Asumir el cargo de fiscal si, como debe suponerse, tenía aspiraciones político-electorales, fue quizá uno de los mayores errores de César Jáuregui Moreno, hoy exhibido como trofeo de la 4T en su siempre distractora batalla por la soberanía nacional y expuesto a los carroñeros hasta del mismo PAN.
Confiar el aparato persecutor del estado a los mandos policiacos, algunos aliados a los grupos que desde las sombras controlan el crimen, puede haber sido un pecado peor, a juzgar por lo que ocurrió con su exdirector de la Agencia Estatal de Investigación y exfiscal de Operaciones Estratégicas, Arturo Zuany, hoy prófugo.
El fenómeno es inevitable observarlo en general porque, como sucede también en la Secretaría de Seguridad Pública, la entidad fue concesionada a equilibrios no del todo legítimos que han cobrado sangrientas facturas.
Haber confundido su peso dentro del PAN con la capacidad para desafiar a su jefa, Maru Campos, a la peligrosa fiscalía que encabezó y al poder federal siempre deseoso de más control político y dominio, fueron, tal vez, las siguientes malas decisiones que se sumaron a la cadena.
Porque independientemente de los procesos jurídicos -esos no alcanzan a explicar la realidad-, la caída de Jáuregui debe también analizarse por lo que representa para el PAN, para la administración estatal y para una dinámica política tóxica entre Estado y Federación que ha marcado a Chihuahua por años.
En la trayectoria de Jáuregui podemos encontrar su peso en Acción Nacional. No es solamente el exfiscal caído en una trama de narco, intervención extranjera y ahora supuestos indicios de corrupción; fue del cuadro dirigente, coordinador parlamentario dos veces, secretario municipal de Juárez, Chihuahua y Delicias y secretario general de Gobierno, entre otras cosas.
El exfiscal conoce al albiazul desde sus estructuras de base, desde esos incipientes movimientos azules en la Universidad Autónoma de Chihuahua, hasta las mesas donde se toman las decisiones del poder al más alto nivel.
Incluso, si retrocedemos un poco más en su historia encontramos a un Jáuregui que, como estudiante de derecho en la UACH, fue parte del movimiento estudiantil de 1987; fue de los agitadores que apoyaron la asunción de Rodolfo Torres Medina como rector (y posiblemente, según los que creen en el karma, también de los agitadores que luego promovieron el paso a prisión del mismo Torres Medina, allá por 1993 y 1994).
Así que su detención va más allá de un frente judicial. Ni modo que sean puras casualidades, que no existen en la política, y un estricto apego a la ley lo que tiene a Jáuregui Moreno preso en una prisión federal, la de Almoloya, que muestra el lado más crudo del poder.
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No hay panista en Chihuahua que no conozca a César Jáuregui tras más de 43 años de militancia, en los cuales nomás una vez fue candidato por Juárez y terminó barrido por Héctor “Teto” Murguía (QEPD); y qué no conocerá él de los panistas, los de a pie y los más encumbrados, con los que lidió, peleó, concilió y negoció, como lo hizo al menos 15 años del lado de Maru Campos.
Quien ha transitado así en la actividad pública debe conocer las reglas no escritas, los procedimientos, la integración de estructuras territoriales y las relaciones entre los dirigentes y los militantes.
No significa que controle esas estructuras ni que conserve su influencia, pero sí que su conocimiento tiene una profundidad que no puede medirse solamente por los pocos votos que haya obtenido en las urnas o por el descalabro que acabó por revelar una pequeña parte del poder extraterritorial y expansionista de Estados Unidos, así como la enorme simulación política mexicana.
Por eso la dimensión del caso no puede agotarse en las acusaciones formuladas por las fiscalías, de sobra conocidas. Tampoco puede entenderse únicamente como una traición el desenlace de una relación política deteriorada entre dos personajes que compartieron responsabilidades públicas durante más de una década.
En Acción Nacional hay quienes interpretan el caso como una consecuencia del operativo de El Pinal y sus yerros; otros pueden verlo a través de la ruptura entre Jáuregui y Maru; y algunos más, sin siquiera preocuparse en analizar, pueden encontrar en su detención una oportunidad para disputar espacios. Esos son los carroñeros.
Pero no debe perderse de vista el último tramo de su historia política hasta hoy. Desde 2023 quedó al frente de la política criminal estatal, de los policías ministeriales y buena parte de la estrategia contra la delincuencia.
