En México persiste una tendencia a prohibir tecnologías cuya eficacia está probada, mientras el Estado es incapaz de promover y desarrollar alternativas viables. El caso de los herbicidas es un ejemplo claro de cómo la ideología puede sustituir a la evidencia científica y, en el proceso, minar la soberanía tecnológica y la competitividad agrícola del país. Algo similar ocurre con proyectos industriales que pretenden “emanciparse” de plataformas tecnológicas avanzadas: se proclama independencia, pero se depende de tecnologías que no se poseen y que no se pueden sustituir en un plazo previsible.
Durante décadas, México ha mantenido restricciones severas sobre herbicidas de alta eficacia, bajo argumentos ambientales que rara vez resisten un análisis científico riguroso. Mientras tanto, el propio gobierno ha debido autorizar la importación de compuestos que no puede producir, porque la industria química nacional carece de investigación, financiamiento y desarrollo tecnológico para generar sustitutos funcionales. La contradicción es evidente: se prohíbe lo que no se puede reemplazar y se importa lo que se prohíbe fabricar.
La evidencia internacional ofrece un contraste que debería ser central en la discusión. En la Unión Europea y en Estados Unidos, la regulación de herbicidas se sostiene en evaluaciones sistemáticas de eficacia agronómica, toxicología humana y ecotoxicidad, realizadas por agencias con capacidad científica real. La autorización o restricción de moléculas no depende de consignas, sino de protocolos de investigación reproducibles, estudios de campo multianuales y análisis de riesgo-beneficio que consideran productividad, seguridad y efectos residuales. Estos sistemas regulatorios no son perfectos, pero sí establecen un principio básico: si se exige la sustitución de un herbicida eficaz, el sustituto debe demostrar eficacia equivalente y menor riesgo, no solo cumplir con expectativas ideológicas.
Ese principio es crucial para México. La transición hacia herbicidas de nueva generación —moléculas de baja persistencia, formulaciones encapsuladas, sistemas de aplicación de precisión— requiere capacidad científica, infraestructura de pruebas, laboratorios toxicológicos y financiamiento sostenido. Sin estos elementos, la prohibición absoluta se convierte en un obstáculo para la innovación: se exige un sustituto que el país no puede producir y cuya investigación tampoco puede financiar. La regulación debería ser condicional: permitir el uso de herbicidas eficaces mientras se desarrollan alternativas equivalentes, y no al revés.
El problema no es el compuesto en sí, sino la falta de capacitación, la ausencia de protocolos y la irresponsabilidad en la aplicación. Confundir riesgo con prohibición es una forma de renunciar a la posibilidad de construir capacidades propias. La regulación debería enfocarse en el uso seguro, no en la eliminación de herramientas que la agricultura moderna necesita.
La agricultura comercial también paga el costo de estas decisiones. La prohibición de herbicidas eficaces incrementa los costos de producción, reduce la competitividad internacional y obliga a los productores a usar insumos menos eficientes y más caros. En un país donde los márgenes agrícolas son estrechos y la presión climática aumenta, renunciar a herramientas probadas es una forma de debilitar la seguridad alimentaria. La industria química mexicana, por su parte, queda atrapada en un círculo vicioso: no puede innovar porque no puede producir; no puede producir porque la regulación lo impide; y la regulación se sostiene en argumentos que no se actualizan con la ciencia disponible.
El debate sobre herbicidas exige un enfoque integral. No se trata de ignorar los obvios riesgos ambientales ni de regresar a políticas del pasado. Se trata de reconocer que la prohibición absoluta es una postura ideológica que no resuelve problemas reales. México necesita un marco regulatorio basado en evidencia, que permita desarrollar compuestos seguros, establecer protocolos estrictos y construir capacidades tecnológicas propias. La soberanía no se proclama: se construye con ciencia, industria y regulación inteligente.
Mientras el país siga prohibiendo lo que no puede sustituir, dependerá de tecnologías ajenas y renunciará a su propio desarrollo. El debate sobre los herbicidas es una oportunidad para corregir ese rumbo y para reconocer que la protección ambiental no se logra con consignas, sino con conocimiento y responsabilidad.