PAN parecen empeñados en demostrar desde sus redes sociales que todavía pueden cruzar a Estados Unidos con visa en mano —ya sea con una visita al zoológico, un evento o cualquier fotografía del otro lado de la frontera—, hay quienes prefieren que la relación con el vecino país se mida por algo bastante menos fotogénico: los resultados.

El contraste se hizo evidente este martes en Chihuahua con el alcalde Marco Bonilla, quien sostuvo una reunión con autoridades del Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez que, como dato nada menor, vinieron hasta la ciudad para encontrarse con él.

Una cosa es cruzar la frontera y tomarse una fotografía; otra muy distinta es construir una relación institucional que permita que las autoridades del país vecino se sienten a la mesa en Chihuahua para hablar de cooperación, seguridad, economía, educación y de los temas que impactan directamente a la ciudad y a la región.

Bonilla ha buscado colocar a Chihuahua como un actor con presencia propia en la relación con Estados Unidos, y el hecho de que representantes consulares se trasladen desde Ciudad Juárez para reunirse con el alcalde es, por sí mismo, una señal política que vale la pena observar.

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Llamó la atención un posicionamiento público de la Concanaco Servytur Chihuahua firmado por Alejandro Lazzarotto, el Consejo Nacional de Concanaco Servytur México y las Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo del país, enfocado en acelerar la simplificación administrativa a nivel municipal.

Cada trámite innecesario cuesta tiempo. Cada requisito duplicado cuesta dinero. Cada proceso discrecional abre una puerta a la corrupción. La burocracia no puede seguir afectando a los negocios familiares, reza textual la comunicación.

El desconcierto es porque precisamente Lazzarotto acaba de firmar un convenio con el municipio para establecer una mesa de trabajo conjunta para dar seguimiento a la simplificación administrativa, reducir tiempos en la apertura de empresas, impulsar la formalización de negocios y coordinar operativos de seguridad y prevención contra la extorsión comercial.

La firma del convenio ocurrió el 25 de agosto y el comunicado fue difundido dos días después.

En el convenio -foto en edición digital- aparece Octavio de la Torre, presidente de la Concanaco firmando, a un lado de la firma de Lazzarotto.

Es cierto que el comunicado es nacional, pero hay sentimiento en el sentido de que debió reconocerse la disposición de Chihuahua por avanzar con acciones concretas -sistema de apertura rápida de empresas, ventanilla virtual y digitalización, incentivos fiscales-, y desde hace dos administraciones, no solo la actual que encabeza Marco Bonilla.