Desde ese cargo, contra la lógica porque los resultados en la materia nunca han sido buenos en Chihuahua, construyó su aspiración de ser candidato a presidente municipal, igual como lo trató de hacer para la gubernatura, también contra la lógica, Gilberto Loya desde la SSPE, hasta caer como encargado de despacho de la FGE.
Como fiscal nadie le hizo sombra, a pesar de que estaban apuntados el secretario de Gobierno, Santiago de la Peña; el jefe de los diputados, Alfredo Chávez; el ahora exsecretario de Desarrollo Humano, Rafael Loera; el director de la Junta de Agua, Alán “El Cabrito” Falomir y la diputada federal María Angélica Granados.
Como exfiscal, los equilibrios cambiaron y empezaron a hacerle frente, en particular con el argumento de que lo ocurrido en abril, lo que motivó su renuncia, lo volvía inelegible de facto.
Desoyó Jáuregui amenazas directas y veladas; lineazos oficiales claramente dirigidos desde Palacio; consejos de amigos y hasta invitaciones a desistir con garantías de fuero en 2027, pero jamás escuchó. En su profunda visión política, era ahora o nunca.
“No pasa nada”, decía en corto; “no me van a doblar” y “voy a seguir hasta donde tope”, decía en público. Y sí pasó y ya topó, en la FGE que procedió primero por acusaciones más simples y después en la FGR, con un aparentemente desproporcionado castigo por el delito de traición a la patria que, si fuera morenista, seguramente no pasaría de un jaloncillo de orejas acusado de alguna infracción administrativa.
Porque todo mundo sabe, o al menos lo intuye, que la intervención norteamericana en México, más de una agencia de inteligencia, no es fenómeno exclusivo de ahora ni de Chihuahua; todo mundo sabe que el interés estadounidense iría más allá de un narcolaboratorio y, también, que la 4T gobierna con distractores comunes para exhibir y maximizar la podredumbre prianista, mientras minimiza o esconde la propia.
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La relación de Jáuregui con Maru no era, pues, una alianza circunstancial. Esa cercanía hace más significativo el rompimiento: pasó de un último “te quiero, gordo”, que ella le dijo en una videollamada frente a panistas, a un “¡no puede ser que César no entienda!”, expresión atribuida a la mandataria en una de varias veces que le mandó personeros con mensajes para mantenerse unidos y aceptara alternativas a la candidatura que pretendía.
“Platiqué más de ocho veces, en diferentes lugares y con testigos, y le decía: César, con esta perversión del gobierno de la muerte eres muy vulnerable (...) No queremos que llegue marzo o abril y estés en campaña y te detengan”, reveló la propia Maru en sus últimas entrevistas en LatinUS, TV Azteca, Radio Fórmula y otros medios de la ciudad de México, a los que salió a tratar de hacer control de daños esta semana.
Entre el cúmulo de especulaciones sobre la traición y otras vilezas de la política, lo único que puede establecerse sin lugar a dudas es que la salida de Jáuregui agudizó un momento delicado para la sucesión: el comienzo de las definiciones de 2027, proceso en el que la capital representa la mayor bolsa de votos para el proyecto estatal de Marco Bonilla.
El problema para Jáuregui era que su salida de la Fiscalía se produjo bajo el peso de una investigación que involucraba a personal estadounidense, cuatro fallecimientos y versiones contradictorias sobre la operación. Todo un escándalo internacional que lo inhabilitaba para ser aspirante, más allá de lo que digan las leyes y los procesos jurídicos que hoy lo tienen amarrado en las peores condiciones y con la amenaza de más acusaciones, según lo deslizó en la semana la presidenta Claudia Sheinbaum. Falta ver qué más cadáveres le sacan del clóset.
Por todo esto, es la dimensión política -no la jurídica, porque no hay a quién creerle plenamente- la más importante del caso Jáuregui. Su caída no sólo pone a prueba a un político que llegó a la primera línea del poder, sino también a un partido que tendrá que demostrar si sus decisiones dependen de reglas e instituciones o de la capacidad de cada grupo para imponer sus intereses en medio de una crisis.
Hoy Maru conserva la posición institucional de gobernadora y un peso considerable dentro del partido, a nivel local y nacional, mientras Jáuregui, desechado en ese despiadado pragmatismo de la actividad política, enfrenta el peor reto de su vida, producto de la conjunción de sucesos, decisiones y acciones propias y de otros.
Así, el tiempo, la justicia, el poder, las relaciones y la política, jamás investida de buenas intenciones, han acomodado esas piezas que son los actores de la vida pública, para ser enjuiciados más allá de los tribunales.